LD (EFE) Los legisladores declararon "insanablemente nulas" las leyes de "Punto Final" y de "Obediencia Debida" tras una sesión de casi ocho horas, donde la mayoría de las bancadas se pronunciaron por borrar del ordenamiento jurídico esas dos controvertidas normas. La "histórica decisión", como afirmó el jefe del bloque de diputados del gobernante partido peronista, José María Díaz Bancalari, se corresponde con los deseos del presidente del país, Néstor Kirchner, de juzgar en Argentina a los represores de la última dictadura militar.
La sesión especial había sido convocada a petición del bloque de Izquierda Unida para debatir su propio proyecto de nulidad y los indultos concedidos por Carlos Menem en 1989 y 1990. Sin embargo y en una reuníón previa de coordinadores para tratar de asegurar una votación mayoritaria contra las "Leyes de impunidad", los bloques del peronismo y de los opositores Alternativa para República Igualitaria, Socialista e Izquierda Unida acorda, previo a la sesión, unificar sus diferentes proyectos de nulidad de las normas que beneficiaron a más de un millar y medio de policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
La votación fue a mano alzada. Con algunas excepciones, se pronunciaron por la nulidad los diputados del justicialismo y los de los partidos de centroizquierda e izquierda. Votaron en contra los legisladores de los partidos de derecha. Los radicales y el grupo de "menemistas" se abstuvieron, según relata el periódico argentino El Clarín . Los diputados acompañaron la declaración de nulidad con la aprobación del rango constitucional para la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ratificada por el presidente Néstor Kirchner.
La decisión de los diputados y la ratificación del Gobierno de la Convención Internacional sobre la no prescripción de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad constituyen un nuevo ajuste de tuerca en la presión política sobre la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre la validez de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. El constitucionalista Daniel Sabsay dijo que ahora "toda la responsabilidad recae ahora sobre la Corte", ya que "no puede desatender los claros mensajes del Ejecutivo y del Legislativo".
La nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, asunto que debe ser girado al Senado, deja abierta la posibilidad de reanudar los juicios por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen militar. "Esta decisión es política y es legítima porque coincide con el reclamo de la mayoría del pueblo argentino ", dijo durante la sesión la diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida, una de las más fervientes impulsoras de la anulación de las leyes de impunidad, como la denominan los organismos humanitarios.
El único diputado que sufrió el rechazo de sus colegas, y una llamada de atención del presidente de la Cámara Baja, Andrés Camaño, fue Ricardo Bussi, hijo del general retirado Antonio Domingo Bussi, uno de los procesados y requeridos por el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón. Bussi se opuso a la nulidad de las leyes que beneficiaron, entre otros, a su padre y sostuvo que la decisión parlamentaria no "devolverá los muertos a la señora (Estela) Carlotto", la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo que, en ese momento, se manifestaba junto con miles de personas frente al centenario y majestuoso edificio del Congreso argentino.
La sesión especial había sido convocada a petición del bloque de Izquierda Unida para debatir su propio proyecto de nulidad y los indultos concedidos por Carlos Menem en 1989 y 1990. Sin embargo y en una reuníón previa de coordinadores para tratar de asegurar una votación mayoritaria contra las "Leyes de impunidad", los bloques del peronismo y de los opositores Alternativa para República Igualitaria, Socialista e Izquierda Unida acorda, previo a la sesión, unificar sus diferentes proyectos de nulidad de las normas que beneficiaron a más de un millar y medio de policías y militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
La votación fue a mano alzada. Con algunas excepciones, se pronunciaron por la nulidad los diputados del justicialismo y los de los partidos de centroizquierda e izquierda. Votaron en contra los legisladores de los partidos de derecha. Los radicales y el grupo de "menemistas" se abstuvieron, según relata el periódico argentino El Clarín . Los diputados acompañaron la declaración de nulidad con la aprobación del rango constitucional para la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ratificada por el presidente Néstor Kirchner.
La decisión de los diputados y la ratificación del Gobierno de la Convención Internacional sobre la no prescripción de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad constituyen un nuevo ajuste de tuerca en la presión política sobre la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver sobre la validez de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. El constitucionalista Daniel Sabsay dijo que ahora "toda la responsabilidad recae ahora sobre la Corte", ya que "no puede desatender los claros mensajes del Ejecutivo y del Legislativo".
La nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, asunto que debe ser girado al Senado, deja abierta la posibilidad de reanudar los juicios por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen militar. "Esta decisión es política y es legítima porque coincide con el reclamo de la mayoría del pueblo argentino ", dijo durante la sesión la diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida, una de las más fervientes impulsoras de la anulación de las leyes de impunidad, como la denominan los organismos humanitarios.
El único diputado que sufrió el rechazo de sus colegas, y una llamada de atención del presidente de la Cámara Baja, Andrés Camaño, fue Ricardo Bussi, hijo del general retirado Antonio Domingo Bussi, uno de los procesados y requeridos por el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón. Bussi se opuso a la nulidad de las leyes que beneficiaron, entre otros, a su padre y sostuvo que la decisión parlamentaria no "devolverá los muertos a la señora (Estela) Carlotto", la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo que, en ese momento, se manifestaba junto con miles de personas frente al centenario y majestuoso edificio del Congreso argentino.