L D (EFE) Así lo afirma la Fiscalía en un escrito de nueve folios remitido a la Sala Especial del Tribunal Supremo (TS) y hecho público este jueves, en el que, al igual que hizo el miércoles la Abogacía del Estado, solicita al Supremo que declare "nulos de pleno derecho" los actos y disposiciones adoptadas por la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara de Vitoria con la finalidad de eludir la disolución de SA. El escrito es la respuesta de la Fiscalía a la providencia dictada el pasado 15 de julio por la también conocida Sala del 61, en la que ésta solicitaba a las partes personadas -Abogacía del Estado, Batasuna, y a la propia Fiscalía- que se pronunciaran sobre la "posible nulidad" de los citados actos.
"Se ha incurrido en un fraude de ley (...) para enmascarar o tratar de justificar una clara oposición a dar cumplimiento a una resolución firma de la Sala (...), lo que determina que los referidos actos (...) sean nulos de pleno derecho", afirma la Fiscalía. Asimismo, el escrito matiza que "el Grupo, disuelto por la Sala, carece por consiguiente, de existencia legal, y en consecuencia", sus siete parlamentarios "uno de ellos, –según se recuerda–, en paradero desconocido ("Josu Ternera") necesariamente, como mera consecuencia, han de integrarse en el Grupo Mixto". La Fiscalía recuerda el escrito remitido por el presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, al TS, el pasado 9 de junio, donde informaba de la "imposibilidad" de esta institución de disolver el citado grupo.
Tal afirmación se producía después de que la Junta de Portavoces no aprobara una propuesta de resolución elaborado por él que establecía el paso al grupo mixto de los parlamentarios de un grupo cuyo partido político hubiera sido suspendido o disuelto por sentencia o resolución firme, sin incluir ninguna referencia expresa a SA, y que había sido sin embargo previamente aprobado por la Mesa de la Cámara de Vitoria. "El requerimiento recibido -para disolver SA- era claro y carente de ambigüedades", recuerda la Fiscalía, que critica el interés "dilatorio" del Parlamento vasco y considera que a Atutxa y a los miembros de la Mesa no les corresponde otra "posible conducta que la de materializar la disolución legalmente acordada" de SA.
Una vez recibidos los escritos de las tres partes personadas en la causa, la Sala Especial del TS tendrá que reunirse en una fecha todavía no fijada para decidir si procede o no decretar la nulidad de pleno derecho de los actos y disposiciones de los citados actos y disposiciones.
"Se ha incurrido en un fraude de ley (...) para enmascarar o tratar de justificar una clara oposición a dar cumplimiento a una resolución firma de la Sala (...), lo que determina que los referidos actos (...) sean nulos de pleno derecho", afirma la Fiscalía. Asimismo, el escrito matiza que "el Grupo, disuelto por la Sala, carece por consiguiente, de existencia legal, y en consecuencia", sus siete parlamentarios "uno de ellos, –según se recuerda–, en paradero desconocido ("Josu Ternera") necesariamente, como mera consecuencia, han de integrarse en el Grupo Mixto". La Fiscalía recuerda el escrito remitido por el presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, al TS, el pasado 9 de junio, donde informaba de la "imposibilidad" de esta institución de disolver el citado grupo.
Tal afirmación se producía después de que la Junta de Portavoces no aprobara una propuesta de resolución elaborado por él que establecía el paso al grupo mixto de los parlamentarios de un grupo cuyo partido político hubiera sido suspendido o disuelto por sentencia o resolución firme, sin incluir ninguna referencia expresa a SA, y que había sido sin embargo previamente aprobado por la Mesa de la Cámara de Vitoria. "El requerimiento recibido -para disolver SA- era claro y carente de ambigüedades", recuerda la Fiscalía, que critica el interés "dilatorio" del Parlamento vasco y considera que a Atutxa y a los miembros de la Mesa no les corresponde otra "posible conducta que la de materializar la disolución legalmente acordada" de SA.
Una vez recibidos los escritos de las tres partes personadas en la causa, la Sala Especial del TS tendrá que reunirse en una fecha todavía no fijada para decidir si procede o no decretar la nulidad de pleno derecho de los actos y disposiciones de los citados actos y disposiciones.