L D (EFE) La defensa de Camacho explicó que de haber prórroga, éste sería el primer caso que se diera en España, aunque dijo que tampoco le "extrañaría" que se pudiera producir esta situación, en cuyo caso recurrirían esta decisión ante el Tribunal Constitucional. Actualmente, sólo Camacho y el comercial de la agencia Aníbal Sardón permanecen en prisión por el caso Gescartera –el primero se encuentra en Soto del Real desde julio de 2001 y el segundo en Alcalá Meco desde noviembre de 2002–, una vez que la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna, y el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil fueron puestos en libertad provisional en julio de 2002. Giménez-Reyna permaneció 162 días en Soto del Real, prisión que pudo abandonar tras pagar en febrero del 2002 una fianza de 180.000 euros, en tanto que Julio Rodríguez Gil estuvo encarcelado tres meses y su fianza fue de 601.000 euros.
La juez Palacios decidió el pasado 9 de abril la excarcelación de Camacho y Sardón, previo pago de una fianza de tres millones y un millón y medio de euros, respectivamente, que ninguno de los dos ha satisfecho hasta el momento. Conviene recordar que la Policía judicial sigue al detalle cualquier movimiento financiero de Camacho para intentar encontrar una pista que conduzca a los millones volatilizados por Gescartera. La defensa de Camacho solicitó una sustancial rebaja de la fianza hasta 240.000 euros, mientras que la mayoría de las acusaciones la recurrieron por considerar que la cantidad impuesta por Palacios no era suficiente para reducir el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
La juez desestimó los recursos de la acusación, al tiempo que negó a través de una providencia la rebaja solicitada por la defensa de Camacho. El imputado, según explicó su defensa, no tiene previsto abonar la fianza de tres millones de euros y esperará a que se agote el plazo máximo de dos años de prisión preventiva, que termina en diez días, para ser puesto en libertad sin necesidad de afrontar este pago.
El escándalo de Gescartera, en la que desaparecieron la gran parte de los ahorros de unos 2.000 clientes, se remonta al 14 de junio del 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores ante la imposibilidad de conocer su situación económica. Esta intervención descubrió un "agujero" patrimonial en la entidad, que en principio se cifró en unos 80 millones de euros, lo que provocó que el caso pasara a manos de la juez Teresa Palacios, que desde la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación judicial.
La juez Palacios decidió el pasado 9 de abril la excarcelación de Camacho y Sardón, previo pago de una fianza de tres millones y un millón y medio de euros, respectivamente, que ninguno de los dos ha satisfecho hasta el momento. Conviene recordar que la Policía judicial sigue al detalle cualquier movimiento financiero de Camacho para intentar encontrar una pista que conduzca a los millones volatilizados por Gescartera. La defensa de Camacho solicitó una sustancial rebaja de la fianza hasta 240.000 euros, mientras que la mayoría de las acusaciones la recurrieron por considerar que la cantidad impuesta por Palacios no era suficiente para reducir el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
La juez desestimó los recursos de la acusación, al tiempo que negó a través de una providencia la rebaja solicitada por la defensa de Camacho. El imputado, según explicó su defensa, no tiene previsto abonar la fianza de tres millones de euros y esperará a que se agote el plazo máximo de dos años de prisión preventiva, que termina en diez días, para ser puesto en libertad sin necesidad de afrontar este pago.
El escándalo de Gescartera, en la que desaparecieron la gran parte de los ahorros de unos 2.000 clientes, se remonta al 14 de junio del 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) intervino la agencia de valores ante la imposibilidad de conocer su situación económica. Esta intervención descubrió un "agujero" patrimonial en la entidad, que en principio se cifró en unos 80 millones de euros, lo que provocó que el caso pasara a manos de la juez Teresa Palacios, que desde la Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación judicial.