L D (Agencias) Todavía no se ha formado el Gobierno catalán y ya hay dos elementos del pacto PSC-ERC que, como dijo el presidente del Gobierno, José María Aznar, producen "inquietud". El primero, la financiación autonómica y la agencia tributaria catalana. El segundo –previsible– la exclusión del castellano en la enseñanza y en la administración.
En plena campaña electoral, Libertad Digital detalló cómo los principales partidos –Piqué corrigió antes de la noche electoral– no dejaban lugar al castellano en sus programas. Ni una sola palabra. Sólo Maragall regalaba desde su sitio web un llavero en castellano. Con el gobierno ya en la mano, gracias a Josep Lluís Carod Rovira, el acelerón de la inmersión lingüística es un hecho. No en vano, ERC se ha asegurado las consejerías relativas a la Educación.
Hasta ahora, la exclusión del castellano era una realidad en las escuelas de enseñanza primaria. Todas las asignaturas excepto las que son precisamente el estudio de otras lenguas (inglés, castellano o francés) se imparten en catalán. Lo que han pactado Maragall y Carod es que esto se traslade a la enseñanza secundaria. Desde ERC, según informa la agencia EFE, Joan Puigcercós ha aclarado que esta iniciativa es "algo que CiU había dejado pendiente después de 23 años de gobierno" y que no hay razón para preocuparse, ya que hay, en su opinión, muchas sentencias judiciales que lo avalan.
Según los dirigentes independentistas republicanos con los que ha pactado el PSC, existen datos que reflejan que el uso del catalán como lengua "vehicular" en la enseñanza secundaria "está retrocediendo en numerosos institutos, especialmente del área metropolitana barcelonesa", por lo que consideran que extender la "inmersión" a la etapa secundaria puede frenar este proceso. No responde pues, a una demanda generalizada sino a una presión sobre el castellano.
Boicot a los productos sin etiquetado en catalán
Según los dirigentes independentistas republicanos con los que ha pactado el PSC, existen datos que reflejan que el uso del catalán como lengua "vehicular" en la enseñanza secundaria "está retrocediendo en numerosos institutos, especialmente del área metropolitana barcelonesa", por lo que consideran que extender la "inmersión" a la etapa secundaria puede frenar este proceso. No responde pues, a una demanda generalizada sino a una presión sobre el castellano.
Boicot a los productos sin etiquetado en catalán
Pero el pacto PSC-ERC en materia lingüística no queda ahí. También quieren reformar la Ley de Normalización Lingüística, aprobada en 1996, para que el catalán sea omnipresente en la Administración. El problema llega cuando explican la forma de penalizar los desvíos. Según Puigcercós, se aplicarán fórmulas alternativas a las sanciones para garantizar el cumplimiento de la ley, y la más destacable, según explica, es que "se pasará la responsabilidad al mercado". Es decir, al boicot oficial.
La fórmula es sencilla y así la expone el republicano: "La primera empresa y la primera central de compras del país es la Generalitat". Así que, se fijará como condición preferente para optar por unas u otras marcas las que etiqueten sus productos en lengua catalana. Eso sí, siempre que el producto en cuestión no sea imprescindible. En palabras de Puigcercós "si un grupo económico decide etiquetar también en catalán sus productos, éste tendrá preferencia en las compras que efectúe la Generalitat", lo que no quiere decir, ha matizado, que la Administración deje de adquirir un producto que necesite sólo porque no lo encuentra etiquetado en catalán.
El que incumpla será sancionado pero "haremos lo que no ha hecho nunca CiU, empezaremos por arriba y serán multinacionales como las del sector farmacéutico las primeras en lugar de los pequeños comercios", concluyó Puigcercós.
De la Agencia Tributaria Catalana al "Consejo de las Culturas"
Y en su afán por cambiar las leyes, Maragall y Carod –también Saura– pedirán que el Estado declare "cooficiales" en todo el territorio español las lenguas catalana, vasca y gallega y que sean reconocidas también por las instituciones de la UE. Impulsarán que el catalán pueda ser más estudiado en las universidades de todo el Estado y aumentarán los recursos para que la "nueva inmigración" tenga acceso al aprendizaje del catalán. Por último, una aportación al Gobierno central: que el Ministerio de Cultura sea convertido en un "Consejo de las Culturas".