(Libertad Digital) La Fiscalía General del Estado, dirigida por Jesús Cardenal, ha presentado una querella en el TSJPV contra el presidente, el vicepresidente y la secretaria de la Mesa del Parlamento como “coautores de un delito de desobediencia a la autoridad”. El motivo es la reiterada negativa a disolver al grupo de Socialistas Abertzales en la Cámara vasca después de la ilegalización y de los sucesivos autos en los que el Supremo reclamaba al Parlamento vasco que diera cumplimiento a sus sentencias. El Código Penal contempla una pena de dos años de inhabilitación para cargo público y una multa para el delito de desobediencia.
En concreto, esta querella se presenta como consecuencia de la negativa de la Mesa a ejecutar la disolución del grupo heredero de ETA-Batasuna, acordada por el Supremo el pasado 20 de mayo. Según la denuncia, Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Conchi Bilbao “se negaron a cumplir una orden” dictada por el Tribunal Supremo y se sirvieron de “artimañas” para evitar la disolución del grupo parlamentario de forma “voluntaria e intencionada”. En el texto, la Fiscalía General del Estado subraya que Atutxa fue el instigador de esta conducta con su actitud. Por su parte, el presidente del Gobierno, José María Aznar, considera "absolutamente comprensible" la decisión de la Fiscalía de querellarse contra Atutxa. "Lo que me preocupa es que la ley se incumpla y que responsables políticos no obedezcan sentencias del Tribunal Supremo o de cualquier otro tribunal, porque justamente la base del respeto al Estado de Derecho consiste en el respeto a la legalidad", añadió Aznar.
La Fiscalía ha citado como testigos en la querella a los representantes del PP y PSOE en la Mesa del Parlamento Vasco, únicos miembros que respaldaron la ejecución inmediata del requerimiento del Alto Tribunal.
”Negativa abierta enmascarada habilidosamente”
La Fiscalía considera a los tres querellados coautores de un delito de desobediencia previsto y penado en el art. 410 del Código Penal, "al existir una abierta negativa, concluyente aunque enmascarada habilidosamente por los mismos, bajo la hábil dirección del Sr. Atutxa, a cumplir una resolución judicial clara y expresa, cuyo cumplimiento había sido reiterado, emanada de un órgano judicial competente".
"La negativa abierta, voluntaria e intencional" -dice la querella- se patentiza, a juicio de la Fiscalía, desde el oficio del 8 de mayo de 2003, en el que el Parlamento Vasco afirma su intención de defender la dignidad democrática e institucional de la Cámara,"y en la ulterior conducta de los querellados". La fiscalía considera que "se ha recurrido por los querellados a un fraude de ley, para enmascarar o justificar su oposición a dar cumplimiento a las resoluciones de la Sala".
Además cree que "no cabe pensar en un error por parte de los querellados en cuanto resulta inverosímil que puedan mantenerse dudas sobre la legitimidad y ejecutividad del requerimiento efectuado". Asimismo, señala que "no es imaginable que los acusados desconociesen las normas que imponen el acatamiento de las sentencias dictadas por los tribunales".
En concreto, esta querella se presenta como consecuencia de la negativa de la Mesa a ejecutar la disolución del grupo heredero de ETA-Batasuna, acordada por el Supremo el pasado 20 de mayo. Según la denuncia, Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Conchi Bilbao “se negaron a cumplir una orden” dictada por el Tribunal Supremo y se sirvieron de “artimañas” para evitar la disolución del grupo parlamentario de forma “voluntaria e intencionada”. En el texto, la Fiscalía General del Estado subraya que Atutxa fue el instigador de esta conducta con su actitud. Por su parte, el presidente del Gobierno, José María Aznar, considera "absolutamente comprensible" la decisión de la Fiscalía de querellarse contra Atutxa. "Lo que me preocupa es que la ley se incumpla y que responsables políticos no obedezcan sentencias del Tribunal Supremo o de cualquier otro tribunal, porque justamente la base del respeto al Estado de Derecho consiste en el respeto a la legalidad", añadió Aznar.
La Fiscalía ha citado como testigos en la querella a los representantes del PP y PSOE en la Mesa del Parlamento Vasco, únicos miembros que respaldaron la ejecución inmediata del requerimiento del Alto Tribunal.
”Negativa abierta enmascarada habilidosamente”
La Fiscalía considera a los tres querellados coautores de un delito de desobediencia previsto y penado en el art. 410 del Código Penal, "al existir una abierta negativa, concluyente aunque enmascarada habilidosamente por los mismos, bajo la hábil dirección del Sr. Atutxa, a cumplir una resolución judicial clara y expresa, cuyo cumplimiento había sido reiterado, emanada de un órgano judicial competente".
"La negativa abierta, voluntaria e intencional" -dice la querella- se patentiza, a juicio de la Fiscalía, desde el oficio del 8 de mayo de 2003, en el que el Parlamento Vasco afirma su intención de defender la dignidad democrática e institucional de la Cámara,"y en la ulterior conducta de los querellados". La fiscalía considera que "se ha recurrido por los querellados a un fraude de ley, para enmascarar o justificar su oposición a dar cumplimiento a las resoluciones de la Sala".
Además cree que "no cabe pensar en un error por parte de los querellados en cuanto resulta inverosímil que puedan mantenerse dudas sobre la legitimidad y ejecutividad del requerimiento efectuado". Asimismo, señala que "no es imaginable que los acusados desconociesen las normas que imponen el acatamiento de las sentencias dictadas por los tribunales".