L D (EFE) El consenso fue anunciado en el Congreso de los Diputados por el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Jesús Caldera y por la secretaria de Asuntos Sociales del PP, Angeles Muñoz, quienes coincidieron en subrayar la trascendencia del acuerdo, que permitirá que la nueva Ley de Extranjería entre en vigor en enero. A juicio de Caldera, la modificación legislativa pactada hará "más eficaz" esta norma y acabará con la "marea de inmigración ilegal que asola España", explicó en una rueda de prensa en la cual compareció acompañado de la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí.
Por parte del PP, Angeles Muñoz destacó en otra conferencia de prensa que las enmiendas del PSOE "enriquecen" el texto, sin modificar el "espíritu" de la reforma, que pretende luchar mejor contra las mafias delictivas, favorecer los flujos migratorios legales y simplificar la tramitación de los permisos. Consuelo Rumí destacó que en virtud de las enmiendas del PSOE se van a implantar unos nuevos modelos de visado temporal de tres meses para que los inmigrantes puedan buscar trabajo en España durante ese período en condiciones de regularidad, y continuar legalmente en el país si consiguen un empleo. Podrán obtener este visado para búsqueda de empleo los hijos y nietos de españoles de origen y también los extranjeros demandantes de empleo para ciertos sectores laborales.
El PP también ha aceptado otra modificación planteada por los socialistas para penalizar con mayor rigor la contratación de inmigrantes irregulares. Dentro de la filosofía del proyecto del Gobierno, que busca equiparar el visado con el permiso de trabajo para simplificar trámites, el PSOE ha conseguido introducir otra enmienda que apuesta por "adecuar" la Administración del Estado en el Exterior.
Apoyo a las mujeres maltratadas
Además, se establece una composición tripartita y equitativa del Consejo Superior de Política Migratoria por representantes de las autonomías, ayuntamientos y el Estado, con competencia para evaluar la integración de inmigrantes y las necesidades del mercado laboral. Respecto al reagrupamiento familiar, se permitirá que obtengan permiso individual las mujeres maltratadas por sus maridos y se admitirá la residencia en España de aquellos ascendientes de inmigrantes legales que tengan hijos menores o incapacitados.
El Gobierno financiará programas de retorno, y también se incorpora otra novedad normativa para que la Policía pueda obtener ciertos datos, con las debidas garantías, sobre los extranjeros que viven en España, de la misma manera que ocurre con los españoles. Respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros, el PSOE no se opone a su funcionamiento, pero ha incorporado garantías para respetar los derechos de quienes esperan en ellos su repatriación.
Tal y como proponía el Gobierno, se obligará a las compañías aéreas a controlar las listas de sus pasajeros, pero con diversas garantías reclamadas por los socialistas, principalmente referidas al trato que deben recibir los que sean devueltos a su país.
Por parte del PP, Angeles Muñoz destacó en otra conferencia de prensa que las enmiendas del PSOE "enriquecen" el texto, sin modificar el "espíritu" de la reforma, que pretende luchar mejor contra las mafias delictivas, favorecer los flujos migratorios legales y simplificar la tramitación de los permisos. Consuelo Rumí destacó que en virtud de las enmiendas del PSOE se van a implantar unos nuevos modelos de visado temporal de tres meses para que los inmigrantes puedan buscar trabajo en España durante ese período en condiciones de regularidad, y continuar legalmente en el país si consiguen un empleo. Podrán obtener este visado para búsqueda de empleo los hijos y nietos de españoles de origen y también los extranjeros demandantes de empleo para ciertos sectores laborales.
El PP también ha aceptado otra modificación planteada por los socialistas para penalizar con mayor rigor la contratación de inmigrantes irregulares. Dentro de la filosofía del proyecto del Gobierno, que busca equiparar el visado con el permiso de trabajo para simplificar trámites, el PSOE ha conseguido introducir otra enmienda que apuesta por "adecuar" la Administración del Estado en el Exterior.
Apoyo a las mujeres maltratadas
Además, se establece una composición tripartita y equitativa del Consejo Superior de Política Migratoria por representantes de las autonomías, ayuntamientos y el Estado, con competencia para evaluar la integración de inmigrantes y las necesidades del mercado laboral. Respecto al reagrupamiento familiar, se permitirá que obtengan permiso individual las mujeres maltratadas por sus maridos y se admitirá la residencia en España de aquellos ascendientes de inmigrantes legales que tengan hijos menores o incapacitados.
El Gobierno financiará programas de retorno, y también se incorpora otra novedad normativa para que la Policía pueda obtener ciertos datos, con las debidas garantías, sobre los extranjeros que viven en España, de la misma manera que ocurre con los españoles. Respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros, el PSOE no se opone a su funcionamiento, pero ha incorporado garantías para respetar los derechos de quienes esperan en ellos su repatriación.
Tal y como proponía el Gobierno, se obligará a las compañías aéreas a controlar las listas de sus pasajeros, pero con diversas garantías reclamadas por los socialistas, principalmente referidas al trato que deben recibir los que sean devueltos a su país.