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El Parlamento vasco tramitará el Plan separatista de Ibarretxe sin calificarlo como proyecto de ley

Según ha decidido la Mesa de la Cámara, el Parlamento Vasco tramitará el Plan separatista de Ibarretxe que aprobó el pasado día 25 el Gobierno Vasco como "propuesta de reforma del Estatuto". Lo hará por el procedimiento legislativo ordinario, pero sin calificarlo como proyecto de ley. El PSE, pese a rechazar que el plan separatista sea un propuesta de modificación del Estatuto, ha votado a favor de la tramitación ordinaria porque entiende que sí es un proyecto de ley.

L D (EFE) La Mesa del Parlamento vasco ha calificado el texto aprobado por el Gobierno como propuesta de modificación del Estatuto, evitando el término de proyecto de ley. No obstante, la tramitación que seguirá será la misma que si fuera un proyecto de ley, y necesitará la mayoría absoluta para ser aprobada en su día.

Esta figura de la propuesta no se contempla en el reglamento del Parlamento, aunque el artículo 46 del Estatuto de Guernica usa este término para referirse a su propia reforma. La decisión de la Mesa de la Cámara ha contado con el voto en contra de PP y PSE, que consideran que se trata de un proyecto de Ley. El órgano parlamentario procedió a la calificación del texto como proyecto de reforma estatutaria con los votos a favor de los representantes del PNV, EA y EB-IU. Tras la reunión de la Mesa, el presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, explicó –con bastante confusión– que la propuesta no podía presentarse por parte del Gobierno Vasco como un proyecto de ley, ya que el Estatuto tiene rango de ley orgánica, por lo que su reforma tiene que ser ratificada por las Cortes, para ser también ley orgánica, y posteriormente en referéndum.

El PSE aprueba la tramitación por entender que es un proyecto de ley
 
Sin embargo, posteriormente, el PSE apoyó al tripartito para que la propuesta sea tramitada por la vía ordinaria, ya que entiende que se trata de un proyecto de ley y que como tal debe debatirse. Los representantes "popular", Carmelo Barrio, y socialista, Manuel Huertas, no aclararon si sus grupos van a participar en los debates y presentar enmiendas, ya que es una decisión que corresponde a sus respectivos grupos, aunque el PSE adelantó que es "posible". Huertas explicó que apoyó en la Mesa la tramitación como iniciativa legislativa ordinaria en "coherencia" con la posición de su grupo que considerar esta propuesta como un proyecto de ley, por lo que se mantendrá "expectante" para ver si se respeta ese procedimiento ordinario que, recordó, recoge una votación "única" sobre su devolución o no al Gobierno.

Desde el PP, Carmelo Barrio dijo que no es una reforma del Estatuto, porque "excede los límites constitucionales", por lo que la calificó de "fraude de ley" al aparentar legalidad en su tramitación para conseguir resultados "prohibidos", lesionando la Constitución y no por error, sino al "hacer caso omiso de ella o para violarla". Barrio, que consideró "incluso exigible" un recurso del Gobierno a esta propuesta, argumentó que supone una "vulneración flagrante de los principios de la Constitución de jerarquía normativa, lealtad institucional, colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas y seguridad jurídica".

Manuel Huertas (PSE-EE) dijo que la propuesta es "claramente inconstitucional y antiestatutaria", porque, entre otras cosas, altera los principios de soberanía y las competencias del Estado, y modifica los títulos VI, VII y VIII de la Constitución, que hacen referencia al Poder Judicial, a la economía y hacienda, y a la ordenación territorial del Estado.

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