L D (EFE) La declaración, que ha sido auspiciada por los grupos de ERC e ICV, ha sido consensuada con CiU y PSC, y sólo la ha rechazado el PPC, que en boca de su portavoz parlamentaria, Dolors Nadal, ha considerado que el Parlamento ha sido "instrumentalizado" y que los socialistas catalanes no han "respetado" a sus compañeros vascos. El texto aprobado expresa la "preocupación" del Parlamento por el clima de "crispación" surgido como consecuencia del "conflicto" que mantienen el Parlamento vasco "y algunas instituciones del Estado".
La mayoría de los partidos catalanes sostiene que dicho clima de "crispación" se evidencia tanto con la discrepancia sobre el ámbito competencial entre el Tribunal Supremo y el Parlamento vasco, como por la "advertencia" lanzada hace algunos días por el dirigente del PP Jaime Mayor Oreja, según la cual podría ser utilizado el artículo 155 de la Constitución para suspender las instituciones vascas. "El Parlamento de Cataluña -señala la declaración- manifiesta que desde las instituciones se tiene que impulsar el diálogo necesario y, en caso de conflicto, se tienen que iniciar los mecanismos de arbitraje previstos en el ordenamiento legal vigente".
Se advierte también en la declaración que "la creciente crispación provocada por las amenazas de utilizar medidas excepcionales de carácter legal pueden conducir a la deslegitimación del edificio institucional autonómico construido con dificultades como fruto del pacto constituyente". La cámara catalana se pronuncia, asimismo, a favor del "respeto a la voluntad de la ciudadanía libremente expresada en las urnas, a los derechos históricos de los pueblos y a la autonomía de las cámaras parlamentarias". Finalizada la reunión de la junta de portavoces, los representantes de ERC y de ICV han expresado su satisfacción por la declaración aprobada.
Josep Bargalló, portavoz adjunto de ERC, ha considerado el texto como una muestra de solidaridad hacia el pueblo vasco y sus instituciones y ha pedido que la declaración sea trasladada al Parlamento vasco y entregada en mano a su presidente, Juan María Atutxa. Joan Boada, de ICV, ha precisado que la declaración también implica apoyar a las mismas instituciones catalanas ante posibles situaciones involutivas, y "supone defender el estado de derecho y la arquitectura del estado de las autonomías".
Muy distinta ha sido la valoración realizada por la portavoz del grupo del PPC, Dolors Nadal, quien ha criticado que la cámara catalana no haya tenido en cuenta que "las sentencias del Tribunal Supremo tienen que ser cumplidas por todos los ciudadanos y esto incluye también al Parlamento vasco". Dolors Nadal ha añadido que lo que considera más lamentable es que el PSC "haya abandonado a sus compañeros del País Vasco y abone unas tesis de incumplimiento de sentencias". "Nuevamente desde el PSC -ha dicho la portavoz del PP- se contradicen las tesis y los criterios del PSOE y de su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero". Los portavoces de CiU y del PSC no han querido hacer declaraciones al finalizar la reunión de la junta y se han limitado a señalar que sus posicionamientos ya quedan reflejados en el texto de la declaración.
La mayoría de los partidos catalanes sostiene que dicho clima de "crispación" se evidencia tanto con la discrepancia sobre el ámbito competencial entre el Tribunal Supremo y el Parlamento vasco, como por la "advertencia" lanzada hace algunos días por el dirigente del PP Jaime Mayor Oreja, según la cual podría ser utilizado el artículo 155 de la Constitución para suspender las instituciones vascas. "El Parlamento de Cataluña -señala la declaración- manifiesta que desde las instituciones se tiene que impulsar el diálogo necesario y, en caso de conflicto, se tienen que iniciar los mecanismos de arbitraje previstos en el ordenamiento legal vigente".
Se advierte también en la declaración que "la creciente crispación provocada por las amenazas de utilizar medidas excepcionales de carácter legal pueden conducir a la deslegitimación del edificio institucional autonómico construido con dificultades como fruto del pacto constituyente". La cámara catalana se pronuncia, asimismo, a favor del "respeto a la voluntad de la ciudadanía libremente expresada en las urnas, a los derechos históricos de los pueblos y a la autonomía de las cámaras parlamentarias". Finalizada la reunión de la junta de portavoces, los representantes de ERC y de ICV han expresado su satisfacción por la declaración aprobada.
Josep Bargalló, portavoz adjunto de ERC, ha considerado el texto como una muestra de solidaridad hacia el pueblo vasco y sus instituciones y ha pedido que la declaración sea trasladada al Parlamento vasco y entregada en mano a su presidente, Juan María Atutxa. Joan Boada, de ICV, ha precisado que la declaración también implica apoyar a las mismas instituciones catalanas ante posibles situaciones involutivas, y "supone defender el estado de derecho y la arquitectura del estado de las autonomías".
Muy distinta ha sido la valoración realizada por la portavoz del grupo del PPC, Dolors Nadal, quien ha criticado que la cámara catalana no haya tenido en cuenta que "las sentencias del Tribunal Supremo tienen que ser cumplidas por todos los ciudadanos y esto incluye también al Parlamento vasco". Dolors Nadal ha añadido que lo que considera más lamentable es que el PSC "haya abandonado a sus compañeros del País Vasco y abone unas tesis de incumplimiento de sentencias". "Nuevamente desde el PSC -ha dicho la portavoz del PP- se contradicen las tesis y los criterios del PSOE y de su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero". Los portavoces de CiU y del PSC no han querido hacer declaraciones al finalizar la reunión de la junta y se han limitado a señalar que sus posicionamientos ya quedan reflejados en el texto de la declaración.