El lehendakari Ibarretxe, con apoyo del tripartito que gobierna la CAV, ha presentado un plan minuciosamente articulado a la sociedad vasca y al resto de España. Se trata, según nos asegura, de un proyecto de convivencia que puede ser discutido en todos sus puntos por las partes implicadas. Pero también nos hace llegar el mensaje de que dicho plan saldrá adelante pese a quien pese, si el pueblo lo respalda. Tal aprobación deberá culminar en un referéndum realizado “en ausencia de violencia” y con plena libertad política para todas las opciones ideológicas.
Cualquier consideración objetiva del plan revela que parte de un presupuesto radicalmente nacionalista: la existencia de un “pueblo vasco” como entidad política distinta y anterior a la nación española y a su estado de derecho actual. Asimismo, implica la voladura, desde dentro, del vigente estatuto de autonomía, junto a una auténtica revocación de los planteamientos constitucionales. No es fácil imaginar cómo una propuesta tan inequívocamente partidista puede ayudar a la convivencia en una sociedad plural en la que el nacionalismo sabiniano no es sino un proyecto político entre otros. Según parece, el lehendakari llama “convivencia” a la aceptación sumisa por los no nacionalistas del núcleo esencial del nacionalismo.
Pero sobre todo este plan encierra un equívoco perverso, porque su minucioso articulado olvida informarnos sobre qué es y cómo se logrará la ausencia de violencia que permitiría su libre debate por parte de las fuerzas políticas vascas y del resto de la ciudadanía española. ¿Es la ausencia de violencia requisito para que el plan pueda ser debatido, aceptado o rechazado, o más bien es la aceptación del plan el requisito para que acabe la violencia... al menos por ahora? ¿Nos veremos los vascos no nacionalistas y los demás españoles libres de la amenaza terrorista después de haber acatado el plan o acabará la violencia antes para que de veras podamos decidir libremente... incluso en contra de dicho plan? Porque evidentemente en el primero de los supuestos el plan Ibarretxe no es una propuesta democrática sino la enunciación obligatoria del pago de un chantaje político.
Si el lehendakari y quienes le secundan desean realmente la convivencia, deben en primer lugar concentrarse en lograr por todos los medios jurídicos, policiales, políticos y sociales el final del terrorismo, es decir, la derrota de ETA, su abolición y su pleno desarme. A partir de ese momento, debiera abrirse un periodo de normalización política en la sociedad vasca, con plena libertad de expresión de todas las opciones no violentas y la posibilidad del regreso de las personas que se hayan visto obligadas por la intimidación terrorista a abandonar el país. Después será el momento oportuno para que quienes deseen un nuevo marco institucional hagan sus propuestas y traten de persuadir a la ciudadanía de secundarlas.
En las condiciones actuales, hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos vascos (en especial a los ausentes por fuerza de la coacción del terror) y al resto de nuestros conciudadanos españoles, tan implicados como aquellos en la defensa del estado de derecho y la constitución que compartimos, a movilizarse públicamente contra el plan Ibarretxe tal como se nos ofrece hoy. No hay proyecto democrático posible si se aprovecha con ventajismo descarado el chantaje de la violencia.