L D (EFE) El informe, firmado por el abogado general del Estado, Arturo García-Tizón, y al que tuvo acceso EFE, indica que la propuesta del lehendakari "es un burdo fraude de ley al intentar conseguir, por medio de un procedimiento aparentemente previsto en nuestro ordenamiento jurídico, un resultado prohibido expresamente".
El escrito matiza que "el sistema utilizado por el Gobierno vasco tiene una clara finalidad. Confundir. Iniciar un proceso que bajo la apariencia de legalidad genera la confianza de que se está tramitando un proyecto permitido por la Constitución y a través de un procedimiento sujeto al principio de legalidad. Ni una cosa ni otra es cierta".
Los servicios jurídicos del Estado aseguran que "de la simple lectura de la propuesta, del análisis del procedimiento, de la estrategia pública que se esgrime, cabe deducir que el acuerdo es, sin perjuicio de su contenido (...), una vulneración flagrante de los principios de la Constitución". La propuesta, según este informe, "supone una ruptura manifiesta con la Constitución española para la que ni el Gobierno vasco está legitimado ni nuestra Constitución permite". Agrega que "durante estos últimos veinticinco años (...), tanto las instituciones centrales como de las comunidades autónomas habrán podido dictar leyes, disposiciones o actos inconstitucionales. Pero, con contadísimas excepciones, esas inconstitucionalidades han sido fruto del error, del apresuramiento o de la negligencia, pero nunca de la voluntad deliberada de quebrantar la Ley suprema".
Así, el texto, de 50 páginas, defiende que la propuesta del lehendakari no puede ser presentada como una reforma de la Constitución y, en este sentido, recuerda que la Carta Magna "no prohíbe la reforma", pero sí exige que "se siga el procedimiento del artículo 168 y siguientes y (...) se observen escrupulosamente los principios constitucionales hasta que se culmine con éxito". "Es evidente que ni siquiera se trata de este supuesto. Se habla públicamente en los medios de comunicación social, con el único fin manifiesto de seguir generando confusión, de que aún cuando se tratara de una reforma constitucional se encuentran legitimados para llevarla a cabo".
El informe desgrana artículo por artículo el texto aprobado el pasado 25 de octubre por el Consejo de Gobierno vasco bajo el título de "Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi" y detalla las 104 "vulneraciones concretas" de la Constitución apreciadas en él.
El escrito matiza que "el sistema utilizado por el Gobierno vasco tiene una clara finalidad. Confundir. Iniciar un proceso que bajo la apariencia de legalidad genera la confianza de que se está tramitando un proyecto permitido por la Constitución y a través de un procedimiento sujeto al principio de legalidad. Ni una cosa ni otra es cierta".
Los servicios jurídicos del Estado aseguran que "de la simple lectura de la propuesta, del análisis del procedimiento, de la estrategia pública que se esgrime, cabe deducir que el acuerdo es, sin perjuicio de su contenido (...), una vulneración flagrante de los principios de la Constitución". La propuesta, según este informe, "supone una ruptura manifiesta con la Constitución española para la que ni el Gobierno vasco está legitimado ni nuestra Constitución permite". Agrega que "durante estos últimos veinticinco años (...), tanto las instituciones centrales como de las comunidades autónomas habrán podido dictar leyes, disposiciones o actos inconstitucionales. Pero, con contadísimas excepciones, esas inconstitucionalidades han sido fruto del error, del apresuramiento o de la negligencia, pero nunca de la voluntad deliberada de quebrantar la Ley suprema".
Así, el texto, de 50 páginas, defiende que la propuesta del lehendakari no puede ser presentada como una reforma de la Constitución y, en este sentido, recuerda que la Carta Magna "no prohíbe la reforma", pero sí exige que "se siga el procedimiento del artículo 168 y siguientes y (...) se observen escrupulosamente los principios constitucionales hasta que se culmine con éxito". "Es evidente que ni siquiera se trata de este supuesto. Se habla públicamente en los medios de comunicación social, con el único fin manifiesto de seguir generando confusión, de que aún cuando se tratara de una reforma constitucional se encuentran legitimados para llevarla a cabo".
El informe desgrana artículo por artículo el texto aprobado el pasado 25 de octubre por el Consejo de Gobierno vasco bajo el título de "Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi" y detalla las 104 "vulneraciones concretas" de la Constitución apreciadas en él.