L D (Agencias) Atutxa, Knorr y Bilbao figuran en la querella interpuesta por el Fiscal General del Estado por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak en la Cámara de Vitoria. Zorrilla conformó una "Sala de la Discordia" para analizar esta querella, decisión que fue anulada el pasado miércoles por el Consejo General del Poder Judicial. En un comunicado, los representantes del tripartito en el Parlamento vasco anunciaron que recurrirán esta anulación a principios de la próxima semana y añadieron que basarán su recurso "en las previsiones constitucionales de derecho a la tutela judicial efectiva".
Asimismo, plantearán su queja ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y utilizarán las previsiones de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para entablar el recurso. Atutxa, Knorr y Bilbao también refutarán la competencia del Consejo General del Poder Judicial "para tomar una medida como la que adoptó el pasado miércoles", en referencia a la anulación de la "Sala de la Discordia".
El pasado jueves, en una nueva jugada para demorar la sentencia del Supremo contra ETA-Batasuna, el Letrado Mayor del Parlamento Vasco y responsable de los servicios jurídicos del Parlamento Vasco, Eduardo Mancisidor, presentó su dimisión tras rechazar el Tribunal Supremo sus alegaciones contra las órdenes, emitidas por el Alto Tribunal, que le obligaban a retirar los medios materiales y clausurar los locales al grupo parlamentario de la antigua Batasuna.
Asimismo, plantearán su queja ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y utilizarán las previsiones de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para entablar el recurso. Atutxa, Knorr y Bilbao también refutarán la competencia del Consejo General del Poder Judicial "para tomar una medida como la que adoptó el pasado miércoles", en referencia a la anulación de la "Sala de la Discordia".
El pasado jueves, en una nueva jugada para demorar la sentencia del Supremo contra ETA-Batasuna, el Letrado Mayor del Parlamento Vasco y responsable de los servicios jurídicos del Parlamento Vasco, Eduardo Mancisidor, presentó su dimisión tras rechazar el Tribunal Supremo sus alegaciones contra las órdenes, emitidas por el Alto Tribunal, que le obligaban a retirar los medios materiales y clausurar los locales al grupo parlamentario de la antigua Batasuna.