L D (EFE) Con esta resolución, la Sala rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó que se mantuviera la imputación de una veintena de ex altos cargos del BBV, a los que acusa de un delito de apropiación indebida, ya que durante unos meses disfrutaron de fondos de pensiones opacos por un importe total de 19,2 millones de dólares (16,42 millones de euros al cambio actual). Por esta operación, permanecen imputados el ex presidente del BBVA Emilio Ybarra; los ex responsables del departamento financiero del banco Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo; el ex secretario del consejo José María Concejo y el ex consejero Juan Urrutia, el único que dispuso de parte de los fondos.
Los ex consejeros exculpados son Eduardo Aguirre, José Domingo Ampuero, Plácido Arango, Javier Aresti, Gervasio Collar, Alfonso Cortina, Juan Entrecanales, Oscar Fanjul, Ramón de Icaza, Luis Lezama-Leguizamón, José Lladó, Ricardo Muguruza, José Angel Sánchez Asiaín, Pedro Luis Uriarte, Andrés Vilariño, Fernando de Ybarra y Luis María de Ybarra.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entiende que ninguno de ellos conocía que "el dinero con el que se constituyeron los fondos (de pensiones) no estuviera contabilizado en las cuentas de la entidad financiera". Frente a lo sostenido por el fiscal, la Sala secunda la opinión del juez Garzón, quien afirma que no existen "indicios sino meras conjeturas" de que conocieran la procedencia ilegal de ese dinero, que llegó desde las cuentas opacas que tenía abiertas el entonces BBV en paraísos fiscales. Los fondos de pensiones, que los ex consejeros devolvieron unos meses después de haberlos contratado, tenían como finalidad compensar a los consejeros procedentes de BBV de la pérdida de remuneración que tuvieron tras la fusión con Argentaria.
La Sala entiende que la conducta ilícita no se establece por el mero hecho de abrir unos fondos de pensiones para una parte de los consejeros, sino por el hecho de que se alimentaran con fondos irregulares. La decisión inicial de Garzón de imputar a todos los perceptores de los planes de pensiones tuvo enormes consecuencias para seis de ellos -Alfonso Cortina, Ramón Icaza, Javier Aresti, Oscar Fanjul, Juan Entrecanales y Luis María de Ybarra-, que tuvieron que dejar a mediados de abril de 2002 los puestos de consejero que todavía tenían en el BBVA. Pese a que actualmente están exculpados por los tribunales, la mayoría de ellos siguen incluidos en el expediente sancionador abierto por el Banco de España, que está paralizado a la espera de que finalice el proceso judicial.
El caso de las cuentas secretas del BBV se remonta a marzo del 2002, cuando Garzón decidió iniciar un proceso penal al considerar que las actuaciones del entonces BBV -la apertura de cuentas en paraísos fiscales y la constitución de los fondos de pensiones, entre otras- podían constituir delitos de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal. El escándalo financiero estalló unos días antes de la apertura de la causa judicial, cuando se conoció que el Banco de España había incoado el expediente sancionador al BBVA por las cuentas secretas.
Los ex consejeros exculpados son Eduardo Aguirre, José Domingo Ampuero, Plácido Arango, Javier Aresti, Gervasio Collar, Alfonso Cortina, Juan Entrecanales, Oscar Fanjul, Ramón de Icaza, Luis Lezama-Leguizamón, José Lladó, Ricardo Muguruza, José Angel Sánchez Asiaín, Pedro Luis Uriarte, Andrés Vilariño, Fernando de Ybarra y Luis María de Ybarra.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entiende que ninguno de ellos conocía que "el dinero con el que se constituyeron los fondos (de pensiones) no estuviera contabilizado en las cuentas de la entidad financiera". Frente a lo sostenido por el fiscal, la Sala secunda la opinión del juez Garzón, quien afirma que no existen "indicios sino meras conjeturas" de que conocieran la procedencia ilegal de ese dinero, que llegó desde las cuentas opacas que tenía abiertas el entonces BBV en paraísos fiscales. Los fondos de pensiones, que los ex consejeros devolvieron unos meses después de haberlos contratado, tenían como finalidad compensar a los consejeros procedentes de BBV de la pérdida de remuneración que tuvieron tras la fusión con Argentaria.
La Sala entiende que la conducta ilícita no se establece por el mero hecho de abrir unos fondos de pensiones para una parte de los consejeros, sino por el hecho de que se alimentaran con fondos irregulares. La decisión inicial de Garzón de imputar a todos los perceptores de los planes de pensiones tuvo enormes consecuencias para seis de ellos -Alfonso Cortina, Ramón Icaza, Javier Aresti, Oscar Fanjul, Juan Entrecanales y Luis María de Ybarra-, que tuvieron que dejar a mediados de abril de 2002 los puestos de consejero que todavía tenían en el BBVA. Pese a que actualmente están exculpados por los tribunales, la mayoría de ellos siguen incluidos en el expediente sancionador abierto por el Banco de España, que está paralizado a la espera de que finalice el proceso judicial.
El caso de las cuentas secretas del BBV se remonta a marzo del 2002, cuando Garzón decidió iniciar un proceso penal al considerar que las actuaciones del entonces BBV -la apertura de cuentas en paraísos fiscales y la constitución de los fondos de pensiones, entre otras- podían constituir delitos de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal. El escándalo financiero estalló unos días antes de la apertura de la causa judicial, cuando se conoció que el Banco de España había incoado el expediente sancionador al BBVA por las cuentas secretas.