L D (EFE) Estas, junto a la posible disolución del Ayuntamiento y exigirle al equipo de gobierno marbellí el cumplimiento estricto de la legalidad urbanística vigente –el PGOU de 1986–, fueron las conclusiones de la reunión que mantuvieron hoy en el Parlamento andaluz delegaciones de los tres partidos. Los representantes de las tres formaciones fueron tajantes en conferencia de prensa al asegurar que no habrá margen de confianza ni de tiempo, ni negociación de ningún tipo con el Ayuntamiento que desde el 13 agosto es gobernado por ocho tránsfugas del GIL, tres expulsados del PSOE y otros tres del PA, y quitó la Alcaldía a Julián Muñoz, sustituido por Marisol Yagüe (ex GIL).
Tras destacar el gran clima de entendimiento que hubo en su primera reunión, los dirigentes de las tres formaciones expresaron su firme voluntad de encontrar una salida en la reunión que mantendrán el próximo lunes, para lo que no descartan la disolución del Ayuntamiento marbellí, si bien coincidieron en que paralelamente la Junta y el Gobierno deben elaborar sendos informes jurídicos, económicos y urbanísticos que evalúen el cumplimiento de los intereses generales y de las obligaciones constitucionales de la corporación marbellí. Todo quedará pendiente de la firma de un acuerdo que previsiblemente rubricarán el próximo lunes los tres partidos y en el que se incluyen otras medidas y para las que, según el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, "no se descarta recurrir a ninguna institución".
Entre ellas, los partidos estudiarán las posibilidades que recoge el Estatuto de Autonomía para aplicar mecanismos de tutela por parte de la Junta e intervenir en determinadas materias, como el Urbanismo, aunque prevén además crear en el Parlamento andaluz una comisión de investigación que investigue las "sucias" motivaciones de la moción de censura. "No tenemos ninguna confianza" en que el Ayuntamiento marbellí cumpla la legalidad, su alcaldesa "está imputada" y "estaremos muy vigilantes" después de que la Junta haya recurrido "más de 300" convenios urbanísticos, afirmó el secretario de Organización del PSOE-A, Luis Pizarro, quien destacó el "alto grado" de entendimiento.
El popular Antonio Sanz, por su parte, insistió en no habrá ningún plazo para el Ayuntamiento y en que "tenemos la obligación de quitarle cualquier margen de esperanza" al equipo municipal de gobierno. Ante las actitudes "especulativas, de presunta corrupción y la presencia de Jesús Gil en toda la operación", el dirigente popular optó por ser "beligerante", por averiguar que hay detrás de la moción y tomar "decisiones de calado en todo tipo de instancias".
El responsable de Comunicación del PA, Javier Aroca, se congratuló de que las tres formaciones hayan dejado al margen los intereses partidistas, al tratarse -dijo- de un problema de Estado, y se mostró partidario de buscar una solución que garantice el interés general. "Estoy convencido de que si la reunión se hubiera producido antes del 13 de agosto, como propuso el PA, igual no se habría producido la moción de censura", indicó.
Tras destacar el gran clima de entendimiento que hubo en su primera reunión, los dirigentes de las tres formaciones expresaron su firme voluntad de encontrar una salida en la reunión que mantendrán el próximo lunes, para lo que no descartan la disolución del Ayuntamiento marbellí, si bien coincidieron en que paralelamente la Junta y el Gobierno deben elaborar sendos informes jurídicos, económicos y urbanísticos que evalúen el cumplimiento de los intereses generales y de las obligaciones constitucionales de la corporación marbellí. Todo quedará pendiente de la firma de un acuerdo que previsiblemente rubricarán el próximo lunes los tres partidos y en el que se incluyen otras medidas y para las que, según el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, "no se descarta recurrir a ninguna institución".
Entre ellas, los partidos estudiarán las posibilidades que recoge el Estatuto de Autonomía para aplicar mecanismos de tutela por parte de la Junta e intervenir en determinadas materias, como el Urbanismo, aunque prevén además crear en el Parlamento andaluz una comisión de investigación que investigue las "sucias" motivaciones de la moción de censura. "No tenemos ninguna confianza" en que el Ayuntamiento marbellí cumpla la legalidad, su alcaldesa "está imputada" y "estaremos muy vigilantes" después de que la Junta haya recurrido "más de 300" convenios urbanísticos, afirmó el secretario de Organización del PSOE-A, Luis Pizarro, quien destacó el "alto grado" de entendimiento.
El popular Antonio Sanz, por su parte, insistió en no habrá ningún plazo para el Ayuntamiento y en que "tenemos la obligación de quitarle cualquier margen de esperanza" al equipo municipal de gobierno. Ante las actitudes "especulativas, de presunta corrupción y la presencia de Jesús Gil en toda la operación", el dirigente popular optó por ser "beligerante", por averiguar que hay detrás de la moción y tomar "decisiones de calado en todo tipo de instancias".
El responsable de Comunicación del PA, Javier Aroca, se congratuló de que las tres formaciones hayan dejado al margen los intereses partidistas, al tratarse -dijo- de un problema de Estado, y se mostró partidario de buscar una solución que garantice el interés general. "Estoy convencido de que si la reunión se hubiera producido antes del 13 de agosto, como propuso el PA, igual no se habría producido la moción de censura", indicó.