L D (EFE) En conferencia de prensa celebrada en Bilbao, Arzalluz y el parlamentario vasco del PNV Emilio Olabarria –ex vocal del CGPJ– anunciaron la intención de recurrir la decisión de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar una denuncia de este partido contra la magistrada Concepción Marco y criticaron las declaraciones hechas por el ministro de Justicia, José María Michavila, sobre las querellas contra el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, por negarse a disolver el grupo de Batasuna-ETA.
Arzalluz dijo que Michavila "sabe lo que va a pasar" cuando afirma que "el PNV va a perder todos sus recursos" o que "Atutxa va a ser condenado", por lo que, según aseguró Olabarria, el ministro de Justicia "o tiene facultades paranormales o está incurriendo en un delito de prevaricación inequívoco".
El líder nacionalista vasco dijo que, si hace más de un año manifestaba que "la democracia estaba deteriorada y era de baja calidad", "hoy no tengo más remedio que decir, ante estas situaciones, que en España no podemos hablar de democracia, cuando la Justicia se usa y manipula".
Tras destacar que "la Justicia es lo que da una legitimidad última a una democracia", Arzalluz aseguró que "el Gobierno del PP, el señor Aznar, han roto las reglas de juego constitucionales, democráticas, y por tanto no es que estemos en una democracia deteriorada, sino que hoy, con estos procedimientos, la democracia ha caído bajo la prepotencia del Gobierno".
Sobre la intención del PNV se continuar planteando recursos, Arzalluz manifestó que "desde el momento en que el PP y su Gobierno han politizado la Justicia, no tenemos más remedio que jugar en el campo que nos marcan, que es el judicial" y añadió que "no cederemos, porque creemos que estamos llevando a cabo una batalla política y no judicial". Consideró que de todo este asunto "quedará constancia para la historia de la Justicia, y no precisamente de forma gloriosa".
Afirmó que no confía "nada" en que las decisiones en torno a las querellas contra Atutxa vayan a ser favorables para el PNV, ya que "dar la vuelta al sistema como han hecho, arrostrando la sorpresa general y la indignación de muchos magistrados, lo han hecho con un fin concreto: para que se admita a tramite la querella y atienda a lo que ha dicho Michavila, que Atutxa será condenado".
Emilio Olabarria dijo que el ministro Michavila "o bien posee facultades paranormales, adivinatorias, por sus vínculos religiosos o por algún tipo de inspiración divina sabe lo que va a pasar con las querellas y el futuro del procedimiento o, si no, tiene la capacidad para inducir y para exigir al órgano judicial que va a actuar cuál tiene que ser la resolución final de este procedimiento". El parlamentario del PNV pidió al ministro "un poco de ponderación y disimular un poco mas su aparente control sobre la administración de Justicia, aunque solo fuera por decoro institucional".
Negar la evidencia
Sobre la Sala de Discordia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Olabarria consideró que "no existe formalmente" y no dio por hecho que haya admitido a trámite la querella contra Atutxa, ya que, según dijo, fuentes "oficiales" del TSJPV les han comunicado que "hasta mañana a la tarde no habrá ninguna decisión que pueda ser comunicada" y que "cualquier filtración carece de fiabilidad".
El PNV, según Olabarria, entiende, además, que el CGPJ "se ha extralimitado en sus competencias" al indicar al presidente del TSJPV la formación de una Sala de Discordia. Destacó que, aunque la Sala estuviera bien configurada, "no puede tomar ninguna decisión" porque Atutxa y los otros dos miembros de la Mesa de la Cámara afectados, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, han recurrido ante el Tribunal Supremo la composición de la Sala.
Arzalluz y Olabarria explicaron las razones por las que el PNV discrepa de la decisión de la comisión disciplinaria del CGPJ de archivar la denuncia de este partido contra la magistrada Concepción Marco por el contenido de una ponencia pronunciada en la Fundación FAES. La comisión del CGPJ archivó la denuncia por entender que la magistrada expuso sus opiniones "en el libre ejercicio de su libertad de expresión" y no como juez, sino en su "condición de presidenta de la sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura en el País Vasco".
