(Libertad Digital) Tras leer el informe del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales solicitó un estudio al Servicio Jurídico del Estado para averiguar qué es lo que estaba sucediendo en la FORCEM. No obstante, aquella primera noticia no era más que la punta del iceberg. Hubo de pasar un año para que se presentara la primera denuncia sobre presunta financiación ilegal de los sindicatos gracias a los fondos de la Fundación para la Formación Continua. Fue en Cádiz, donde el INEM detectó que los alumnos de un curso de hostelería habían recibido el diploma sin asistir siquiera a las clases.
Como consecuencia de la primera, la investigación empezó a ganar en profundidad y el sindicato minoritario Manos Limpias inició una campaña contra las grandes centrales sindicales, personándose incluso en algunas causas como acusación particular. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ahora pretende unir todas las demandas en una sola instrucción que se llevaría a cabo desde el juzgado número 3 de Instrucción de la Audiencia, dirigido por Teresa Palacios, estima que el fraude podría alcanzar el 15 por ciento de los 630 millones de euros recibidos de la UE sólo en 2001 .
Las primeras denuncias saltaron a los medios de comunicación coincidiendo con la huelga general del pasado 20-J. En aquella fecha, Cándido Méndez dijo estar tranquilo ante la investigación del presunto fraude porque “sabemos que la gestión ha sido correcta”. Aún así, reconoció su inquietud por el uso que “están haciendo algunos medios de comunicación” de documentación relativa a la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la gestión de los fondos con los que la Unión Europea y el Inem financian los cursos de formación impartidos por CCOO, UGT, la Central Intersindical Gallega y las patronales CEOE y CEPYME. Incluso llegó a afirmar que pensaba que toda esta polémica se estaba produciendo precisamente como consecuencia de la huelga del 20-J.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió tomar cartas en el asunto el pasado 27 de julio, aunque con el paréntesis veraniego su investigación en realidad comienza ahora. La confirmación de que la Fiscalía iba a empezar a investigar el caso de supuesta financiación ilegal de los sindicatos y la patronal a través de la FORCEM se produjo, además, justo antes de una reunión que celebraron aquel día los ministros Rodrigo Rato y Eduardo Zaplana con los líderes sindicales Cándido Méndez (UGT) y José María Fidalgo (CCOO).
El fraude, en toda España
La Fiscalía se hizo cargo de la investigación tras recibir, a primeros del mes de julio pasado, un informe de la Brigada de Investigación Económica y Financiera de la Policía, adscrita a la Seguridad Social, en el que se señalaba que, tras realizar un muestreo sobre el 5 por ciento de los cursos del INEM subvencionados por la UE en 2001, se habían detectado irregularidades en el 95 por ciento de ellos. La investigación se dirige contra los organizadores de estos cursos, organizaciones empresariales y federaciones de los sindicatos de UGT y CCOO, por los delitos de fraude a los intereses de la UE, apropiación indebida y falsedad documental, aunque por el momento no existe imputación contra ninguna persona determinada.
Las principales irregularidades denunciadas han sido fundamentalmente detectadas en Ciudad Real, Valencia, La Coruña y Cádiz, provincia esta última donde se vienen investigando desde 2000, aunque fuentes judiciales aseguraron entonces que el fraude podría alcanzar a prácticamente todas las comunidades autónomas. Debido a que la elevada cuantía del fraude podría repercutir a la economía nacional y a que los hechos investigados afectan a más de una Audiencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional dijo en julio que este tribunal es el competente para investigar los hechos denunciados y el caso recayó en el juzgado de instrucción número 3, dirigido por Teresa Palacios, que desde este mes de septiembre trabaja ya sobre el mismo.
En su informe a la Fiscalía, la Policía indicaba que otra de las irregularidades consistiría en que algunas de las empresas implicadas en el presunto fraude podrían haber sido creadas expresamente con ese objetivo y que realmente carecían de actividad y ni tenían empleados a su cargo ni alumnos a los que formar. Aunque la denuncia de la Fiscalía se circunscribe al año 2001, fuentes judiciales dijeron que podría ampliarse a otros años dependiendo de los resultados de la investigación. La Fiscalía, según las fuentes, ha pedido ya a la juez que cite a declarar como testigos a unas 50 personas, la mayoría sindicalistas o empresarios, y también a alumnos de los cursos en los que se han detectado irregularidades. Previsiblemente, Teresa Palacios acordará tales comparecencias en las próximas semanas.
