L D (EFE) El secretario de Organización de Eusko Alkartasuna, Rafel Larreina, explicó este sábado que el tripartito tiene decidido cómo volver a "poner encima de la mesa" el debate planteado en la propuesta de nuevo estatuto político para el País Vasco si prospera el recurso del Gobierno. Se queda en el anuncio.
Aunque no desveló cuál será la fórmula que utilizarán, fuentes del tripartito recordaron que el propio artículo 46 del Estatuto de autonomía, en el que se basó el Gobierno Vasco para aprobar el 25 de octubre su propuesta de reforma, contempla que ésta puede corresponder, además de al Gobierno autonómico, a las Cortes Generales y a una quinta parte (quince) de los miembros del Parlamento Vasco. Larreina aclaró que hay que esperar a ver si el Tribunal Constitucional admite a trámite o no la impugnación del Gobierno, porque "si es coherente con su doctrina constitucional y su jurisprudencia anterior no debería admitirlo a trámite" y si esto es así "seguirá el debate con total normalidad".
Explicó que si admite a trámite el recurso y se paralizase el proceso, desde el PNV, EA y EB/IU "tenemos prevista ya una siguiente iniciativa para volver a poner encima de la mesa este debate, aunque también están previstas otras por si esta segunda fracasase".
A la posibilidad de que el Tribunal Constitucional suspenda la tramitación del llamado Plan Ibarretxe y que el tripartito busque una nueva fórmula para tramitarlo, se refirió hoy el portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, quien advirtió de que ante estas "estrategias" el Gobierno responderá mediante los recursos que permita el Estado de Derecho. Zaplana añadió que el Gobierno "no va a pasar una" contra esa "estrategia" de los nacionalistas vascos, porque su objetivo es "defender el interés del pueblo".
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, explicó que "en España se puede defender cualquier idea pero no saltándose a la torera las leyes y normas del juego democrático". Arenas valoró el rechazo de los sindicatos UGT y CCOO al Plan Ibarretxe y consideró, en este sentido, que las elecciones generales de marzo son "cruciales" porque "es la primera vez que acudimos a unas elecciones no sólo con el problema del terrorismo sino con el desafío en toda regla del nacionalismo vasco, que ha decidido saltarse la Constitución y el Estatuto".
Desde el PSOE, el ex vicesecretario general y presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, consideró que el Plan Ibarretxe "es una transgresión clarísima de los mecanismos con los que se dotó a sí mismo el pueblo español en la Constitución de 1978". Guerra dijo que, "en el fondo", el Gobierno tiene razón al recurrir ante el Tribunal Constitucional, aunque matizó que "luego es discutible el hecho de que como el Gobierno del País Vasco ha creado una figura jurídica inexistente, que es una propuesta, no ha dicho que es un proyecto de ley ni una resolución del Gobierno, queda un poco opinable si eso es recurrible o no".
Aunque no desveló cuál será la fórmula que utilizarán, fuentes del tripartito recordaron que el propio artículo 46 del Estatuto de autonomía, en el que se basó el Gobierno Vasco para aprobar el 25 de octubre su propuesta de reforma, contempla que ésta puede corresponder, además de al Gobierno autonómico, a las Cortes Generales y a una quinta parte (quince) de los miembros del Parlamento Vasco. Larreina aclaró que hay que esperar a ver si el Tribunal Constitucional admite a trámite o no la impugnación del Gobierno, porque "si es coherente con su doctrina constitucional y su jurisprudencia anterior no debería admitirlo a trámite" y si esto es así "seguirá el debate con total normalidad".
Explicó que si admite a trámite el recurso y se paralizase el proceso, desde el PNV, EA y EB/IU "tenemos prevista ya una siguiente iniciativa para volver a poner encima de la mesa este debate, aunque también están previstas otras por si esta segunda fracasase".
A la posibilidad de que el Tribunal Constitucional suspenda la tramitación del llamado Plan Ibarretxe y que el tripartito busque una nueva fórmula para tramitarlo, se refirió hoy el portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, quien advirtió de que ante estas "estrategias" el Gobierno responderá mediante los recursos que permita el Estado de Derecho. Zaplana añadió que el Gobierno "no va a pasar una" contra esa "estrategia" de los nacionalistas vascos, porque su objetivo es "defender el interés del pueblo".
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas, explicó que "en España se puede defender cualquier idea pero no saltándose a la torera las leyes y normas del juego democrático". Arenas valoró el rechazo de los sindicatos UGT y CCOO al Plan Ibarretxe y consideró, en este sentido, que las elecciones generales de marzo son "cruciales" porque "es la primera vez que acudimos a unas elecciones no sólo con el problema del terrorismo sino con el desafío en toda regla del nacionalismo vasco, que ha decidido saltarse la Constitución y el Estatuto".
Desde el PSOE, el ex vicesecretario general y presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, consideró que el Plan Ibarretxe "es una transgresión clarísima de los mecanismos con los que se dotó a sí mismo el pueblo español en la Constitución de 1978". Guerra dijo que, "en el fondo", el Gobierno tiene razón al recurrir ante el Tribunal Constitucional, aunque matizó que "luego es discutible el hecho de que como el Gobierno del País Vasco ha creado una figura jurídica inexistente, que es una propuesta, no ha dicho que es un proyecto de ley ni una resolución del Gobierno, queda un poco opinable si eso es recurrible o no".