L D (EFE) La portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Esperanza Aguirre, ha repasado la crisis de la Asamblea de Madrid al cumplirse la cuarta semana de comparecencias ante la comisión de investigación, creada para aclarar las causas que llevaron a dos diputados socialistas, Eduardo Tamayo y Maite Sáez, a romper la disciplina de voto el pasado 10 de junio, durante la constitución de la Cámara. Para Aguirre, lo más grave que se ha puesto de manifiesto hasta ahora es que "en España existe el espionaje telefónico a los partidos políticos", cuestión que el PP incorporará como una de sus principales conclusiones al dictamen que se someterá a la aprobación del pleno.
"Mi teléfono ha sido objeto de espionaje por parte de dos empleados desleales de Telefónica", subrayó la portavoz del PP, según se puso de manifiesto en la comparecencia de un alto directivo de Telefónica Móviles, Pablo González, que desveló que "se ha espiado al PP regional" de Madrid. Los dos presuntos responsables de ese espionaje, despedidos de la compañía, han sido citados a declarar ante la comisión, porque "lo que hay que saber es si el Partido Socialista está detrás de estos señores, si han percibido algo a cambio de usar sus códigos absolutamente secretos" y si lo han hecho "por dinero o por razones políticas".
La portavoz del Partido Popular recordó, en declaraciones a Efe , que su formación se ha personado en la querella que Telefónica tiene en el juzgado numero 27 contra estos empleados despedidos y no descartó hacerlo ella misma, "como Esperanza Aguirre, si se pone de manifiesto que me han espiado personalmente". También subrayó que "queremos saber si el Partido Socialista está detrás de esto porque, de ser así, sería el caso mas grave de espionaje político que ha tenido lugar en España".
Se confirma la crisis del PSOE en Madrid
Aguirre añadió que "lo que no se ha podido demostrar, y que será también una conclusión", es que "no existe ni una sola relación del PP con la actitud de estos señores (Tamayo y Sáez) y mucho menos con los delitos de soborno y cohecho", como inicialmente les imputó el PSOE. Además, la comisión ha puesto de manifiesto que "en la FSM existen corrientes organizadas y en concreto una llamada Renovadores por la Base a la que, a cambio de que Trinidad Jiménez no tuviera que enfrentarse a unas primarias con Joaquín Leguina, se le había prometido un cierto porcentaje de participación, tanto en las listas como el gobierno regional".
Sin embargo, ese porcentaje "fue imposible de cumplir en el caso del gobierno en el momento en que perdieron las elecciones y tuvieron que darle un peso importante a IU". Esas "luchas fratricidas han dado lugar a problemas en muchos municipios, a problemas internos en la FSM y están detrás de la actitud" de Tamayo y Sáez, concluyó Aguirre. Sobre la posibilidad de que la ciudadanía saque conclusiones negativas sobre la actividad política por casos como el de la Comunidad de Madrid o el de Marbella, Aguirre dijo que "decir que todos los políticos son iguales de corruptos es un lenguaje peligroso, prefascista, usado por Mussolini en 1922 para traerse a toda Italia tras de sí".
"La inmensa mayoría de los políticos que he conocido, de todas las ideologías –continuó Aguirre–, son personas honradas", aunque subrayó que eso no le impide decir que Rafael Simancas "ha actuado con una irresponsabilidad absoluta" al "echarle la culpa al adversario político" en lugar de averiguar "qué hay detrás de la actitud de Tamayo y Sáez". Para la portavoz del Grupo Popular, "el deseo de no asumir responsabilidades no se puede ocultar bajo el infantilismo de echarle la culpa a otro". La enseñanza positiva de esta crisis, a su juicio, es que el PP está "unido, cohesionado, que ha gobernado durante ocho años y que no lo habrá hecho tan mal porque hemos sido el partido preferido por los madrileños con el 46,7 por ciento de los votos"
El pacto de Simancas con AGECOVI
Sobre el acuerdo preelectoral del candidato socialista, Rafael Simancas, con la asociación de gestoras de cooperativas (AGECOVI) para construir 50.000 viviendas, Aguirre opinó que "no tiene precedente en la política democrática española que un candidato se comprometa a adjudicar suelo público directamente o a través de consorcios urbanísticos a una asociación de empresas". Aguirre subrayó que esa asociación de empresas, "revestidas de un manto de pureza y bondad porque son cooperativas", son sociedades anónimas que "gestionan cooperativas con fin de lucro" y, "por cada vivienda, esas gestoras se llevan un millón de pesetas: por 50.000 viviendas, 50.000 millones de pesetas, como mínimo".
