LD (EFE) El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Argentina podrían alcanzar un acuerdo en pocos días que permita al país austral hacer frente a los pagos de su deuda, según ha dicho este miércoles Thomas Dawson, director de relaciones externas del FMI, quien espera poder anunciarlo “en un día o dos". El jefe del gabinete de ministros, Alberto Fernández, ha dicho que se han superado las discrepancias sobre las metas de ahorro público que debe cumplir Argentina para pagar su deuda pública y ya no se discute sobre la exigencia del FMI de fijar un plan de ajuste de las tarifas de los servicios públicos, congeladas cuando se devaluó el peso, en enero de 2002.
Argentina decidió este martes no pagar los 2.900 millones de dólares que vencían de su deuda con el FMI, ya que, según dijo el jefe del gabinete de ministros, Alberto Fernández, el gobierno de Néstor Kirchner "no quiere repetir métodos que provocaron recesión". Según datos oficiales, la deuda que venció el martes equivale al 21,8 por ciento de las reservas del Banco Central argentino, que suman unos 13.300 millones de dólares, y el Gobierno de Kirchner pretende alcanzar un acuerdo que permita que Argentina aplace estas deudas hasta 2006.
Estados Unidos ha pedido al FMI que flexibilice las condiciones para llegar a un acuerdo, pero esa posición choca con la renuencia de países europeos cuyas empresas tienen intereses en el sector de los servicios públicos argentinos.
Argentina decidió este martes no pagar los 2.900 millones de dólares que vencían de su deuda con el FMI, ya que, según dijo el jefe del gabinete de ministros, Alberto Fernández, el gobierno de Néstor Kirchner "no quiere repetir métodos que provocaron recesión". Según datos oficiales, la deuda que venció el martes equivale al 21,8 por ciento de las reservas del Banco Central argentino, que suman unos 13.300 millones de dólares, y el Gobierno de Kirchner pretende alcanzar un acuerdo que permita que Argentina aplace estas deudas hasta 2006.
Estados Unidos ha pedido al FMI que flexibilice las condiciones para llegar a un acuerdo, pero esa posición choca con la renuencia de países europeos cuyas empresas tienen intereses en el sector de los servicios públicos argentinos.