L D (EFE) Un decreto oficial establece que debe ponerse en marcha "de forma inmediata un proceso de diálogo entre los bolivianos y con las organizaciones de la sociedad civil", que deberá concluir antes del 31 de diciembre. Sin embargo, esta postura no modifica en absoluto lo planteado anteriormente por el Ejecutivo, que comenzó una fallida campaña informativa y de consulta con la población el pasado 15 de septiembre, el mismo día en que estallaron los conflictos.
El proyecto que ha desatado las tensiones está desarrollado por el consorcio Pacific LNG, del que forman parte las firmas Repsol YPF, British Gas y Panamerican Energy, esta última controlada por el grupo British Petroleum. El plan busca exportar gas desde los yacimientos de Margarita, en el sur de Bolivia, hacia EEUU y México, por medio de un gasoducto que llegue a algún puerto del Pacífico, donde además se instalará una estación de licuefacción del producto.
Las reservas de gas no parece que fueran a agotarse
Se estima que Bolivia posee unas reservas de 1,55 billones de metros cúbicos de gas natural, las segundas más importantes de Sudamérica, sólo superadas por las de Venezuela. Su consumo anual no supera los 1.135 millones de metros cúbicos, por lo que, si mantuviera ese nivel de consumo, no agotaría sus actuales reservas hasta dentro de 1.400 años. El proyecto Pacific LNG implicaba exportar en los próximos veinte años cerca de 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural licuado a EEUU y México, es decir, unos 10.000 millones de metros cúbicos anuales.
Las autoridades de Bolivia calculaban que en esos 20 años podrían percibir entre 5.000 y 9.000 millones de dólares en ingresos fiscales, que destinarían fundamentalmente a los sectores de salud, educación y servicios básicos. Además, el programa preveía la creación de unos 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos, según el viceministro boliviano de Hidrocarburos, Mario Requena. Según el diseño del proyecto, que comenzó a desarrollarse en 2001, el gas licuado se iba a transportar en buques-tanque con destino a Baja California (México), donde se volvería a gasificar, con el fin de suplir las necesidades del oeste de EEUU.
¿Un puerto chileno, o uno peruano?
La oposición contra el proyecto comenzó a cobrar fuerza en Bolivia cuando el Gobierno tuvo que decidir entre un puerto chileno o uno peruano para exportar el gas e instalar la planta de licuefacción. Aunque la posibilidad del puerto chileno es más rentable, Bolivia y Chile mantienen rotas sus relaciones diplomáticas por litigios derivados de la guerra que los enfrentó en 1879. Ese conflicto bélico representó para Bolivia la pérdida de su acceso al mar, en favor de Chile, y, a pesar de que ambos países mantienen una fluida relación comercial, cualquier vínculo adicional tiene que superar muchas sensibilidades.
Según Requena, es más rentable para el proyecto elegir el puerto chileno de Patillos, porque está más cerca de los campos de extracción de Margarita que el peruano de Ilo. De acuerdo con el alto funcionario, el costo del gasoducto desde Margarita hasta Chile es de 1.041 millones de dólares, mientras que hasta el puerto peruano de Ilo se eleva a 1.604 millones. Pero los mayores críticos con el proyecto de exportación de gas no sólo están en contra de que se haga a través de un puerto chileno, sino que también propugnan que el gas se mantenga en Bolivia y no beneficie a compañías multinacionales.
El gas, sólo un detonante
Los datos objetivos sobre el proyecto justifican su viabilidad, ya que Bolivia tiene reservas más que de sobra como para exportar el gas y obtener un rendimiento económico muy notable, además de la creación de empleo que supondría este plan para el país. Pero el proyecto de exportación de gas sólo ha sido una excusa para múltiples sectores políticos y sociales bolivianos, que necesitaban un punto de encuentro para unir sus voces contra el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y lo han encontrado en lo que se ha dado en llamar "la guerra del gas".
El principal partido de la oposición, el llamado Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige el diputado indígena Evo Morales, ha asumido el papel protagonista entre los opositores enarbolando como suyas las demandas de sindicatos y grupos contrarios al Gobierno. Por ejemplo, Evo Morales exige el fin de la política de erradicación de la hoja de coca, que promueve el Gobierno, y también pide la aprobación de un plan de desarrollo rural y la revisión de las privatizaciones. A Morales se ha unido el sindicalista indígena Felipe Quispe y ahora ambos son acusados por el Gobierno de ser los responsables de un "proyecto subversivo" para instaurar una dictadura.