No obstante, reconoció que debe hacer "autocrítica" porque durante la campaña no denunció ese pacto público de Simancas con AGECOVI, ya que se dedicó a explicar su programa con propuestas positivas y "tendría que haber dedicado más tiempo a una campaña dialéctica de confrontación".
"Mi teléfono ha sido objeto de espionaje por parte de dos empleados desleales de Telefónica", subrayó la portavoz del PP, según se puso de manifiesto en la comparecencia de un alto directivo de Telefónica Móviles, Pablo González, que desveló que "se ha espiado al PP regional" de Madrid. Los dos presuntos responsables de ese espionaje, despedidos de la compañía, han sido citados a declarar ante la comisión, porque "lo que hay que saber es si el Partido Socialista está detrás de estos señores, si han percibido algo a cambio de usar sus códigos absolutamente secretos" y si lo han hecho "por dinero o por razones políticas".
La portavoz del Partido Popular recordó, en declaraciones a Efe , que su formación se ha personado en la querella que Telefónica tiene en el juzgado numero 27 contra estos empleados despedidos y no descartó hacerlo ella misma, "como Esperanza Aguirre, si se pone de manifiesto que me han espiado personalmente". También subrayó que "queremos saber si el Partido Socialista está detrás de esto porque, de ser así, sería el caso mas grave de espionaje político que ha tenido lugar en España".
Se confirma la crisis del PSOE en Madrid
Aguirre añadió que "lo que no se ha podido demostrar, y que será también una conclusión", es que "no existe ni una sola relación del PP con la actitud de estos señores (Tamayo y Sáez) y mucho menos con los delitos de soborno y cohecho", como inicialmente les imputó el PSOE. Además, la comisión ha puesto de manifiesto que "en la FSM existen corrientes organizadas y en concreto una llamada Renovadores por la Base a la que, a cambio de que Trinidad Jiménez no tuviera que enfrentarse a unas primarias con Joaquín Leguina, se le había prometido un cierto porcentaje de participación, tanto en las listas como el gobierno regional".
Sin embargo, ese porcentaje "fue imposible de cumplir en el caso del gobierno en el momento en que perdieron las elecciones y tuvieron que darle un peso importante a IU". Esas "luchas fratricidas han dado lugar a problemas en muchos municipios, a problemas internos en la FSM y están detrás de la actitud" de Tamayo y Sáez, concluyó Aguirre. Sobre la posibilidad de que la ciudadanía saque conclusiones negativas sobre la actividad política por casos como el de la Comunidad de Madrid o el de Marbella, Aguirre dijo que "decir que todos los políticos son iguales de corruptos es un lenguaje peligroso, prefascista, usado por Mussolini en 1922 para traerse a toda Italia tras de sí".
"La inmensa mayoría de los políticos que he conocido, de todas las ideologías –continuó Aguirre–, son personas honradas", aunque subrayó que eso no le impide decir que Rafael Simancas "ha actuado con una irresponsabilidad absoluta" al "echarle la culpa al adversario político" en lugar de averiguar "qué hay detrás de la actitud de Tamayo y Sáez". Para la portavoz del Grupo Popular, "el deseo de no asumir responsabilidades no se puede ocultar bajo el infantilismo de echarle la culpa a otro". La enseñanza positiva de esta crisis, a su juicio, es que el PP está "unido, cohesionado, que ha gobernado durante ocho años y que no lo habrá hecho tan mal porque hemos sido el partido preferido por los madrileños con el 46,7 por ciento de los votos"
El pacto de Simancas con AGECOVI
Sobre el acuerdo preelectoral del candidato socialista, Rafael Simancas, con la asociación de gestoras de cooperativas (AGECOVI) para construir 50.000 viviendas, Aguirre opinó que "no tiene precedente en la política democrática española que un candidato se comprometa a adjudicar suelo público directamente o a través de consorcios urbanísticos a una asociación de empresas". Aguirre subrayó que esa asociación de empresas, "revestidas de un manto de pureza y bondad porque son cooperativas", son sociedades anónimas que "gestionan cooperativas con fin de lucro" y, "por cada vivienda, esas gestoras se llevan un millón de pesetas: por 50.000 viviendas, 50.000 millones de pesetas, como mínimo".
No obstante, reconoció que debe hacer "autocrítica" porque durante la campaña no denunció ese pacto público de Simancas con AGECOVI, ya que se dedicó a explicar su programa con propuestas positivas y "tendría que haber dedicado más tiempo a una campaña dialéctica de confrontación".