LD (Agencias) Los ministros miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizaron la extradición del ex militar Ricardo Miguel Cavallo para que sea juzgado en España por los delitos de terrorismo y genocidio, y declaró que no procede entregarlo por el delito de tortura. La votación para que Cavallo sea entregado por el delito de terrorismo fue de diez votos a favor y uno en contra. En la máxima instancia hubo un profundo debate sobre el tema del genocidio en el que finalmente se acordó la extradición por votación de siete contra cuatro. Lo que más polémica causó fue el establecer si era correcto o no el hecho de extraditar a una persona a un país en el que no había cometido delito alguno. El acusado no será entregado de inmediato, ya que la Corte tendrá que terminar el denominado "engrose de la sentencia", para después notificarla a la mexicana Secretaría de Relaciones Exteriores, quien a su vez deberá emitir un nuevo acuerdo donde únicamente conceda la extradición por delitos antes mencionados. Contra este nuevo dictamen, la defensa ya no podrá interponer recurso legal alguno.
Ricardo Miguel Caballo era capitán de corbeta que se identificaba en tiempos de la dictadura militar como Miguel Ángel Cavallo y con los alias de “Sérpico” y “Marcelo”. Según sus acusadores, fue uno de los responsables de las operaciones de tortura en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, donde se concentró principalmente la represión contra la oposición al Gobierno militar. Años después, Cavallo fijó su residencia en México en donde llegó a ser director del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE). Fue detenido en el aeropuerto de Cancún en agosto de 2000 cuando, tras ser identificado, buscaba escapar a Argentina para cobijarse en una ley de amnistía. En enero de 2001, el juez mexicano Jesús Guadalupe Luna aceptó extraditar a España al acusado para que fuera juzgado sólo por terrorismo y genocidio. Un mes después, la Cancillería mexicana apoyó la decisión e incluyó el delito de tortura que fue rechazado en un tribunal de segunda instancia por considerar que, según las leyes mexicanas, ya prescribió. Posteriormente, la defensa promovió un juicio de amparo que no prosperó.
Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos aplaudieron la decisión de la Suprema Corte y enviaron una carta al presidente de México, Vicente Fox, con unas 5.000 firmas para exigir la pronta extradición del ex militar. "De lograrse la extradición de Cavallo a España, el Gobierno de México marcaría un hito en la jurisprudencia internacional, contribuyendo con la aplicación de los principios universales, en defensa de los derechos humanos y de lucha contra la impunidad", dice la carta enviada por casi un centenar de ONG.
El fallo de la justicia mexicana abre un antecedente internacional en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Al conceder la extradición a España, México se ha apartado de su arraigada tradición de oponerse a los actos de justicia extraterritorial que dominó sus relaciones internacionales. México, que mantuvo durante siete décadas una férrea postura surgida de la Revolución (1910-1917) con el objetivo de impedir el intervencionismo estadounidense, ha dado un vuelco en su política sobre derechos humanos para tratar de ponerse a la vanguardia del derecho internacional.
Ricardo Miguel Caballo era capitán de corbeta que se identificaba en tiempos de la dictadura militar como Miguel Ángel Cavallo y con los alias de “Sérpico” y “Marcelo”. Según sus acusadores, fue uno de los responsables de las operaciones de tortura en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, donde se concentró principalmente la represión contra la oposición al Gobierno militar. Años después, Cavallo fijó su residencia en México en donde llegó a ser director del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE). Fue detenido en el aeropuerto de Cancún en agosto de 2000 cuando, tras ser identificado, buscaba escapar a Argentina para cobijarse en una ley de amnistía. En enero de 2001, el juez mexicano Jesús Guadalupe Luna aceptó extraditar a España al acusado para que fuera juzgado sólo por terrorismo y genocidio. Un mes después, la Cancillería mexicana apoyó la decisión e incluyó el delito de tortura que fue rechazado en un tribunal de segunda instancia por considerar que, según las leyes mexicanas, ya prescribió. Posteriormente, la defensa promovió un juicio de amparo que no prosperó.
Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos aplaudieron la decisión de la Suprema Corte y enviaron una carta al presidente de México, Vicente Fox, con unas 5.000 firmas para exigir la pronta extradición del ex militar. "De lograrse la extradición de Cavallo a España, el Gobierno de México marcaría un hito en la jurisprudencia internacional, contribuyendo con la aplicación de los principios universales, en defensa de los derechos humanos y de lucha contra la impunidad", dice la carta enviada por casi un centenar de ONG.
El fallo de la justicia mexicana abre un antecedente internacional en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Al conceder la extradición a España, México se ha apartado de su arraigada tradición de oponerse a los actos de justicia extraterritorial que dominó sus relaciones internacionales. México, que mantuvo durante siete décadas una férrea postura surgida de la Revolución (1910-1917) con el objetivo de impedir el intervencionismo estadounidense, ha dado un vuelco en su política sobre derechos humanos para tratar de ponerse a la vanguardia del derecho internacional.