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El PNV pacta el modelo de universidad vasca con una militante de las juventudes de ETA

Los socios de Ibarretxe vuelven a apoyarse en Batasuna para tramitar la Ley de Universidades. El grupo ilegal ha pactado hasta 50 enmiendas con el PNV entre ellas, que los profesores que hablan euskera cobren más y que los presos etarras vuelvan a estudiar en la UPV. Pero además, la negociadora de esta formación es Araitz Zubimendi, militante de las juventudes de ETA , procesada por el TSJPV tras amenazar a un decano de la UPV. Fue también responsable de la quema de la bandera de España junto a Otegi.

(Libertad Digital) Mientras el grupo Socialistas Abertzales no es disuelto en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, su colaboración parlamentaria sigue sacando adelante iniciativas legales patrocinadas por PNV y EA. Pero en este caso, además, la encargada de canjear su apoyo por una avalancha de enmiendas –hasta 50 de forma directa – es bien conocida en la Universidad pública del País Vasco.
 
Según recordó el pasado jueves, en declaraciones a la agencia Europa Press, el portavoz del grupo popular vasco en Educación, Iñaki Ortega, Araitz Zubimendi está procesada por amenazar a un decano de la universidad vasca. En la denuncia, formulada en 2002 por la propia universidad, se detallaba cómo un grupo de radicales irrumpió en una sala donde se estaban celebrando elecciones al claustro para reventar el acto impidiendo a los alumnos que votaran.
 
Para el entorno estudiantil de ETA, este tipo de elecciones se consideran gravemente españolas por lo que la tónica general es reventarlas. Zubimendi, como recuerda Iñaki Ortega en declaraciones a Libertad Digital, acostumbra a expresar su opinión en este tipo de procesos quemando urnas, rompiéndolas, llevándoselas a cuestas o poniendo silicona en la ranura por la que deberían entrar las papeletas. Sabe que la Policía no puede entrar en la Universidad si no es avisada por el Rector, ago que en el País Vasco, sólo se hace si la situación es ya de extrema gravedad como cuando estalló una bomba que iba dirigida a la profesora Edurne Uriarte, presidenta de la Fundación para la Libertad.
 
Francisco Javier Ezquiaga, decano de la facultad de Derecho, trató de impedir que los saboteadores de las elecciones llenaran esta vez las urnas de pintura. Pero la propia Araitz Zubimendi le impidió que se acercara. Entonces el decano llamó a los servicios de seguridad de la Universidad. Zubimendi, señalándole en el pecho dijo que "tomaba nota" y lanzó su amenaza, al más puro estilo mafioso, diciéndole algo así como "te vas a enterar cuando salgas de aquí". Al día siguiente, Ezquiaga recibió una misiva con un claro "Viva ETA", escrito en euskera, que le conminaba a abandonar la universidad.
 
Por poner otro ejemplo, fuera ya de la UPV, a finales de septiembre, la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV interpuso una querella contra Arnaldo Otegi y Araitz Zubimendi (ambos parlamentarios de SA) por una manifestación con el lema "No apartheid" que escondía "la finalidad de convertirse en un acto homenaje a Arkaitz Otazua, miembro de la banda terrorista ETA, que había fallecido el domingo anterior, 14 de septiembre, en el curso de un tiroteo cuando trataba de asesinar a dos agentes de la Ertzaintza en el alto de Herrera (Álava)". Otro episodio: la quema de la bandera de España en San Sebastián, en agosto de 2003. Pese a que Arnaldo Otegi trató de desvincularse, reía y se quejaba del "mal olor" de la bandera al arder. El acto, según Garzón, estaba organizado directamente por el propio Otegi y Zubimendi. 
 
Más sueldo si se habla euskera y vuelta de los presos etarras
 
Con esta representante de un grupo parlamentario ilegal, militante de las juventudes de ETA, es con la que ha pactado el PNV medio centenar de enmiendas a una Ley de Universidades que pretende, entre otras cosas, que los presos etarras puedan volver a estudiar en la UPV en situación de privilegio (aprueban sin exámenes y se les costean desde la matrícula hasta las fotocopias) y que los profesores que hablen euskera cobren más que los que lo hacen en castellano.
 
En cuanto a la primera medida, va directamente en contra de la nueva Ley General de Régimen Penitenciario, reformada precisamente para terminar con los privilegios y que los presos se limiten a estudiar, cuando lo soliciten, en la UNED. La segunda, impedir que se aplique la Ley Orgánica de Universidades. El apoyo legislativo está garantizado y, en cuanto a su ejecución, basta ver los métodos de Zubimendi para suponer que el que ose oponerse recibirá la consabida amenaza.

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