Arzalluz dijo que Michavila "sabe lo que va a pasar" cuando afirma que "el PNV va a perder todos sus recursos" o que "Atutxa va a ser condenado", por lo que, según aseguró Olabarria, el ministro de Justicia "o tiene facultades paranormales o está incurriendo en un delito de prevaricación inequívoco".
El líder nacionalista vasco dijo que, si hace más de un año manifestaba que "la democracia estaba deteriorada y era de baja calidad", "hoy no tengo más remedio que decir, ante estas situaciones, que en España no podemos hablar de democracia, cuando la Justicia se usa y manipula".
Tras destacar que "la Justicia es lo que da una legitimidad última a una democracia", Arzalluz aseguró que "el Gobierno del PP, el señor Aznar, han roto las reglas de juego constitucionales, democráticas, y por tanto no es que estemos en una democracia deteriorada, sino que hoy, con estos procedimientos, la democracia ha caído bajo la prepotencia del Gobierno".
Sobre la intención del PNV se continuar planteando recursos, Arzalluz manifestó que "desde el momento en que el PP y su Gobierno han politizado la Justicia, no tenemos más remedio que jugar en el campo que nos marcan, que es el judicial" y añadió que "no cederemos, porque creemos que estamos llevando a cabo una batalla política y no judicial". Consideró que de todo este asunto "quedará constancia para la historia de la Justicia, y no precisamente de forma gloriosa".
Afirmó que no confía "nada" en que las decisiones en torno a las querellas contra Atutxa vayan a ser favorables para el PNV, ya que "dar la vuelta al sistema como han hecho, arrostrando la sorpresa general y la indignación de muchos magistrados, lo han hecho con un fin concreto: para que se admita a tramite la querella y atienda a lo que ha dicho Michavila, que Atutxa será condenado".
Emilio Olabarria dijo que el ministro Michavila "o bien posee facultades paranormales, adivinatorias, por sus vínculos religiosos o por algún tipo de inspiración divina sabe lo que va a pasar con las querellas y el futuro del procedimiento o, si no, tiene la capacidad para inducir y para exigir al órgano judicial que va a actuar cuál tiene que ser la resolución final de este procedimiento". El parlamentario del PNV pidió al ministro "un poco de ponderación y disimular un poco mas su aparente control sobre la administración de Justicia, aunque solo fuera por decoro institucional".
Negar la evidencia
Sobre la Sala de Discordia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Olabarria consideró que "no existe formalmente" y no dio por hecho que haya admitido a trámite la querella contra Atutxa, ya que, según dijo, fuentes "oficiales" del TSJPV les han comunicado que "hasta mañana a la tarde no habrá ninguna decisión que pueda ser comunicada" y que "cualquier filtración carece de fiabilidad".
El PNV, según Olabarria, entiende, además, que el CGPJ "se ha extralimitado en sus competencias" al indicar al presidente del TSJPV la formación de una Sala de Discordia. Destacó que, aunque la Sala estuviera bien configurada, "no puede tomar ninguna decisión" porque Atutxa y los otros dos miembros de la Mesa de la Cámara afectados, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, han recurrido ante el Tribunal Supremo la composición de la Sala.
Arzalluz y Olabarria explicaron las razones por las que el PNV discrepa de la decisión de la comisión disciplinaria del CGPJ de archivar la denuncia de este partido contra la magistrada Concepción Marco por el contenido de una ponencia pronunciada en la Fundación FAES. La comisión del CGPJ archivó la denuncia por entender que la magistrada expuso sus opiniones "en el libre ejercicio de su libertad de expresión" y no como juez, sino en su "condición de presidenta de la sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura en el País Vasco".