(Libertad Digital) Además, del recurso ante el Tribunal Constitucional, el PSOE ha pedido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emita un informe sobre las dos enmiendas incorporadas por el Senado a la ley orgánica complementaria a la Ley de Arbitraje, que permitirán que el Código Penal recoja como delito la convocatoria ilegal de un referéndum y la financiación de partidos ilegalizados.
Según informó el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, esta petición se ha hecho a través de un escrito dirigido a la Mesa del Congreso en el que se reclama que los grupos políticos dispongan de este informe antes de que el pleno de la Cámara Baja apruebe ambas enmiendas de forma definitiva el próximo jueves, día 18. En conferencia de prensa, Caldera confirmó que su partido presentará el viernes en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por "la violación del derecho a la participación política de los grupos parlamentarios" al no poder presentar enmiendas a las medidas impulsadas por el Gobierno, según informa EFE.
En su escrito, el PSOE considera que esta modificación penal, de "haber sido promovido a través de un proyecto de ley, habría requerido el informe del CGPJ en aplicación de lo dispuesto en la Ley del Poder Judicial". Según Caldera, una vez que las medidas del Gobierno "han entrado por la puerta falsa" en el Parlamento, es preciso que "no se añadan más chapuzas ni despropósitos" y se permita al CGPJ pronunciarse sobre este asunto.
Auguró que la Mesa del Congreso rechazará el escrito, ya que –según Caldera– "el PP va a poner en marcha toda la maquinaria apisonadora" para impedir que prospere, por lo que lamentó que de este modo "se limiten los derechos de los ciudadanos". Un paso más allá ha ido la diputada y miembro de la ejecutiva federal del PSOE, Micaela Navarro, que criticó que el PP haya modificado dos veces en 15 días el Código Penal, "en una ley con nombres y apellidos contra dos posibles iniciativas en el País Vasco".
Navarro calificó de "arbitrario" que se prohíba de esta forma la celebración de un referéndum o que se dé dinero a grupos parlamentarios (como Batasuna-ETA), y más aún que se haga "por la puerta de atrás" a través de una enmienda en la tramitación de la ley de arbitraje. "Hurtan el debate y los filtros necesarios en democracia", aseguró la parlamentaria socialista, que aseguró que la política legislativa del gobierno es "un atentado contra derechos consolidados y garantizados en democracia".
Según informó el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, esta petición se ha hecho a través de un escrito dirigido a la Mesa del Congreso en el que se reclama que los grupos políticos dispongan de este informe antes de que el pleno de la Cámara Baja apruebe ambas enmiendas de forma definitiva el próximo jueves, día 18. En conferencia de prensa, Caldera confirmó que su partido presentará el viernes en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por "la violación del derecho a la participación política de los grupos parlamentarios" al no poder presentar enmiendas a las medidas impulsadas por el Gobierno, según informa EFE.
En su escrito, el PSOE considera que esta modificación penal, de "haber sido promovido a través de un proyecto de ley, habría requerido el informe del CGPJ en aplicación de lo dispuesto en la Ley del Poder Judicial". Según Caldera, una vez que las medidas del Gobierno "han entrado por la puerta falsa" en el Parlamento, es preciso que "no se añadan más chapuzas ni despropósitos" y se permita al CGPJ pronunciarse sobre este asunto.
Auguró que la Mesa del Congreso rechazará el escrito, ya que –según Caldera– "el PP va a poner en marcha toda la maquinaria apisonadora" para impedir que prospere, por lo que lamentó que de este modo "se limiten los derechos de los ciudadanos". Un paso más allá ha ido la diputada y miembro de la ejecutiva federal del PSOE, Micaela Navarro, que criticó que el PP haya modificado dos veces en 15 días el Código Penal, "en una ley con nombres y apellidos contra dos posibles iniciativas en el País Vasco".
Navarro calificó de "arbitrario" que se prohíba de esta forma la celebración de un referéndum o que se dé dinero a grupos parlamentarios (como Batasuna-ETA), y más aún que se haga "por la puerta de atrás" a través de una enmienda en la tramitación de la ley de arbitraje. "Hurtan el debate y los filtros necesarios en democracia", aseguró la parlamentaria socialista, que aseguró que la política legislativa del gobierno es "un atentado contra derechos consolidados y garantizados en democracia".