LD (EFE) UGT plantea estas peticiones en una nota de prensa difundida este miércoles en la que lamenta "el encarecimiento del precio de la vivienda en España".
El sindicato insta a limitar la política de subvenciones para la compra de viviendas a casos especiales y a combinarla con precios tasados o una política de protección oficial, es decir, con la intervención en los precios, atendiendo a una pauta gradual (alta, media o baja) según los niveles de renta y situaciones familiares.
El objetivo es "recuperar" el nivel de los precios registrado en la segunda mitad de la década de los ochenta, cuando, según UGT, las viviendas protegidas superaban la mitad de los inmuebles iniciados, frente a "los ínfimos niveles de vivienda protegida registrados en 2001 (10 por ciento)". En este sentido, apoya la reactivación de la vivienda protegida tanto en propiedad como en alquiler, mediante la elaboración del Plan Nacional, y la realización de planes específicos en cada autonomía.
El objetivo es "recuperar" el nivel de los precios registrado en la segunda mitad de la década de los ochenta, cuando, según UGT, las viviendas protegidas superaban la mitad de los inmuebles iniciados, frente a "los ínfimos niveles de vivienda protegida registrados en 2001 (10 por ciento)". En este sentido, apoya la reactivación de la vivienda protegida tanto en propiedad como en alquiler, mediante la elaboración del Plan Nacional, y la realización de planes específicos en cada autonomía.
Para frenar el encarecimiento del precio de la vivienda en España, el sindicato propone "establecer la reserva de suelo público para la promoción de vivienda protegida en todo proceso de calificación". UGT explica que toda política de vivienda "debe bascular" sobre la intervención "pública y directa" en el sector, mediante la oferta (promoción de viviendas) como único mecanismo capaz de solucionar los problemas actuales.
Asimismo, hace hincapié en el objetivo de elevar aproximadamente el porcentaje de viviendas en alquiler sobre el total de las viviendas construidas hasta la media de los países de la Unión Europea (UE), en torno al 30 por ciento, lo que supondría multiplicar casi por tres el peso que actualmente se registra en España en ese ámbito.