L D (EFE) El tribunal que juzga la "operación Carro" prorrogó este lunes la prisión de cuatro acusados, que la próxima semana iban a salir en libertad tras pasar 4 años en la cárcel, al excluir del cómputo de los plazos máximos de prisión preventiva casi cinco meses que estima obedecen a dilaciones no imputables a la sala.
En sendos autos, la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional atiende la petición del fiscal, que presentó un listado de hasta 17 recursos e incidentes interpuestos durante ese tiempo por las defensas de estos cuatro acusados y rechazados por la sala, y dice que la enumeración "revela una dilación procedimental que en modo alguno puede ser achacada al tribunal".
La sala dictó además otras dos resoluciones en las que acuerda poner en libertad -aunque con medidas cautelares, entre ellas presentarse dos veces al día en la comisaría del tribunal- a otros dos procesados que se encontraban en la misma situación pero para los que el fiscal no solicitó la prórroga de la prisión por no apreciar dilaciones achacables a su defensa.
La vista oral –en la que se juzga la introducción en 1999 de un alijo de 800 kilogramos de heroína– se inició el pasado lunes con la ausencia de seis de los veintidós acusados, que se fugaron después de haber sido puestos en libertad el pasado mes de abril una vez cumplido el plazo máximo de cuatro años en prisión provisional. El tribunal decretó entonces la busca y captura de esas seis personas, al tiempo que, en una inusual comparecencia ante la prensa, el presidente de la sala, Siro García, advirtió de que, si el fiscal no actuaba, otros seis acusados en la misma situación quedarían en libertad la próxima semana.
A continuación, la Fiscalía Antidroga solicitó que se prorrogara la prisión de cuatro de ellos en aplicación del artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el cómputo de la prisión provisional "no incluye el tiempo en que la causa sufrió dilaciones no imputables a la Administración de Justicia", tiempo que estimaba en casi cinco meses. Las defensas respondieron calificando de "oportunista" la petición del fiscal Pablo Contreras, porque podía haber adoptado la misma iniciativa en abril y no lo hizo, y responsabilizando a Antidroga de buena parte del retraso que sufrió la causa, ya que a petición suya se cursaron varias comisiones rogatorias que tardaron más de un año en ser cumplimentadas.
También los cuatro afectados -Davut Cakiroglu, Michael Fraser, Al Ghaderi y Logman Ghosi Maboobalam- se pronunciaron sobre la petición del fiscal y mostraron su desacuerdo con la misma. Ahora, aunque da la razón al fiscal y excluye del cómputo de los cuatro años el tiempo transcurrido entre el 18 de diciembre de 2002 y el 5 de mayo de 2003, el tribunal sugiere que ese plazo podía ser incluso más amplio, al señalar que no puede "ampliar las dimensiones del tiempo de dilación a causas ajenas a la actitud de los órganos jurisdiccionales" por ser ésta una competencia exclusiva del fiscal.
Además, señala que "la experiencia general y la específica de este proceso muestran el grave riesgo de fuga en el género de acusados a que pertenecen los que lo son en este proceso" y añade que "el tiempo ya transcurrido de privación de libertad no aparece desproporcionado respecto a la gravedad del delito". En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía solicita penas de entre 5 y 32 años de prisión para estos cuatro procesados.
Por lo que respecta a los dos que quedan en libertad, Ramón Yáñez Vázquez y Frederick Adjei, que se enfrentan a una petición de 16 años de cárcel, el tribunal dice que "el ministerio fiscal no ha instado que se excluya tiempo alguno a los efectos de determinar el límite máximo de prisión provisional", por lo que "ha de acordarse" su excarcelación. No obstante, y en vista del "grave riesgo de fuga que, según la experiencia general y la singular de este proceso, se aprecia en el presente caso", la sala les impone "la obligación de comparecer ante la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional dos veces al día, una matutina y una vespertina".
Yáñez y Adjei deberán también fijar domicilio en Madrid y tendrán prohibido abandonar el territorio nacional, para lo que la sala solicita la colaboración de la Unidad Central de Estupefacientes de la Policía a fin de que "adopte las medidas necesarias adecuadas" para evitar que estos dos procesados "incumplan" las medidas cautelares adoptadas.
