L D (Agencias) La dirección de ETA ha pedido, por primera vez en su historia, el tercer grado y la libertad condicional para un grupo de casi 100 presos etarras a través de sus abogados habituales. La medida llega después de que varios terroristas presos trasmitieran a la dirección etarra su descontento por no poder acogerse a beneficios penitenciarios que en muchos casos les permitirían abandonar la cárcel los fines de semana. Ante el riesgo de que la división entre los presos de ETA alcanzara cotas más altas y la disidencia se hiciera más evidente, ETA se ha plegado a las reivindicaciones de los terroristas encarcelados.
Fuentes de la lucha antiterrorista dijeron a Europa Press , que con esta decisión, ETA intenta mimar a los presos, reducir la presión del colectivo y tantear al nuevo juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Esta medida, según las fuentes consultadas, no es una iniciativa individual de los reclusos, como en otras ocasiones, en las que se ha producido algunas disidencias, sino una medida adoptada por la propia banda terrorista, que hasta ahora, rechazaba que sus reclusos pidiesen la clasificación en tercer grado, y que directamente pedían la libertad condicional.
Ese rechazo respondía a que asumir la reclasificación implicaba aceptar que los presos de ETA no son presos políticos, como ellos se definen, sino presos de carácter social que van escalando en los grados penitenciarios a medida que aceptan y cumplen el tratamiento reeducador. Para poder acceder al tercer grado, los presos etarras, como cualquier otro recluso, deben cumplir una serie de requisitos que son el arrepentimiento activo, pedir perdón de manera explícita a las víctimas y aceptar la responsabilidad civil derivada por sus delitos en caso de ser condenados a ello por sentencia. A su vez, los preceptos para que el juez de Vigilancia Penitenciaria conceda al preso la libertad condicional son que esté clasificado en tercer grado, tener las tres cuartas partes de la condena cumplida, o excepcionalmente las dos tercera, y, finalmente, un pronóstico favorable de reinserción.
Entre los presos incluidos en la lista figuran terroristas con historiales sangrientos como María Inmaculada Noble Goicoechea, Ana , condenada por el atentado de la calle Juan Bravo de Madrid, que costó la vida a cinco agentes de la Guardia Civil, y el asesinato del militar Ricardo Sáenz de Ynestrillas y el soldado Francisco Casillas. También figura Carlos Torrecilla, condenado por más de veinte delitos, entre los que destacan el asesinato del subcomisario Ortiz de Urbina y el del general retirado Luis de Azcarraga, o el etarra Antonio Troitiño, condenado a 2.232 años por el atentado de la Plaza de la República Dominicana, en Madrid, que costó la vida a doce guardia civiles.
Síntoma de debilidad
El ministro de Justicia, José María Michavila, consideró que la decisión de los presos de ETA de solicitar la aplicación de beneficios penitenciarios demuestra que la banda está "más débil que nunca" y recordó que el Estado tiene mecanismos para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas. José María Michavila realizó tales declaraciones en el Ministerio de Justicia, tras recibir al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, al ser preguntado por los periodistas sobre tal decisión.
Michavila comentó que es una "evidencia" que el Estado de Derecho, la ley y la Justicia, junto a la eficacia policial y la colaboración internacional han conseguido que la banda terrorista esté "más débil que nunca", por lo que esta decisión sólo constituye "un nuevo ejemplo" de esa debilidad.
Fuentes de la lucha antiterrorista dijeron a Europa Press , que con esta decisión, ETA intenta mimar a los presos, reducir la presión del colectivo y tantear al nuevo juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Esta medida, según las fuentes consultadas, no es una iniciativa individual de los reclusos, como en otras ocasiones, en las que se ha producido algunas disidencias, sino una medida adoptada por la propia banda terrorista, que hasta ahora, rechazaba que sus reclusos pidiesen la clasificación en tercer grado, y que directamente pedían la libertad condicional.
Ese rechazo respondía a que asumir la reclasificación implicaba aceptar que los presos de ETA no son presos políticos, como ellos se definen, sino presos de carácter social que van escalando en los grados penitenciarios a medida que aceptan y cumplen el tratamiento reeducador. Para poder acceder al tercer grado, los presos etarras, como cualquier otro recluso, deben cumplir una serie de requisitos que son el arrepentimiento activo, pedir perdón de manera explícita a las víctimas y aceptar la responsabilidad civil derivada por sus delitos en caso de ser condenados a ello por sentencia. A su vez, los preceptos para que el juez de Vigilancia Penitenciaria conceda al preso la libertad condicional son que esté clasificado en tercer grado, tener las tres cuartas partes de la condena cumplida, o excepcionalmente las dos tercera, y, finalmente, un pronóstico favorable de reinserción.
Entre los presos incluidos en la lista figuran terroristas con historiales sangrientos como María Inmaculada Noble Goicoechea, Ana , condenada por el atentado de la calle Juan Bravo de Madrid, que costó la vida a cinco agentes de la Guardia Civil, y el asesinato del militar Ricardo Sáenz de Ynestrillas y el soldado Francisco Casillas. También figura Carlos Torrecilla, condenado por más de veinte delitos, entre los que destacan el asesinato del subcomisario Ortiz de Urbina y el del general retirado Luis de Azcarraga, o el etarra Antonio Troitiño, condenado a 2.232 años por el atentado de la Plaza de la República Dominicana, en Madrid, que costó la vida a doce guardia civiles.
Síntoma de debilidad
El ministro de Justicia, José María Michavila, consideró que la decisión de los presos de ETA de solicitar la aplicación de beneficios penitenciarios demuestra que la banda está "más débil que nunca" y recordó que el Estado tiene mecanismos para garantizar el cumplimiento íntegro de las penas. José María Michavila realizó tales declaraciones en el Ministerio de Justicia, tras recibir al fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, al ser preguntado por los periodistas sobre tal decisión.
Michavila comentó que es una "evidencia" que el Estado de Derecho, la ley y la Justicia, junto a la eficacia policial y la colaboración internacional han conseguido que la banda terrorista esté "más débil que nunca", por lo que esta decisión sólo constituye "un nuevo ejemplo" de esa debilidad.