Bolivia, un paso adelante y tres atrás
La convulsión social no es ajena a la vida boliviana, que desde el año 2000 ha pasado ya por un estado de sitio, bloqueos que han paralizado la economía, centenares de muertos en enfrentamientos y hasta una llamada "guerra del agua" contra la subida de tarifas en este suministro, ocurrida hace tres años en la céntrica ciudad de Cochabamba. El segundo gobierno del ex dictador Hugo Banzer (1997-2001), que fue democrático a diferencia del anterior (1971-1978), hizo frente a esta subversión popular, que también se extendió al altiplano andino, con el decreto del estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales.
Los conflictos sociales del primer gobierno democrático de Hugo Banzer empobrecieron aún más a Bolivia, cuya conducción fue asumida en agosto de 2001 por el joven Jorge Quiroga, tras la renuncia de Banzer, enfermo de cáncer. Pero Quiroga sufrió el embate de diversos sectores sociales, entre ellos del empresariado, que le criticó su falta de manejo económico, y también de los productores de coca, que mantuvieron sus protestas en favor del cultivo libre. Fue precisamente durante el gobierno de Quiroga cuando se fraguó el proyecto de venta de gas a Estados Unidos y México, que requiere el uso de un puerto en el océano Pacífico, donde debe instalarse una estación de licuefacción del producto.
Lozada cuenta con el apoyo internacional
Sin embargo, el programa, dirigido por el consorcio Pacific LNG, comenzó a encontrar mayor oposición durante el gobierno de Sánchez de Lozada, que se inició el pasado 6 de agosto de 2002. La oposición de la población a que se usara un puerto chileno fue creciendo hasta llegar al punto actual, en que todo el proceso de venta está cuestionado, incluso si éste se materializa por Perú. La comunidad internacional ha reiterado su apoyo al gobierno de Sánchez de Lozada, pero se mantiene la incógnita de cómo podrá superar la situación, ya que el mandatario está cada vez más aislado tras el retiro del apoyo de su vicepresidente y del alejamiento de sus otros socios de Gobierno, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de Nueva Fuerza Republicana (NFR).
"Yo no voy a renunciar", afirmó Sánchez de Lozada en un último mensaje televisivo al pueblo boliviano, a quien le reiteró que se ha tomado "muy en serio el mandato" que recibió el 6 de agosto de 2002.
El proyecto que ha desatado las tensiones está desarrollado por el consorcio Pacific LNG, del que forman parte las firmas Repsol YPF, British Gas y Panamerican Energy, esta última controlada por el grupo British Petroleum. El plan busca exportar gas desde los yacimientos de Margarita, en el sur de Bolivia, hacia EEUU y México, por medio de un gasoducto que llegue a algún puerto del Pacífico, donde además se instalará una estación de licuefacción del producto.
Las reservas de gas no parece que fueran a agotarse
Se estima que Bolivia posee unas reservas de 1,55 billones de metros cúbicos de gas natural, las segundas más importantes de Sudamérica, sólo superadas por las de Venezuela. Su consumo anual no supera los 1.135 millones de metros cúbicos, por lo que, si mantuviera ese nivel de consumo, no agotaría sus actuales reservas hasta dentro de 1.400 años. El proyecto Pacific LNG implicaba exportar en los próximos veinte años cerca de 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural licuado a EEUU y México, es decir, unos 10.000 millones de metros cúbicos anuales.
Las autoridades de Bolivia calculaban que en esos 20 años podrían percibir entre 5.000 y 9.000 millones de dólares en ingresos fiscales, que destinarían fundamentalmente a los sectores de salud, educación y servicios básicos. Además, el programa preveía la creación de unos 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos, según el viceministro boliviano de Hidrocarburos, Mario Requena. Según el diseño del proyecto, que comenzó a desarrollarse en 2001, el gas licuado se iba a transportar en buques-tanque con destino a Baja California (México), donde se volvería a gasificar, con el fin de suplir las necesidades del oeste de EEUU.
¿Un puerto chileno, o uno peruano?
