L D (Agencias) La juez reprocha a la fiscal su intención de ejercer la acusación penal contra los "okupas", para los que pidió sendas multas de 721,21 euros, cuando realizaban una función "social", ya que desarrollaban "actividades lúdicas y de formación" que fueron "bien acogidas por las asociaciones vecinales".
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Tarragona recuerda que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Mena, remitió en 1998 una nota de servicio en la que recomendaba que no se ejerciera la acusación penal contra los "okupas" cuando estos no vulneran la posesión –uso y disfrute del propietario- del inmueble, máxime cuando se encuentra en un estado ruinoso.
Por ello, la juez reprende a la fiscal del caso y "lamenta" su "rebeldía", al entender que dicha fiscal actuó a instancia de la Fiscalía de Tarragona y mantuvo la acusación contra los "okupas" a pesar de que iba en contra de las directrices del fiscal jefe del TSJC. La juez dice también que, si la causa hubiera recaído en un fiscal "obediente" al fiscal jefe del TSJC, los "okupas" se habrían liberado de la acusación, que sin embargo ha sido mantenida "hasta el final".
Además de los reproches a la fiscal, la juez critica que la administración y los propietarios hubieran olvidado el cuidado del inmueble y ensalza la actitud de los "okupas" por rehabilitar el edificio. Textualmente dice en su sentencia que "es irrazonable" acusar a "quienes respondieron y satisficieron una demanda social" para proteger "la posesión de fincas abandonadas o en mal estado, incluso ruinoso".