L D (N. G. Mostazo) El dictamen definitivo de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, elaborado por el Partido Popular y aprobado en la Comisión pero posteriormente rechazado en el Pleno celebrado este lunes, dedica varias páginas al caso del espionaje telefónico detectado en la Comunidad de Madrid tras la fuga de los diputados Eduardo Tamayo y Maite Sáez el pasado 10 de junio. El documento recuerda cómo, el pasado 29 de junio, “en medio del debate de investidura” al que se presentó Rafael Simancas, “los medios de comunicación nos mostraron las listas de llamadas del abogado con el que había hablado el señor Tamayo”, en referencia a la lista de llamadas cruzadas entre Tamayo y el abogado José Esteban Verdes, marido de Paloma García Romero, concejal del Ayuntamiento de Madrid en el equipo de Alberto Ruiz Gallardón.
El documento subraya a continuación que, “desde el primer momento, todos pensamos que haber accedido a esas listas y haberlas filtrado a la prensa era el producto de alguna acción irregular, sino delictiva”. Pero, “a pesar de que era evidente el turbio origen de esas listas, el PSOE las aprovechó para incidir una y otra vez en la teoría de que el PP estaba detrás de esa legendaria trama y todavía hoy sigue siendo el máximo argumento para demostrar que los diputados Tamayo y Sáez estaban encantados con el reparto de poder que había planeado Simancas y que abandonaron la disciplina de su partido porque algún pérfido constructor, compinche del PP, les había comprado. Todo esto –continúa el texto del dictamen–, según el guión de la novela que ha escrito el PSOE, y a pesar de que ha sido desautorizado dos veces por el mismísimo Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.
Alerta: alguien tiene esas llamadas
El dictamen, al que tuvo acceso en exclusiva Libertad Digital y que finalmente no fue aprobado porque PSOE, Izquierda Unida y Grupo Mixto (Tamayo y Sáez) votaron en contra, recuerda a continuación la comparecencia ante la Comisión de Investigación de Pablo González, un directivo de Telefónica Móviles, quien reconoció, “en sede parlamentaria y con la solemnidad que tiene una deposición ante una Comisión de Investigación”, que “los teléfonos de los dos partidos más importantes de Madrid (concretamente se refirió a PP regional de Madrid y PSOE-Progresistas, además del teléfono del abogado José Esteban Verdes) habían sido espiados y, por consiguiente, que todas las llamadas efectuadas desde las centralitas y los móviles que esos partidos pagan –continúa el documento– obran en poder de no se sabe quién para ser utilizadas no se sabe cómo ni cuando”.
No obstante, el Partido Popular sospecha que ese “no se sabe quién” es, en realidad, el PSOE. Así, en su dictamen argumenta que el PP “reaccionó inmediatamente y se personó en la causa” que se sigue en los tribunales contra los dos empleados de Telefónica Móviles acusados “de violar la intimidad de las comunicaciones”. Sin embargo, el documento destaca cómo “la reacción del PSOE no ha podido ser más significativa”, ya que, “pese a haber escuchado en sede parlamentaria que sus teléfonos han sido espiados, éste es el momento en el que el Partido Socialista no ha iniciado ninguna acción y en el que sus dirigentes no han hecho ni la menor declaración condenando ese hecho que, lógicamente, debería tenerles preocupados”, dice el dictamen. Por todos estos motivos, el Partido Popular concluye que “ese extraño comportamiento del PSOE sólo tiene una respuesta lógica: que esos datos no obran en poder de ningún extraño, sino en su propio poder”.
El dictamen del Partido Popular concluye afirmando que, “con su actuación, el PSOE ha demostrado que, cuando se trata de defender sus intereses, no dudan en atropellar un derecho tan fundamental como el de la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas” y que, con su difusión, “quien lo autorizase” ha podido cometer “un delito penal”.
El documento subraya a continuación que, “desde el primer momento, todos pensamos que haber accedido a esas listas y haberlas filtrado a la prensa era el producto de alguna acción irregular, sino delictiva”. Pero, “a pesar de que era evidente el turbio origen de esas listas, el PSOE las aprovechó para incidir una y otra vez en la teoría de que el PP estaba detrás de esa legendaria trama y todavía hoy sigue siendo el máximo argumento para demostrar que los diputados Tamayo y Sáez estaban encantados con el reparto de poder que había planeado Simancas y que abandonaron la disciplina de su partido porque algún pérfido constructor, compinche del PP, les había comprado. Todo esto –continúa el texto del dictamen–, según el guión de la novela que ha escrito el PSOE, y a pesar de que ha sido desautorizado dos veces por el mismísimo Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.
Alerta: alguien tiene esas llamadas
El dictamen, al que tuvo acceso en exclusiva Libertad Digital y que finalmente no fue aprobado porque PSOE, Izquierda Unida y Grupo Mixto (Tamayo y Sáez) votaron en contra, recuerda a continuación la comparecencia ante la Comisión de Investigación de Pablo González, un directivo de Telefónica Móviles, quien reconoció, “en sede parlamentaria y con la solemnidad que tiene una deposición ante una Comisión de Investigación”, que “los teléfonos de los dos partidos más importantes de Madrid (concretamente se refirió a PP regional de Madrid y PSOE-Progresistas, además del teléfono del abogado José Esteban Verdes) habían sido espiados y, por consiguiente, que todas las llamadas efectuadas desde las centralitas y los móviles que esos partidos pagan –continúa el documento– obran en poder de no se sabe quién para ser utilizadas no se sabe cómo ni cuando”.
No obstante, el Partido Popular sospecha que ese “no se sabe quién” es, en realidad, el PSOE. Así, en su dictamen argumenta que el PP “reaccionó inmediatamente y se personó en la causa” que se sigue en los tribunales contra los dos empleados de Telefónica Móviles acusados “de violar la intimidad de las comunicaciones”. Sin embargo, el documento destaca cómo “la reacción del PSOE no ha podido ser más significativa”, ya que, “pese a haber escuchado en sede parlamentaria que sus teléfonos han sido espiados, éste es el momento en el que el Partido Socialista no ha iniciado ninguna acción y en el que sus dirigentes no han hecho ni la menor declaración condenando ese hecho que, lógicamente, debería tenerles preocupados”, dice el dictamen. Por todos estos motivos, el Partido Popular concluye que “ese extraño comportamiento del PSOE sólo tiene una respuesta lógica: que esos datos no obran en poder de ningún extraño, sino en su propio poder”.
El dictamen del Partido Popular concluye afirmando que, “con su actuación, el PSOE ha demostrado que, cuando se trata de defender sus intereses, no dudan en atropellar un derecho tan fundamental como el de la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas” y que, con su difusión, “quien lo autorizase” ha podido cometer “un delito penal”.