LD (Agencias) El ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo se encuentra ingresado en una prisión cercana a Madrid, unas horas después de su llegada a España extraditado desde México, por considerar el juez la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga. Cavallo compareció este domingo en dos ocasiones ante el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, quien le acusa de los delitos de genocidio y terrorismo presuntamente perpetrados durante la dictadura militar argentina (1976-1983).
Ricardo Miguel Cavallo llegó a primera hora de este domingo a Madrid y fue trasladado directamente a la sede de la Audiencia Nacional, donde el magistrado tenía previsto tomarle declaración. Sin embargo, el ex militar argentino alegando desconocer los delitos de los que se le acusa, rehusó declarar y pidió unas horas para leer el auto de procesamiento. En una segunda vista, ya por la tarde, Cavallo reiteró su posición de no declarar. Según indicaron fuentes jurídicas, el ex militar argentino rehusó declarar ante el magistrado para no violar las normas argentinas, a las que dijo esta sujeto dada su condición de capitán de corbeta. Garzón ratificó en un auto la prisión provisional, incondicional y comunicada para Cavallo.
Por su parte, el fiscal Pedro Rubira remitió un escrito al Juzgado solicitando la libertad de Cavallo al considerar que la justicia española carece de "jurisdicción para el conocimiento" de los delitos que se le imputan y pidió su defensa con los mismos argumentos. Uno de los abogados de las acusaciones, Jaime Sanz de Bremond, manifestó que Cavallo -quien fue trasladado a la prisión madrileña de Soto del Real- mostró en todo momento una "tremenda frialdad y tranquilidad", estuvo "impasible" y "no parecía una persona a la que se le imputan cientos de muertos y cientos de torturas y actos terroristas".
El abogado de la acusación popular, Manuel Ollé, recordó la gravedad de los delitos que se le imputan a Cavallo, entre ellos 227 desapariciones, 110 secuestros y torturas y 16 secuestros de mujeres y de sus hijos. En su auto, Garzón precisa que "el riesgo de sustracción a la Justicia es evidente si se tiene en cuenta que si (Cavallo) estuviera en libertad eludiría la acción judicial con tan sólo huir a Argentina, su país de origen, en el que de momento no podría ser perseguido por estos hechos por aplicación de las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final".
Garzón entiende que los delitos imputados son de tal gravedad que no dejan otra opción que la prisión, "por cuanto no debe olvidarse que lo que se le imputan son crímenes internacionales de genocidio y terrorismo que atentan a la propia esencia del ser humano y cuyas víctimas no sólo son las inmediatamente afectadas, sino también la propia comunidad internacional". Aunque México concedió la extradición por genocidio y terrorismo y no por torturas, por el que también se solicitó la entrega de Cavallo, Garzón cree que este último delito "constituye un medio comisivo e integrador de los dos delitos por los que se concede la extradición".
Ricardo Miguel Cavallo llegó a primera hora de este domingo a Madrid y fue trasladado directamente a la sede de la Audiencia Nacional, donde el magistrado tenía previsto tomarle declaración. Sin embargo, el ex militar argentino alegando desconocer los delitos de los que se le acusa, rehusó declarar y pidió unas horas para leer el auto de procesamiento. En una segunda vista, ya por la tarde, Cavallo reiteró su posición de no declarar. Según indicaron fuentes jurídicas, el ex militar argentino rehusó declarar ante el magistrado para no violar las normas argentinas, a las que dijo esta sujeto dada su condición de capitán de corbeta. Garzón ratificó en un auto la prisión provisional, incondicional y comunicada para Cavallo.
Por su parte, el fiscal Pedro Rubira remitió un escrito al Juzgado solicitando la libertad de Cavallo al considerar que la justicia española carece de "jurisdicción para el conocimiento" de los delitos que se le imputan y pidió su defensa con los mismos argumentos. Uno de los abogados de las acusaciones, Jaime Sanz de Bremond, manifestó que Cavallo -quien fue trasladado a la prisión madrileña de Soto del Real- mostró en todo momento una "tremenda frialdad y tranquilidad", estuvo "impasible" y "no parecía una persona a la que se le imputan cientos de muertos y cientos de torturas y actos terroristas".
El abogado de la acusación popular, Manuel Ollé, recordó la gravedad de los delitos que se le imputan a Cavallo, entre ellos 227 desapariciones, 110 secuestros y torturas y 16 secuestros de mujeres y de sus hijos. En su auto, Garzón precisa que "el riesgo de sustracción a la Justicia es evidente si se tiene en cuenta que si (Cavallo) estuviera en libertad eludiría la acción judicial con tan sólo huir a Argentina, su país de origen, en el que de momento no podría ser perseguido por estos hechos por aplicación de las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final".
Garzón entiende que los delitos imputados son de tal gravedad que no dejan otra opción que la prisión, "por cuanto no debe olvidarse que lo que se le imputan son crímenes internacionales de genocidio y terrorismo que atentan a la propia esencia del ser humano y cuyas víctimas no sólo son las inmediatamente afectadas, sino también la propia comunidad internacional". Aunque México concedió la extradición por genocidio y terrorismo y no por torturas, por el que también se solicitó la entrega de Cavallo, Garzón cree que este último delito "constituye un medio comisivo e integrador de los dos delitos por los que se concede la extradición".