Como consecuencia de la primera, la investigación empezó a ganar en profundidad y el sindicato minoritario Manos Limpias inició una campaña contra las grandes centrales sindicales, personándose incluso en algunas causas como acusación particular. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ahora pretende unir todas las demandas en una sola instrucción que se llevaría a cabo desde el juzgado número 3 de Instrucción de la Audiencia, dirigido por Teresa Palacios, estima que el fraude podría alcanzar el 15 por ciento de los 630 millones de euros recibidos de la UE sólo en 2001 .
Las primeras denuncias saltaron a los medios de comunicación coincidiendo con la huelga general del pasado 20-J. En aquella fecha, Cándido Méndez dijo estar tranquilo ante la investigación del presunto fraude porque “sabemos que la gestión ha sido correcta”. Aún así, reconoció su inquietud por el uso que “están haciendo algunos medios de comunicación” de documentación relativa a la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la gestión de los fondos con los que la Unión Europea y el Inem financian los cursos de formación impartidos por CCOO, UGT, la Central Intersindical Gallega y las patronales CEOE y CEPYME. Incluso llegó a afirmar que pensaba que toda esta polémica se estaba produciendo precisamente como consecuencia de la huelga del 20-J.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió tomar cartas en el asunto el pasado 27 de julio, aunque con el paréntesis veraniego su investigación en realidad comienza ahora. La confirmación de que la Fiscalía iba a empezar a investigar el caso de supuesta financiación ilegal de los sindicatos y la patronal a través de la FORCEM se produjo, además, justo antes de una reunión que celebraron aquel día los ministros Rodrigo Rato y Eduardo Zaplana con los líderes sindicales Cándido Méndez (UGT) y José María Fidalgo (CCOO).
El fraude, en toda España
La Fiscalía se hizo cargo de la investigación tras recibir, a primeros del mes de julio pasado, un informe de la Brigada de Investigación Económica y Financiera de la Policía, adscrita a la Seguridad Social, en el que se señalaba que, tras realizar un muestreo sobre el 5 por ciento de los cursos del INEM subvencionados por la UE en 2001, se habían detectado irregularidades en el 95 por ciento de ellos. La investigación se dirige contra los organizadores de estos cursos, organizaciones empresariales y federaciones de los sindicatos de UGT y CCOO, por los delitos de fraude a los intereses de la UE, apropiación indebida y falsedad documental, aunque por el momento no existe imputación contra ninguna persona determinada.
Las principales irregularidades denunciadas han sido fundamentalmente detectadas en Ciudad Real, Valencia, La Coruña y Cádiz, provincia esta última donde se vienen investigando desde 2000, aunque fuentes judiciales aseguraron entonces que el fraude podría alcanzar a prácticamente todas las comunidades autónomas. Debido a que la elevada cuantía del fraude podría repercutir a la economía nacional y a que los hechos investigados afectan a más de una Audiencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional dijo en julio que este tribunal es el competente para investigar los hechos denunciados y el caso recayó en el juzgado de instrucción número 3, dirigido por Teresa Palacios, que desde este mes de septiembre trabaja ya sobre el mismo.
En su informe a la Fiscalía, la Policía indicaba que otra de las irregularidades consistiría en que algunas de las empresas implicadas en el presunto fraude podrían haber sido creadas expresamente con ese objetivo y que realmente carecían de actividad y ni tenían empleados a su cargo ni alumnos a los que formar. Aunque la denuncia de la Fiscalía se circunscribe al año 2001, fuentes judiciales dijeron que podría ampliarse a otros años dependiendo de los resultados de la investigación. La Fiscalía, según las fuentes, ha pedido ya a la juez que cite a declarar como testigos a unas 50 personas, la mayoría sindicalistas o empresarios, y también a alumnos de los cursos en los que se han detectado irregularidades. Previsiblemente, Teresa Palacios acordará tales comparecencias en las próximas semanas.