LD (EFE) El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que implantará, a partir del 1 de enero de 2004, el nuevo sistema de Formación Profesional Continua, al que se oponen las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, así como Cataluña y el País Vasco. Sin embargo, según la reseña del Consejo de Ministros, el nuevo sistema cuenta con el respaldo de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como del Consejo de Estado.
En virtud de este nuevo sistema, las empresas podrán optar entre prestar la formación directamente, en centros especializados, a través de asociaciones empresariales o sindicales, o mediante agrupaciones constituidas. Para ello, dispondrán de un crédito que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año anterior, un porcentaje de bonificación, en función del tamaño de la empresa. Este porcentaje, que se establecerá anualmente, beneficia a las empresas de menor tamaño, de forma que cuanto más pequeña sea, mayor será el porcentaje de bonificación.
La modificación del actual sistema de formación es consecuencia de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en abril y octubre de 2002, que instaban a dar mayor protagonismo a las comunidades en la gestión de la formación de los trabajadores. Además, las deficiencias detectadas en el sistema por el Tribunal de Cuentas y las observaciones emitidas por la Comisión Europea hacían necesaria su reforma.
Los principios generales del nuevo modelo son mantener la unidad de caja de la cuota de formación profesional, la participación de las comunidades en la gestión, el protagonismo de los agentes sociales en el desarrollo de las acciones formativas y la libertad de circulación de los trabajadores en el territorio español y en la Unión Europea, entre otras.
En virtud de este nuevo sistema, las empresas podrán optar entre prestar la formación directamente, en centros especializados, a través de asociaciones empresariales o sindicales, o mediante agrupaciones constituidas. Para ello, dispondrán de un crédito que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año anterior, un porcentaje de bonificación, en función del tamaño de la empresa. Este porcentaje, que se establecerá anualmente, beneficia a las empresas de menor tamaño, de forma que cuanto más pequeña sea, mayor será el porcentaje de bonificación.
La modificación del actual sistema de formación es consecuencia de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en abril y octubre de 2002, que instaban a dar mayor protagonismo a las comunidades en la gestión de la formación de los trabajadores. Además, las deficiencias detectadas en el sistema por el Tribunal de Cuentas y las observaciones emitidas por la Comisión Europea hacían necesaria su reforma.
Los principios generales del nuevo modelo son mantener la unidad de caja de la cuota de formación profesional, la participación de las comunidades en la gestión, el protagonismo de los agentes sociales en el desarrollo de las acciones formativas y la libertad de circulación de los trabajadores en el territorio español y en la Unión Europea, entre otras.