L D (EFE) La Sala Especial del Tribunal Supremo que ordenó la ilegalización de Batasuna y la disolución de sus grupos parlamentarios en todas las instituciones vascas, incluso en el Parlamento vasco, ha acordado requerir al presidente de la Cámara de Vitoria, Juan María Atutxa, y al resto de la Mesa, para que en un plazo máximo de cinco días haga efectiva la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak, el nombre tras el que se camufló Batasuna cuando se abrió el proceso que concluyó con su ilegalización.
Si Atutxa y la Mesa no cumplen la sentencia, el Supremo le advierte de que se procederá judicialmente en su contra por desobediencia. Según fuentes del alto tribunal, la Sala Especial adoptó esta decisión al no haber recibido, después de quince días, ninguna comunicación del Parlamento vasco sobre la disolución del grupo, acordada por el Supremo el pasado 21 de mayo. Correspondería al fiscal iniciar el procedimiento judicial contra Atutxa y los miembros de la Mesa por un delito de desobediencia, en el caso de que no se cumpla la disolución en cinco días.
Esta nueva decisión del Supremo se produce el mismo día en que se han conocido algunos detalles del informe elaborado por los servicios jurídicos del Parlamento vasco, a petición de los grupos del PNV y Eusko Alkartasuna para que los abogados de la Cámara explicaran a la Mesa lo que había que hacer ante la resolución del Supremo. El informe, que no ahorra críticas contra el Supremo al decir que ha “invadido” las competencias del Parlamento vasco, parece ser que abriría una puerta a la disolución, al proponer a la Mesa que promueva la reforma del reglamento parlamentario, en el que no se contempla la disolución de grupos parlamentarios.
Si Atutxa y la Mesa no cumplen la sentencia, el Supremo le advierte de que se procederá judicialmente en su contra por desobediencia. Según fuentes del alto tribunal, la Sala Especial adoptó esta decisión al no haber recibido, después de quince días, ninguna comunicación del Parlamento vasco sobre la disolución del grupo, acordada por el Supremo el pasado 21 de mayo. Correspondería al fiscal iniciar el procedimiento judicial contra Atutxa y los miembros de la Mesa por un delito de desobediencia, en el caso de que no se cumpla la disolución en cinco días.
Esta nueva decisión del Supremo se produce el mismo día en que se han conocido algunos detalles del informe elaborado por los servicios jurídicos del Parlamento vasco, a petición de los grupos del PNV y Eusko Alkartasuna para que los abogados de la Cámara explicaran a la Mesa lo que había que hacer ante la resolución del Supremo. El informe, que no ahorra críticas contra el Supremo al decir que ha “invadido” las competencias del Parlamento vasco, parece ser que abriría una puerta a la disolución, al proponer a la Mesa que promueva la reforma del reglamento parlamentario, en el que no se contempla la disolución de grupos parlamentarios.