En sendos autos, la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional atiende la petición del fiscal, que presentó un listado de hasta 17 recursos e incidentes interpuestos durante ese tiempo por las defensas de estos cuatro acusados y rechazados por la sala, y dice que la enumeración "revela una dilación procedimental que en modo alguno puede ser achacada al tribunal".
La sala dictó además otras dos resoluciones en las que acuerda poner en libertad -aunque con medidas cautelares, entre ellas presentarse dos veces al día en la comisaría del tribunal- a otros dos procesados que se encontraban en la misma situación pero para los que el fiscal no solicitó la prórroga de la prisión por no apreciar dilaciones achacables a su defensa.
La vista oral –en la que se juzga la introducción en 1999 de un alijo de 800 kilogramos de heroína– se inició el pasado lunes con la ausencia de seis de los veintidós acusados, que se fugaron después de haber sido puestos en libertad el pasado mes de abril una vez cumplido el plazo máximo de cuatro años en prisión provisional. El tribunal decretó entonces la busca y captura de esas seis personas, al tiempo que, en una inusual comparecencia ante la prensa, el presidente de la sala, Siro García, advirtió de que, si el fiscal no actuaba, otros seis acusados en la misma situación quedarían en libertad la próxima semana.
A continuación, la Fiscalía Antidroga solicitó que se prorrogara la prisión de cuatro de ellos en aplicación del artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el cómputo de la prisión provisional "no incluye el tiempo en que la causa sufrió dilaciones no imputables a la Administración de Justicia", tiempo que estimaba en casi cinco meses. Las defensas respondieron calificando de "oportunista" la petición del fiscal Pablo Contreras, porque podía haber adoptado la misma iniciativa en abril y no lo hizo, y responsabilizando a Antidroga de buena parte del retraso que sufrió la causa, ya que a petición suya se cursaron varias comisiones rogatorias que tardaron más de un año en ser cumplimentadas.
También los cuatro afectados -Davut Cakiroglu, Michael Fraser, Al Ghaderi y Logman Ghosi Maboobalam- se pronunciaron sobre la petición del fiscal y mostraron su desacuerdo con la misma. Ahora, aunque da la razón al fiscal y excluye del cómputo de los cuatro años el tiempo transcurrido entre el 18 de diciembre de 2002 y el 5 de mayo de 2003, el tribunal sugiere que ese plazo podía ser incluso más amplio, al señalar que no puede "ampliar las dimensiones del tiempo de dilación a causas ajenas a la actitud de los órganos jurisdiccionales" por ser ésta una competencia exclusiva del fiscal.
Además, señala que "la experiencia general y la específica de este proceso muestran el grave riesgo de fuga en el género de acusados a que pertenecen los que lo son en este proceso" y añade que "el tiempo ya transcurrido de privación de libertad no aparece desproporcionado respecto a la gravedad del delito". En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía solicita penas de entre 5 y 32 años de prisión para estos cuatro procesados.
Quedarán en libertad pese al "grave riesgo de fuga"
Por lo que respecta a los dos que quedan en libertad, Ramón Yáñez Vázquez y Frederick Adjei, que se enfrentan a una petición de 16 años de cárcel, el tribunal dice que "el ministerio fiscal no ha instado que se excluya tiempo alguno a los efectos de determinar el límite máximo de prisión provisional", por lo que "ha de acordarse" su excarcelación. No obstante, y en vista del "grave riesgo de fuga que, según la experiencia general y la singular de este proceso, se aprecia en el presente caso", la sala les impone "la obligación de comparecer ante la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional dos veces al día, una matutina y una vespertina".
Yáñez y Adjei deberán también fijar domicilio en Madrid y tendrán prohibido abandonar el territorio nacional, para lo que la sala solicita la colaboración de la Unidad Central de Estupefacientes de la Policía a fin de que "adopte las medidas necesarias adecuadas" para evitar que estos dos procesados "incumplan" las medidas cautelares adoptadas.