L D (EFE) La Audiencia ha dictado otros dos autos, uno de los cuales levanta también la imputación al entonces capitán marítimo de La Coruña, Angel del Real, y mantiene el del director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors. A este respecto, las mismas fuentes comentaron que desde la Abogacía del Estado se seguirán aportando nuevas pruebas para tratar de demostrar que no existe responsabilidad penal en este caso por parte de López-Sors.
En el segundo de los autos, la Audiencia Provincial de A Coruña estima el recurso de apelación presentado en su día por la Abogacía del Estado contra diversas resoluciones del Juzgado de Corcubión "que denegaban la práctica de diligencias propuestas por la representación de la Administración con el objeto de esclarecer la responsabilidad de las distintas sociedades intervinientes en la creación de riesgo que determinó el siniestro".
En consecuencia, el auto comunica que "se dispone la práctica de todas las pruebas propuestas por el recurrente". En este sentido, las mismas fuentes explicaron que las pruebas requeridas podían ser determinantes en el proceso, en contra, precisaron, de lo que consideró el juez de Corcubión, "que dichas pruebas no eran relevantes para la resolución de la causa". Este segundo auto, indicaron, sí podría marcar un nuevo rumbo en el proceso judicial abierto a raíz de la crisis del "Prestige" ya que se podrían aportar nuevas pruebas que podrían ser determinantes a la hora de levantar la imputación del director general de la Marina Mercante.
Tercer auto
En cuanto al tercero de los autos de la Audiencia Provincial, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, frente la decisión del Juzgado de Corcubión de no iniciar actuaciones penales contra los tres funcionarios de la Administración del Estado que estuvieron a bordo del buque el día 18 de noviembre de 2002 recabando pruebas con anterioridad a su hundimiento. En el citado auto se confirma el criterio "de que tal actuación no vulneró derecho fundamental alguno, no siendo, en consecuencia, constitutiva de delito".
Sobre este particular, fuentes de la Abogacía del Estado indicaron que la defensa del capitán del "Prestige" trataba de hacer ver la comisión de un presunto delito contra el secreto de las comunicaciones y otro contra la inviolabilidad de domicilio, en el sentido de que algunas partes de los buques en determinadas situaciones son consideradas domicilio.
Por último, la Abogacía del Estado anunció que seguirá aportando pruebas para demostrar la implicación en el suceso de los responsables del petrolero, como es el testimonio de los pilotos de los helicópteros que el día 13 de noviembre llegaron al lugar del suceso y que señalaron que dónde se encontraba el buque averiado se observaba una mancha de contaminación de unas 4.000 toneladas de fuel.
En el segundo de los autos, la Audiencia Provincial de A Coruña estima el recurso de apelación presentado en su día por la Abogacía del Estado contra diversas resoluciones del Juzgado de Corcubión "que denegaban la práctica de diligencias propuestas por la representación de la Administración con el objeto de esclarecer la responsabilidad de las distintas sociedades intervinientes en la creación de riesgo que determinó el siniestro".
En consecuencia, el auto comunica que "se dispone la práctica de todas las pruebas propuestas por el recurrente". En este sentido, las mismas fuentes explicaron que las pruebas requeridas podían ser determinantes en el proceso, en contra, precisaron, de lo que consideró el juez de Corcubión, "que dichas pruebas no eran relevantes para la resolución de la causa". Este segundo auto, indicaron, sí podría marcar un nuevo rumbo en el proceso judicial abierto a raíz de la crisis del "Prestige" ya que se podrían aportar nuevas pruebas que podrían ser determinantes a la hora de levantar la imputación del director general de la Marina Mercante.
Tercer auto
En cuanto al tercero de los autos de la Audiencia Provincial, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, frente la decisión del Juzgado de Corcubión de no iniciar actuaciones penales contra los tres funcionarios de la Administración del Estado que estuvieron a bordo del buque el día 18 de noviembre de 2002 recabando pruebas con anterioridad a su hundimiento. En el citado auto se confirma el criterio "de que tal actuación no vulneró derecho fundamental alguno, no siendo, en consecuencia, constitutiva de delito".
Sobre este particular, fuentes de la Abogacía del Estado indicaron que la defensa del capitán del "Prestige" trataba de hacer ver la comisión de un presunto delito contra el secreto de las comunicaciones y otro contra la inviolabilidad de domicilio, en el sentido de que algunas partes de los buques en determinadas situaciones son consideradas domicilio.
Por último, la Abogacía del Estado anunció que seguirá aportando pruebas para demostrar la implicación en el suceso de los responsables del petrolero, como es el testimonio de los pilotos de los helicópteros que el día 13 de noviembre llegaron al lugar del suceso y que señalaron que dónde se encontraba el buque averiado se observaba una mancha de contaminación de unas 4.000 toneladas de fuel.