(Libertad Digital) La Dirección de la Guardia Civil expresa en el comunicado, remitido por la Subdelegación del Gobierno en Albacete, su total apoyo al personal de la Jefatura de Zona de Castilla-La Mancha y al de la Comandancia albaceteña y puntualiza informaciones "que contienen imprecisiones y aseveraciones alejadas de la realidad, con desprestigio del personal de esa Comandancia y de sus mandos". La Dirección del Instituto Armado precisa que los sucesos de la Comandancia de Albacete "no avalan la sensatez" de la conducta del ex jefe de este acuartelamiento, Antonio Peñafiel, sino que "confirman los signos iniciales de desequilibrio que se habían apreciado y que, posiblemente, están en el origen de las irregularidades investigadas en el marco del expediente disciplinario incoado" a este teniente coronel.
"El supuesto complot contra su persona sólo ha sido una interpretación subjetiva y derivada de los testimonios de los guardias civiles citados por el oficial jurídico instructor y recogidas en el expediente disciplinario", según el Instituto Armado, que añade que las denuncias penales que presentó Peñafiel contra miembros del cuerpo "fueron todas archivadas". La Dirección de la Guardia Civil niega además que en la Comandancia de Albacete se produjera "en ningún momento, una distribución arbitraria o abusiva" del complemento de productividad por parte de los mandos anteriores.
La productividad que proponen los jefes de comandancia sirve, según la nota, "para retribuir la especial dedicación de los cuadros de mando, unidades de investigación y planas mayores y lleva implícita una valoración subjetiva igual que en el resto de la Administración Pública, siendo igual de legítimos los criterios de los distintos jefes de comandancia". Aunque los primeros meses de mando de Peñafiel como jefe de esta comandancia transcurrieron con normalidad, en noviembre de 2002 la Dirección General de la Guardia Civil recibió "indicios objetivos sobre supuestas irregularidades" en el ejercicio de su mando.
Así, se inició un expediente gubernativo contra el teniente coronel por la supuesta comisión de una falta muy grave del artículo 9.9 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil "por observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, el servicio y la dignidad de la Institución". Además, se acordó el cese cautelar en funciones de Antonio Peñafiel, según recuerda la Dirección de la Guardia Civil, que indica que en los meses posteriores "se acumularon nuevos indicios en torno a la conducta atípica del mismo oficial, que permitieron suponer que podría hallarse en una situación de desequilibrio emocional".
Por ellos, en febrero de 2003 se produjo la revocación de su destino y se acordó la retirada de sus armas oficiales y particulares para proteger la vida e integridad personal del interesado y de terceras personas". También se aconsejó la evaluación psicológica y psiquiátrica de Peñafiel, por lo que se iniciaron los trámites necesarios para su reconocimiento por el Servicio de Psiquiatría del Hospital Central de Defensa a fin de determinar "su aptitud para el servicio".
"El supuesto complot contra su persona sólo ha sido una interpretación subjetiva y derivada de los testimonios de los guardias civiles citados por el oficial jurídico instructor y recogidas en el expediente disciplinario", según el Instituto Armado, que añade que las denuncias penales que presentó Peñafiel contra miembros del cuerpo "fueron todas archivadas". La Dirección de la Guardia Civil niega además que en la Comandancia de Albacete se produjera "en ningún momento, una distribución arbitraria o abusiva" del complemento de productividad por parte de los mandos anteriores.
La productividad que proponen los jefes de comandancia sirve, según la nota, "para retribuir la especial dedicación de los cuadros de mando, unidades de investigación y planas mayores y lleva implícita una valoración subjetiva igual que en el resto de la Administración Pública, siendo igual de legítimos los criterios de los distintos jefes de comandancia". Aunque los primeros meses de mando de Peñafiel como jefe de esta comandancia transcurrieron con normalidad, en noviembre de 2002 la Dirección General de la Guardia Civil recibió "indicios objetivos sobre supuestas irregularidades" en el ejercicio de su mando.
Así, se inició un expediente gubernativo contra el teniente coronel por la supuesta comisión de una falta muy grave del artículo 9.9 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil "por observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, el servicio y la dignidad de la Institución". Además, se acordó el cese cautelar en funciones de Antonio Peñafiel, según recuerda la Dirección de la Guardia Civil, que indica que en los meses posteriores "se acumularon nuevos indicios en torno a la conducta atípica del mismo oficial, que permitieron suponer que podría hallarse en una situación de desequilibrio emocional".
Por ellos, en febrero de 2003 se produjo la revocación de su destino y se acordó la retirada de sus armas oficiales y particulares para proteger la vida e integridad personal del interesado y de terceras personas". También se aconsejó la evaluación psicológica y psiquiátrica de Peñafiel, por lo que se iniciaron los trámites necesarios para su reconocimiento por el Servicio de Psiquiatría del Hospital Central de Defensa a fin de determinar "su aptitud para el servicio".