L D (EFE) La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco estaba convocada para celebrar una reunión este jueves por la mañana. El objetivo era debatir sendas iniciativas presentadas por el grupo de Socialistas Abertzales, heredero de ETA-Batasuna, sobre los presos de ETA. Ante las reiteradas peticiones de los diputados del PP y del PSE para que se suspendiera la reunión, el presidente de la Comisión y también presidente del PNV en Vizcaya, Iñigo Urkullu, dijo que el Parlamento no ha recibido ninguna notificación oficial del auto de este miércoles del Tribunal Supremo y, tras reconocer que tiene "plena conciencia de mi responsabilidad política" por lo que estaba haciendo, defendió la inviolabilidad de los miembros de la Cámara y no suspendió la Comisión. Como consecuencia, la reunión se celebró con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno Vasco, PNV, EA e IU, así como el de la antigua Batasuna, mientras que los parlamentarios del PP y del PSE abandonaron la sala.
Carlos Urquijo, portavoz del PP en la Cámara vasca, declaró antes de abandonar la reunión que el último auto del Supremo obliga "no solo al presidente del Parlamento, sino también a los presidentes de las comisiones". En función de esa resolución, el parlamentario popular exigió que el presidente de la Comisión retirara los dos puntos del orden del día y que se diera por concluida la sesión, y en previsión de que no ocurriera así solicitó que constara en acta "la actitud del presidente en aras a las posibles responsabilidades futuras". En parecidos términos se pronunció el portavoz del PSE en el Parlamento, Rodolfo Ares, quien consideró que el Supremo, "con absoluta claridad", ha establecido las medidas que deben emprender el presidente de la Cámara y los de las comisiones. Ares añadió que lo más "responsable y prudente" sería suspender la reunión a la espera de que se reciba oficialmente en el Parlamento el auto del Supremo y explicó que se ausentaban de la reunión ante el "flagrante incumplimiento de la sentencia".
Por su parte, Iñigo Urkullu dijo que no iba a adoptar decisión alguna basándose en "lo que dicen los medios de comunicación" sobre un auto del Tribunal Supremo y que iba a respetar, como "fiel cumplidor", los acuerdos de la Junta de Portavoces del Parlamento, que rechazaron modificar el Reglamento para poder disolver al grupo de ETA-Batasuna. Urkullu aclaró que no iba a aceptar "ningún hecho que vulnere la inviolabilidad" del Parlamento y de sus miembros. Esta decisión fue respaldada por el portavoz del PNV en la Comisión, Emilio Olabarria, quien asumió en nombre de su grupo la misma responsabilidad que Urkullu y recordó que la notificación de las sentencias y autos es un requisito para su "aplicabilidad", por lo que "nada impide que se celebre la comisión". También Rafael Larreina (EA) se refirió al "supuesto auto" del Tribunal Supremo y dijo que "no hay ninguna razón para suspender la comisión" y recordó que "cualquiera de los 75 parlamentarios pueden participar en las comisiones, ya que "ninguno de ellos tienen restringidos sus derechos al voto y a la representación parlamentaria".
Oskar Matute, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión, también se sumó a lo manifestado por los parlamentarios del PNV y EA, solicitó que se celebrase la reunión y también asumió las responsabilidades en las que pudiera incurrir el presidente de la Comisión. Por último, Jone Goirizelaia (Sozialista Abertzaleak) explicó que los miembros de su grupo "somos legales, porque hemos llegado (al Parlamento) por los votos de la ciudadanía".
Carlos Urquijo, portavoz del PP en la Cámara vasca, declaró antes de abandonar la reunión que el último auto del Supremo obliga "no solo al presidente del Parlamento, sino también a los presidentes de las comisiones". En función de esa resolución, el parlamentario popular exigió que el presidente de la Comisión retirara los dos puntos del orden del día y que se diera por concluida la sesión, y en previsión de que no ocurriera así solicitó que constara en acta "la actitud del presidente en aras a las posibles responsabilidades futuras". En parecidos términos se pronunció el portavoz del PSE en el Parlamento, Rodolfo Ares, quien consideró que el Supremo, "con absoluta claridad", ha establecido las medidas que deben emprender el presidente de la Cámara y los de las comisiones. Ares añadió que lo más "responsable y prudente" sería suspender la reunión a la espera de que se reciba oficialmente en el Parlamento el auto del Supremo y explicó que se ausentaban de la reunión ante el "flagrante incumplimiento de la sentencia".
Por su parte, Iñigo Urkullu dijo que no iba a adoptar decisión alguna basándose en "lo que dicen los medios de comunicación" sobre un auto del Tribunal Supremo y que iba a respetar, como "fiel cumplidor", los acuerdos de la Junta de Portavoces del Parlamento, que rechazaron modificar el Reglamento para poder disolver al grupo de ETA-Batasuna. Urkullu aclaró que no iba a aceptar "ningún hecho que vulnere la inviolabilidad" del Parlamento y de sus miembros. Esta decisión fue respaldada por el portavoz del PNV en la Comisión, Emilio Olabarria, quien asumió en nombre de su grupo la misma responsabilidad que Urkullu y recordó que la notificación de las sentencias y autos es un requisito para su "aplicabilidad", por lo que "nada impide que se celebre la comisión". También Rafael Larreina (EA) se refirió al "supuesto auto" del Tribunal Supremo y dijo que "no hay ninguna razón para suspender la comisión" y recordó que "cualquiera de los 75 parlamentarios pueden participar en las comisiones, ya que "ninguno de ellos tienen restringidos sus derechos al voto y a la representación parlamentaria".
Oskar Matute, portavoz de Izquierda Unida en la Comisión, también se sumó a lo manifestado por los parlamentarios del PNV y EA, solicitó que se celebrase la reunión y también asumió las responsabilidades en las que pudiera incurrir el presidente de la Comisión. Por último, Jone Goirizelaia (Sozialista Abertzaleak) explicó que los miembros de su grupo "somos legales, porque hemos llegado (al Parlamento) por los votos de la ciudadanía".