L D (Agencias) El miércoles, Xabier Arzalluz capitaneó a un grupo de manifestantes ante el Palacio de Justicia de Bilbao coincidiendo con la toma de declaración al presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, y a los miembros de la Mesa Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, en relación a la querella por su negativa a disolver al grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna.
En una nota, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) consideró que la actuación de manifestantes ante el Palacio de Justicia produjo el efecto de "deslegitimar al Poder Judicial" ante la opinión pública.
En una nota, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) consideró que la actuación de manifestantes ante el Palacio de Justicia produjo el efecto de "deslegitimar al Poder Judicial" ante la opinión pública.
Fue su "respuesta a la agresión del Estado"
Como respuesta, el PNV ha emitido una nota en la que puntualiza que, sin intención de "polemizar", la concentración fue "pacífica, legal y respetuosa con los órganos judiciales" y que no tuvo ningún ánimo de "presionar" a este tribunal, sino mostrar su "solidaridad con tres personas querelladas injustamente", informa Efe. Por ello, según una nota, "resulta intelectualmente de difícil aceptación que los magistrados del TSJPV se sientan perturbados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales", ya que es "una obviedad recordar que el derecho de reunión pacífica es un derecho constitucional".
Además de la nota, Arzalluz ha protagonizado en Bilbao una rueda de prensa en la que explicó que "si algo necesitaban los querellados era apoyo popular ante un abuso manifiesto". El presidente del PNV precisó que sólo fueron convocados a la concentración los cargos públicos y que el resto de la gente acudió "espontáneamente", para destacar también que "se pidió permiso a la autoridad gubernativa" para celebrar el acto, de modo que "fue legal". Respecto a su protagonismo en el acto al animar a los concentrados a entonar el himno al soldado vasco, el presidente del PNV dijo que fue una "respuesta a la agresión del Estado" y una manera de "enseñar los dientes".
Además de la nota, Arzalluz ha protagonizado en Bilbao una rueda de prensa en la que explicó que "si algo necesitaban los querellados era apoyo popular ante un abuso manifiesto". El presidente del PNV precisó que sólo fueron convocados a la concentración los cargos públicos y que el resto de la gente acudió "espontáneamente", para destacar también que "se pidió permiso a la autoridad gubernativa" para celebrar el acto, de modo que "fue legal". Respecto a su protagonismo en el acto al animar a los concentrados a entonar el himno al soldado vasco, el presidente del PNV dijo que fue una "respuesta a la agresión del Estado" y una manera de "enseñar los dientes".
Olabarría tiene documentos y no los enseña
Arzalluz insistió en que, si el proceso contra Atutxa, Knorr y Bilbao continúa y son condenados, habrá "alarma social, pero gorda" y manifestó que "lo que nosotros no haremos será ni usar la gasolina ni andar amedrentando a nadie, pero hay muchos medios para sacudir a un Estado que obra mal". En la misma rueda de prensa estuvo el parlamentario vasco del PNV y ex vocal del CGPJ, Emilio Olabarria, que señaló que la reforma del Código Penal, promovida por el Gobierno, para castigar la convocatoria de referendos equivale a decir que "queda condenado a cinco años quien se apellide Ibarretxe y se llame Juan José".
Olabarría también desveló que su partido tiene documentos que se los han "entregado jueces", aunque no los mostró, en los que aparece una "operación diseñada desde el CGPJ y el Gobierno para reequilibrar ideológicamente" la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, que es el órgano que debe enjuiciar a los aforados autonómicos.
Olabarría también desveló que su partido tiene documentos que se los han "entregado jueces", aunque no los mostró, en los que aparece una "operación diseñada desde el CGPJ y el Gobierno para reequilibrar ideológicamente" la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, que es el órgano que debe enjuiciar a los aforados autonómicos.