(Libertad Digital) Dentro de seis meses podría entrar en funcionamiento en las grandes ciudades una oficina encargada de agilizar los procesos judiciales que se plantean, por ejemplo, en el caso del impago de alquiler de viviendas.
Así lo ha anunciado Alberto Dorrego de Carlos, Director General para la Modernización de la Administración de Justicia, en el transcurso de una conferencia pronunciada este jueves en el Colegio de Abogados de Madrid.
La principal novedad se centra en obligar a que se cumplan los plazos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, normalmente, se dilatan hasta en seis meses o un año y que quedarán reducidos a 20 días hasta la celebración del juicio. Así pues, se trata de fomentar el alquiler concediendo mayor garantía jurídica al arrendador, hasta ahora desprotegido cuando se le presentaba un caso de impago del alquiler. Dorrego ha reconocido que se pierde mucha eficacia en este tipo de procesos por culpa de la falta de coordinación entre los distintos estamentos de la Justicia. De hecho, ha utilizado como ejemplo la reciente entrada en vigor de los juicios rápidos, en los que "la agenda de los jueces instructores" ya no dilata el procedimiento penal.
El ministro de Justicia, José María Michavila, ya había apuntado en varias ocasiones la inminencia de la adopción de estas medidas. El pasado 19 de noviembre, tras una reunión con el consejero de Justicia de la Xunta de Galicia, Jesús Palmou, se abordó la próxima puesta en marcha de procedimientos rápidos para litigios relacionados con la familia, como custodias y alimentos de hijos o uso de la vivienda familiar. Trascendió entonces, de fuentes del Ministerio, que la agilización también afectaría a los desahucios por impago de alquileres, según informó La Voz de Galicia.
En mayo de 2003, en la VIII edición del Consejo General del Notariado, el ministro adelantó también algunas de estas medidas. "El contrato de arrendamiento genera aún muchas dificultades. Estamos apostando por tener una justicia rápida, algo que también es posible en el ámbito del arrendamiento, y que reportará una mayor agilidad y rapidez en beneficio del usuario", dijo Michavila.
Pero el mayor control sobre la morosidad no se reduce sólo al caso de los alquileres de viviendas. A través de la citada "oficina de señalamiento inmediato", también podrán reclamarse, en los mismos plazos, deudas inferiores a 3.000 euros.