L D (EFE) Según explicaron los abogados defensores del SCH, el informe establece que el dinero cobrado por Corcóstegui en febrero de 2002 se corresponde con la liquidación de los derechos acumulados para su jubilación, que estaban establecidos en su contrato con el banco. Asimismo, el informe dice que es "perfectamente válido" que el pago se hiciese de una sola vez, lo que no le ocasionó ningún perjuicio al banco, sino que por el contrario le procuró una rebaja de impuestos.
Por su parte, los abogados de la acusación no otorgaron ningún valor al informe del perito, ya que es "obvio" que la cantidad abonada se corresponde con lo establecido en el contrato de Corcóstegui con el SCH, mientras que consideran que lo ilegal es el propio contrato, por el que se paga más de 100 millones de euros a alguien que "sólo ha trabajado seis años" en el banco.
La acusación también intentó restar credibilidad a la actuación pericial y señaló que el actuario es un matemático y no un experto en ciencias jurídicas, por lo que no tiene "ninguna autoridad" para decir que este tipo de contrato es "habitual" entre los altos directivos de las empresas, como señala en su informe. La acusación –encabezada por el abogado Francisco Franco Otegui y por Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto- considera que el presidente del banco, Emilio Botín, y Amusátegui y Corcóstegui cometieron delitos de apropiación indebida.
Por su parte, los abogados de la acusación no otorgaron ningún valor al informe del perito, ya que es "obvio" que la cantidad abonada se corresponde con lo establecido en el contrato de Corcóstegui con el SCH, mientras que consideran que lo ilegal es el propio contrato, por el que se paga más de 100 millones de euros a alguien que "sólo ha trabajado seis años" en el banco.
La acusación también intentó restar credibilidad a la actuación pericial y señaló que el actuario es un matemático y no un experto en ciencias jurídicas, por lo que no tiene "ninguna autoridad" para decir que este tipo de contrato es "habitual" entre los altos directivos de las empresas, como señala en su informe. La acusación –encabezada por el abogado Francisco Franco Otegui y por Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto- considera que el presidente del banco, Emilio Botín, y Amusátegui y Corcóstegui cometieron delitos de apropiación indebida.