L D (EFE) La Mesa se reunió este lunes para estudiar el último auto del 18 de junio del Tribunal Supremo en el que se establecían las medidas para ejecutar la disolución del grupo de Socialistas Abertzales, que perseguían por una parte impedir su actividad parlamentaria y por otra retenerles las cantidades que cobran como grupo (treinta mil euros al mes). Durante su encuentro, los miembros de la Mesa redactaron un escrito de tres folios (con el apoyo de IU, EA y PNV) que remitirán al Supremo, en el que se insiste en el que la disolución de un grupo no está contemplada en el reglamento de la Cámara y por tanto se ratifica en la "imposibilidad legal" de cumplir el auto.
La Mesa señala que no tiene "el propósito de lanzar ningún reto al Estado de derecho", pero insiste en su tesis de que "la autonomía de organización y funcionamiento de los legislativos, así como su reglamento, deben ser respetados por todos los poderes". Ante esta situación, la Mesa considera que han sido "abocados a un verdadero conflicto jurídico", y afirma tratará de encontrar un "cauce jurídico para su defensa", impulsando "cuantos recursos jurídicos con una mínima viabilidad procesal se encuentren en el ordenamiento". El Parlamento no pagará los 30.000 euros de subvención a Sozialista Abertzaleak, decisión que tomó tras anunciar el interventor de la Cámara la pasada semana que, "en su defensa y salvaguarda", no abonaría estas cantidades, ya que el Supremo exigió a este funcionario que dejase de pagar este dinero bajo su "responsabilidad personal".
Por ello, tratará de encontrar un "cauce jurídico para su defensa", impulsando "cuantos recursos jurídicos con una mínima viabilidad procesal se encuentren en el ordenamiento". La vía judicial que podría seguir no se ha decidido todavía. Por otra parte, el Parlamento no pagará los 30.000 euros de subvención a Sozialista Abertzaleak, después de que el interventor de la Cámara anunciara la pasada semana que "en su defensa y salvaguarda" no abonaría estas cantidades, ya que el Supremo exigió a este funcionario que dejase de pagar este dinero bajo su "responsabilidad personal". La Mesa ha expresado su respaldo al interventor y también al letrado mayor, que igualmente fue requerido por el Supremo para cumplir sus órdenes, y asume "toda la responsabilidad que le corresponde, apoyando las decisiones y actuaciones que decidan emprender" ambos funcionarios. De ahí que ha hecho suya la decisión del interventor de no abonar los 30.000 euros mensuales y reclamar a SA las cantidades abonadas desde el pasado 20 de mayo para que las devuelva.
Por su parte, el letrado mayor ha remitido al Tribunal Supremo un "incidente de ejecución" en el que responde a este órgano que no entra dentro de sus funciones ejecutar las medidas que el Supremo le requiere, como prohibir a Sozialista Abertzaleak que haga uso del local que le corresponde como grupo parlamentario. En la reunión de este lunes, el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, también ha planteado que sean los servicios jurídicos de la institución, los que se hagan cargo de su defensa, de la de la secretaria segunda, Kontxi Bilbao (IU-EB), y del vicepresidente primero, Gorka Knorr (EA), ante la querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado, por no haber cumplido el auto de disolución de SA. Por el momento no se ha decidido si efectivamente los servicios jurídicos de la Cámara se harán cargo de esta defensa.
Tras la reunión, Atutxa ha incidido en que "vamos a seguir con el mismo talante", aunque ha precisado que "nos pueden abrir en canal y ver que no hay ninguna intención de dar cortes de mangas a la Justicia". Sobre la posibilidad de abrir cauces jurídicos para ejercer la defensa del Parlamento Vasco ante las órdenes del Supremo, ha explicado que no se había planteado esta vía hasta ahora porque "queremos agotar hasta el extremo nuestras fuerzas para demostrar que cuando se ha cometido un error lo mejor es rectificar. Nosotros estamos convencidos de que estamos en lo cierto y en lo honesto".
La Mesa señala que no tiene "el propósito de lanzar ningún reto al Estado de derecho", pero insiste en su tesis de que "la autonomía de organización y funcionamiento de los legislativos, así como su reglamento, deben ser respetados por todos los poderes". Ante esta situación, la Mesa considera que han sido "abocados a un verdadero conflicto jurídico", y afirma tratará de encontrar un "cauce jurídico para su defensa", impulsando "cuantos recursos jurídicos con una mínima viabilidad procesal se encuentren en el ordenamiento". El Parlamento no pagará los 30.000 euros de subvención a Sozialista Abertzaleak, decisión que tomó tras anunciar el interventor de la Cámara la pasada semana que, "en su defensa y salvaguarda", no abonaría estas cantidades, ya que el Supremo exigió a este funcionario que dejase de pagar este dinero bajo su "responsabilidad personal".
Por ello, tratará de encontrar un "cauce jurídico para su defensa", impulsando "cuantos recursos jurídicos con una mínima viabilidad procesal se encuentren en el ordenamiento". La vía judicial que podría seguir no se ha decidido todavía. Por otra parte, el Parlamento no pagará los 30.000 euros de subvención a Sozialista Abertzaleak, después de que el interventor de la Cámara anunciara la pasada semana que "en su defensa y salvaguarda" no abonaría estas cantidades, ya que el Supremo exigió a este funcionario que dejase de pagar este dinero bajo su "responsabilidad personal". La Mesa ha expresado su respaldo al interventor y también al letrado mayor, que igualmente fue requerido por el Supremo para cumplir sus órdenes, y asume "toda la responsabilidad que le corresponde, apoyando las decisiones y actuaciones que decidan emprender" ambos funcionarios. De ahí que ha hecho suya la decisión del interventor de no abonar los 30.000 euros mensuales y reclamar a SA las cantidades abonadas desde el pasado 20 de mayo para que las devuelva.
Por su parte, el letrado mayor ha remitido al Tribunal Supremo un "incidente de ejecución" en el que responde a este órgano que no entra dentro de sus funciones ejecutar las medidas que el Supremo le requiere, como prohibir a Sozialista Abertzaleak que haga uso del local que le corresponde como grupo parlamentario. En la reunión de este lunes, el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, también ha planteado que sean los servicios jurídicos de la institución, los que se hagan cargo de su defensa, de la de la secretaria segunda, Kontxi Bilbao (IU-EB), y del vicepresidente primero, Gorka Knorr (EA), ante la querella interpuesta por la Fiscalía General del Estado, por no haber cumplido el auto de disolución de SA. Por el momento no se ha decidido si efectivamente los servicios jurídicos de la Cámara se harán cargo de esta defensa.
Tras la reunión, Atutxa ha incidido en que "vamos a seguir con el mismo talante", aunque ha precisado que "nos pueden abrir en canal y ver que no hay ninguna intención de dar cortes de mangas a la Justicia". Sobre la posibilidad de abrir cauces jurídicos para ejercer la defensa del Parlamento Vasco ante las órdenes del Supremo, ha explicado que no se había planteado esta vía hasta ahora porque "queremos agotar hasta el extremo nuestras fuerzas para demostrar que cuando se ha cometido un error lo mejor es rectificar. Nosotros estamos convencidos de que estamos en lo cierto y en lo honesto".