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Zapatero, criticado dentro y fuera del PSOE ante su "acuerdo de mínimos" sobre el modelo de Estado

El modelo de Estado diseñado por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, no parece contentar a los "barones" del PSOE, ni a los nacionalistas, ni al Gobierno. Al margen de las primeras declaraciones "en caliente", las críticas "en frío" empiezan a producirse en cadena.

L D (Agencias) El modelo de Estado diseñado por José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE, y aprobado por unanimidad en el Consejo Territorial de su partido, celebrado en la localidad cántabra de Santillana del Mar, ya empieza a provocar las primeras críticas, unas porque se queda corto, otras porque fija un horizonte inaceptable y, las más, porque se trata de un “acuerdo de mínimos” cocinado para celebrar un acto de diseño y demostrar que el PSOE está cohesionado ante las próximas elecciones, aunque el acto apenas tuvo cobertura informativa en la prensa porque la sucesión de Aznar consiguió eclipsar cualquier otra noticia que se produjese este fin de semana.

Desde su propio partido, el presidente del PSC, Pasqual Maragall, ha dicho que esta “cumbre del norte” del PSOE servirá para “echar a andar” el proyecto que tiene entre manos: la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aunque el documento ni siquiera hace una mención genérica a Cataluña. En una entrevista publicada este domingo por El Periódico , Maragall dice que la reunión satisface sus expectativas porque ha logrado “el respaldo de los líderes socialistas a un documento que es una clara apuesta por la España plural”. No obstante, también ha reiterado su independencia con respecto a Zapatero, al afirmar que el PSC y el PSOE representan una realidad diferente, “coincidente en algunas cosas y amiga, pero distinta”.

Bono, en contra; Pujol, con otro horizonte

Por su parte, el presidente de Castilla La Mancha, José Bono, fue el que se mostró abiertamente más en contra del rediseño del modelo de Estado que estudiaron en Santillana del Mar. Además del gesto de mirar para otro lado cuando Zapatero resumía ante la prensa los resultados de su “cumbre del norte”, Bono hizo unas declaraciones afirmando que “nuestra prioridad debe ser la lucha contra las desigualdades, antes que el reparto territorial del poder o la defensa de las identidades diferenciadoras”. Según Bono, “los ciudadanos están más preocupados por la sanidad, el empleo o la educación que por las reformas de los estatutos”. “España, ni está en ruinas ni en obras”, dijo el presidente castellano-manchego, para afirmar que, “por eso, no veo que se precise una reforma generalizada de estatutos. Las regiones que crean necesaria una reforma –continuó–, que la propongan”, aunque sólo si su objetivo pasa por “mejorar el bienestar de sus ciudadanos”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, en declaraciones al diario gerundense El Punt , ha dicho este domingo que Cataluña tiene que obtener un nuevo Estatuto “mucho más ambicioso del que tenemos”, porque el actual “se nos ha quedado pequeño”. A pesar de la aparente coincidencia con las ideas promovidas por el PSOE y concretamente en Cataluña por Pasqual Maragall, Pujol sin embargo marca distancias y pone su objetivo todavía mucho más allá, al afirmar que los socialistas proponen que “cualquier cosa que se haga se debe hacer para todo el mundo”, es decir, que se acometan reformas que afecten a todas las autonomías, algo que Pujol piensa que es difícil porque “la autonomía que nosotros queremos no es la que quieren los otros”.

Tampoco le ha gustado el plan al coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que ha criticado el proyecto del PSOE calificándolo de "acomplejado" y "excesivamente tímido". A su juicio, se trata de una propuesta útil "a nivel interno, para lograr el consenso entre los barones", pero no a nivel externo. "En el documento se abandonan las concepciones federalistas, lo que supone un retroceso para líderes como Pasqual Maragall, que ahora casi se verá más representado por las tesis de IU que por las de su partido", añadió Llamazares, para subrayar que el documento es "alicorto" y destacar que IU "ha quedado como la única fuerza a nivel estatal que defiende un modelo federal, y la única formación capaz de presentar una solución real al equilibrio autonómico".

PP y Gobierno, en contra

Desde el PP, cuyos líderes ya venían criticando en los últimos días las propuestas de Zapatero respecto al modelo de Estado, el secretario general de los populares , Javier Arenas, ha comparado a su partido, “serio y cohesionado”, con el PSOE, que da una “imagen vinculada a la insolvencia, la irresponsabilidad y la incompetencia”. Arenas, que intervino en Málaga en un acto del PP antes de acudir a Madrid para almorzar con Aznar y conocer el nombre del sucesor de su partido, dijo que el modelo del Estado de las Autonomías “fue un pacto de convivencia hace 25 años” y “tiene que seguir siendo la clave de la prosperidad política, económica y social”. Arenas no ahorró críticas para los dirigentes del PSOE, y especialmente para Maragall, por decir que los Estatutos “son enormes disposiciones transitorias”, afirmando que el texto constitucional fue “un gran acierto colectivo” sin el que “no podríamos hablar nunca de la España de 2003”.

En el mismo sentido, y posiblemente para acallar las afirmaciones del PSOE, el Ministerio de Administraciones Públicas, dirigido por Javier Arenas, ha difundido este domingo un informe, con fecha del pasado mes de abril, que confirma cómo el proceso de trasferencias a las Comunidades Autónomas, iniciado hace ahora más de veinte años, aún no ha concluido, pero está a punto de hacerlo. Según este informe, divulgado a través de la agencia Efe , apenas un 4 por ciento de las competencias aún no se han traspasado a las autonomías. En concreto, sólo falta por transferirse la Justicia, por cuestiones fundamentalmente de presupuesto y burocráticas, en el caso de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja. También falta por transferirse al País Vasco las políticas activas de empleo, pero este es un contencioso concreto en el que el Gobierno autonómico y el Gobierno central aún no se han puesto de acuerdo en los últimos tres años.

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