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El PSOE quiere que sea el Gobierno de Aznar de 1998 el que pague los 26 millones a Polanco

Aún no se comprende cómo calculó el Supremo la indemnización que los españoles deben pagar a Sogecable por la ley de decodificadores. El PSOE ya ha pedido que sean los miembros del Gobierno que tomaron aquella decisión los que paguen a Polanco. El Ejecutivo guarda silencio, pero desde el PP se acusa al PSOE de estar "subordinado" a Prisa.

(Libertad Digital) El PSOE ha presentado en el Congreso una iniciativa en la que se pide que la sanción económica fijada en la sentencia que obliga al Estado a pagar a Sogecable 26,4 millones de euros sea asumida por los miembros del Gobierno responsables de las decisiones tomadas en su día respecto a este caso (Aznar, Cascos, Arias Salgado, ... y se supone que también los ministros presentes en el Consejo de Ministros en cuestión). La proposición no de ley del PSOE, presentada en conferencia de prensa por el portavoz del grupo, Jesús Caldera , reclama que "una vez declarada la responsabilidad e indemnizados los perjudicados", se estudie la posibilidad de hacer recaer el coste de la sanción sobre "las autoridades cuya actuación han provocado la lesión". Según el PSOE, las decisiones del Gobierno se adoptaron "en función de intereses exclusivamente particulares y en beneficio de determinadas empresas".

Una vez más, los socialistas apuntan al actual ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos , como el máximo responsable de la actuación del Ejecutivo, que se remonta a 1997 por lo que solicita su reprobación por parte del Congreso. En una polémica sentencia, el Tribunal Supremo considera que se adoptaron normas que perjudicaron la actividad comercial de Canal Satélite Digital, emisora de televisión de pago vía satélite. El TS –que ha llegado al cálculo para compensar a Sogecable en base a los razonamientos expuestos por representantes de grandes superficies como El Corte Inglés, Alcampo, Pryca o Continente, cuando la gran parte de los mismos afirma que la falta de acuerdo con CSD se debió a razones comerciales y no administrativas – dice que los cambios en la norma de los decodificadores hicieron que Canal Satélite perdiera exactamente 26.193 abonados “definitivamente”. No explica cómo sabe que esos 26.193 abonados no serán jamas clientes de la plataforma digital de Polanco.

Según Caldera, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas prevé que una vez declarada la responsabilidad de un caso, se puede abrir un expediente para confirmar si hubo culpa o negligencia grave por parte de quien llevó a cabo las actuaciones pertinentes. Por este motivo, solicitan que el Servicio Jurídico del Estado informe sobre la "eventual exigencia de responsabilidad de todo orden, incluida la patrimonial, en que los miembros del Gobierno y otras autoridades" pudieron incurrir. Y mientras el PSOE pide la dimisión de Cascos y que el PP pague los 26 millones de euros, el vicepresidente primero del Gobierno y portavoz, Mariano Rajoy , afirmó tras la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros que el Gobierno "acata y no comenta" la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Canal Satélite Digital. Rajoy dijo que el Gobierno "estimaba que no procedía su condena por el Tribunal Supremo, pero una vez conocida la sentencia el Gobierno acata la decisión", aunque dijo que no realizaría ningún comentario. Por su parte, el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, tampoco quiso valorar la sentencia y se limitó a señalar que "todas" las sentencias judiciales "son respetables" y "todas se deben cumplir, sin excepción". Señaló que no hace valoraciones de sentencias judiciales "en ningún caso, ni en éste ni en otros que me gustaría hacerlas".

Gil Lázaro compensa el silencio del Gobierno

El que sí ha querido responder a las exigencias del PSOE ha sido el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en el Congreso, Ignacio Gil Lázaro , que dijo que las palabras de Caldera demuestran la "subordinación" de este partido a este Grupo de comunicación. Ignacio Gil Lázaro señaló que "al PSOE se le vuelve a ver el plumero en relación con Sogecable, ya nunca una iniciativa parlamentaria fue tan rápida para servir aparentemente a un interés de parte". Añadió que la proposición no de ley "tiene el tufillo propio de los trabajos de encargo y una vez más acredita la subordinación del PSOE a la estrategia de un determinado grupo mediático porque permite dudar sobre quien en realidad ha impuesto el contenido y la pauta de esa Proposición No de Ley". Para compensar el silencio del Gobierno, el portavoz popular dijo que puede “dar la sensación que la inmediatez con la que se presenta esa iniciativa tiene que ver en términos de contrapartida con el fervor con que dicho grupo mediático está sirviendo la teoría de la conspiración en el caso de la Asamblea de Madrid para defender al PSOE del vergonzoso atolladero en el que ellos solos se han colocado como consecuencia de sus miserias y vergüenzas internas".

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