La oposición contra el proyecto comenzó a cobrar fuerza en Bolivia cuando el Gobierno tuvo que decidir entre un puerto chileno o uno peruano para exportar el gas e instalar la planta de licuefacción. Aunque la posibilidad del puerto chileno es más rentable, Bolivia y Chile mantienen rotas sus relaciones diplomáticas por litigios derivados de la guerra que los enfrentó en 1879. Ese conflicto bélico representó para Bolivia la pérdida de su acceso al mar, en favor de Chile, y, a pesar de que ambos países mantienen una fluida relación comercial, cualquier vínculo adicional tiene que superar muchas sensibilidades.
Según Requena, es más rentable para el proyecto elegir el puerto chileno de Patillos, porque está más cerca de los campos de extracción de Margarita que el peruano de Ilo. De acuerdo con el alto funcionario, el costo del gasoducto desde Margarita hasta Chile es de 1.041 millones de dólares, mientras que hasta el puerto peruano de Ilo se eleva a 1.604 millones. Pero los mayores críticos con el proyecto de exportación de gas no sólo están en contra de que se haga a través de un puerto chileno, sino que también propugnan que el gas se mantenga en Bolivia y no beneficie a compañías multinacionales.
El gas, sólo un detonante
Los datos objetivos sobre el proyecto justifican su viabilidad, ya que Bolivia tiene reservas más que de sobra como para exportar el gas y obtener un rendimiento económico muy notable, además de la creación de empleo que supondría este plan para el país. Pero el proyecto de exportación de gas sólo ha sido una excusa para múltiples sectores políticos y sociales bolivianos, que necesitaban un punto de encuentro para unir sus voces contra el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y lo han encontrado en lo que se ha dado en llamar "la guerra del gas".
El principal partido de la oposición, el llamado Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige el diputado indígena Evo Morales, ha asumido el papel protagonista entre los opositores enarbolando como suyas las demandas de sindicatos y grupos contrarios al Gobierno. Por ejemplo, Evo Morales exige el fin de la política de erradicación de la hoja de coca, que promueve el Gobierno, y también pide la aprobación de un plan de desarrollo rural y la revisión de las privatizaciones. A Morales se ha unido el sindicalista indígena Felipe Quispe y ahora ambos son acusados por el Gobierno de ser los responsables de un "proyecto subversivo" para instaurar una dictadura.
Bolivia, un paso adelante y tres atrás
La convulsión social no es ajena a la vida boliviana, que desde el año 2000 ha pasado ya por un estado de sitio, bloqueos que han paralizado la economía, centenares de muertos en enfrentamientos y hasta una llamada "guerra del agua" contra la subida de tarifas en este suministro, ocurrida hace tres años en la céntrica ciudad de Cochabamba. El segundo gobierno del ex dictador Hugo Banzer (1997-2001), que fue democrático a diferencia del anterior (1971-1978), hizo frente a esta subversión popular, que también se extendió al altiplano andino, con el decreto del estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales.
Los conflictos sociales del primer gobierno democrático de Hugo Banzer empobrecieron aún más a Bolivia, cuya conducción fue asumida en agosto de 2001 por el joven Jorge Quiroga, tras la renuncia de Banzer, enfermo de cáncer. Pero Quiroga sufrió el embate de diversos sectores sociales, entre ellos del empresariado, que le criticó su falta de manejo económico, y también de los productores de coca, que mantuvieron sus protestas en favor del cultivo libre. Fue precisamente durante el gobierno de Quiroga cuando se fraguó el proyecto de venta de gas a Estados Unidos y México, que requiere el uso de un puerto en el océano Pacífico, donde debe instalarse una estación de licuefacción del producto.
Lozada cuenta con el apoyo internacional
Sin embargo, el programa, dirigido por el consorcio Pacific LNG, comenzó a encontrar mayor oposición durante el gobierno de Sánchez de Lozada, que se inició el pasado 6 de agosto de 2002. La oposición de la población a que se usara un puerto chileno fue creciendo hasta llegar al punto actual, en que todo el proceso de venta está cuestionado, incluso si éste se materializa por Perú. La comunidad internacional ha reiterado su apoyo al gobierno de Sánchez de Lozada, pero se mantiene la incógnita de cómo podrá superar la situación, ya que el mandatario está cada vez más aislado tras el retiro del apoyo de su vicepresidente y del alejamiento de sus otros socios de Gobierno, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de Nueva Fuerza Republicana (NFR).
"Yo no voy a renunciar", afirmó Sánchez de Lozada en un último mensaje televisivo al pueblo boliviano, a quien le reiteró que se ha tomado "muy en serio el mandato" que recibió el 6 de agosto de 2002.