LD (EFE) El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha dicho en conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la decisión de no secundar la solicitud del juez Baltasar Garzón tiene como base el artículo 11 del acuerdo de extradición y asistencia judicial en materia penal entre España y Argentina. Ese artículo, recordó Rajoy, prevé como causa de denegación de extradición la de que los tribunales de la parte requerida sean competentes conforme a su propia ley para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición.
Garzón propuso al Gobierno español el pasado 19 de agosto que solicitara a Argentina esas extradiciones, en la causa que ese magistrado instruye desde la Audiencia Nacional de España contra 39 ex militares y un civil ya reclamados por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la dictadura (1976-1983). El magistrado consideró entonces que "sería una gravísima imprudencia, además de una desidia difícilmente justificable" no pedir las extradiciones porque el Congreso argentino hubiera decidido la nulidad de las leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida", que suponían la impunidad para los militares involucrados en esos actos.
El vicepresidente del Gobierno español dijo que cuando se cometen determinados delitos en un país y "es posible que se juzguen allí, debe hacerse en ese país. Eso es el principio de territorialidad". Rajoy explicó también que como las dos cámaras del Parlamento argentino consideraron nulas esas leyes, ahora es de esperar el enjuiciamiento de esas personas en su país, al tiempo que aludió a las manifestaciones que en ese sentido han hecho en las últimas semanas las autoridades de Argentina, como su presidente, Néstor Kirchner.
Entre los reclamados por Garzón figuraban el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil, así como los ex miembros de las Juntas Militares Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, el miembro de la Policía Aeronaútica Ernesto Weber y el ex integrante de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic, quien intentó suicidarse al saber que se había ordenado su arresto. También pedía la entrega del marino retirado Alfredo Astiz, conocido como "el ángel de la muerte", Jorge Isaac Anaya, Antonio Domingo Bussi, Carlos Capdevilla, Carlos Daviou, Adolfo Donda Tigel, Armando Lambruschini, Basilio Lami Dozo, Luis María Mendía, Carlos José Pazo, Antonio Pernías, Jorge Perrén y Pablo García Velazco,
Completaban la lista Omar Domingo Rubens, Hector Mario Schwab, Julio César Coronel, Juan Carlos Trimarco, Albino Zimmermann, Augusto Neme, Luciano Menéndez, Ramón Díaz Bessone, Jorge Olivera y Roberto Heriberto Albornoz.
Garzón propuso al Gobierno español el pasado 19 de agosto que solicitara a Argentina esas extradiciones, en la causa que ese magistrado instruye desde la Audiencia Nacional de España contra 39 ex militares y un civil ya reclamados por delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la dictadura (1976-1983). El magistrado consideró entonces que "sería una gravísima imprudencia, además de una desidia difícilmente justificable" no pedir las extradiciones porque el Congreso argentino hubiera decidido la nulidad de las leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida", que suponían la impunidad para los militares involucrados en esos actos.
El vicepresidente del Gobierno español dijo que cuando se cometen determinados delitos en un país y "es posible que se juzguen allí, debe hacerse en ese país. Eso es el principio de territorialidad". Rajoy explicó también que como las dos cámaras del Parlamento argentino consideraron nulas esas leyes, ahora es de esperar el enjuiciamiento de esas personas en su país, al tiempo que aludió a las manifestaciones que en ese sentido han hecho en las últimas semanas las autoridades de Argentina, como su presidente, Néstor Kirchner.
Entre los reclamados por Garzón figuraban el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil, así como los ex miembros de las Juntas Militares Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, el miembro de la Policía Aeronaútica Ernesto Weber y el ex integrante de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic, quien intentó suicidarse al saber que se había ordenado su arresto. También pedía la entrega del marino retirado Alfredo Astiz, conocido como "el ángel de la muerte", Jorge Isaac Anaya, Antonio Domingo Bussi, Carlos Capdevilla, Carlos Daviou, Adolfo Donda Tigel, Armando Lambruschini, Basilio Lami Dozo, Luis María Mendía, Carlos José Pazo, Antonio Pernías, Jorge Perrén y Pablo García Velazco,
Completaban la lista Omar Domingo Rubens, Hector Mario Schwab, Julio César Coronel, Juan Carlos Trimarco, Albino Zimmermann, Augusto Neme, Luciano Menéndez, Ramón Díaz Bessone, Jorge Olivera y Roberto Heriberto Albornoz.