L D (EFE) Así lo afirma el magistrado en un auto en el que les imputa los delito de pertenencia a banda armada, extorsión y allegamiento de fondos para organización terrorista y decreta su libertad bajo fianza de 18.000 euros, que deberán depositar en un plazo de 72 horas, además de imponerles la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.
En su resolución, Garzón asegura que tanto Gorostidi como Arruti pertenecían en la época de los hechos, en 1991, al aparato de financiación de ETA encargado "de recaudar el denominado impuesto revolucionario exigido a las víctimas, auténtico mecanismo de coacción y extorsión mediante el cual se atienden las necesidades económico-financieras del complejo terrorista".
Según la documentación intervenida a la banda terrorista, en esas fechas "ETA delegó en Herri Batasuna la gestión y cobro de las cantidades correspondientes de dichas extorsiones", tarea de la que se responsabilizaron sucesivamente Felipe San Epifanio, "Pipe"; Jokin Gorostidi, "Haritza"; José María Olarra, "Eneko"; y Rufino Etxeberria.
Además, un documento incautado en 1993 en París al etarra José María Dorronsoro "vuelve a poner de manifiesto la participación de dirigentes de HB en el cobro del impuesto revolucionario al referirse expresamente" a la extorsión realizada, en esa época, a un tal Iloba ("sobrino", en euskera), que según la investigación era el empresario de la construcción Adolfo Sobrino Murias.
El análisis del escrito, según Garzón, permite concluir "que la persona que ha informado a la organización terrorista ETA acerca del asunto Iloba es la misma persona a la que el propio documento se refiere con el nombre clave de Haritza". La frase que aporta esa evidencia es una que dice que "nosotros mencionaremos nuevamente palabra por palabra lo que nos dijo Haritza: los tres kilos que nos debía Iloba estaban pagados".
El juez señala que, "sin embargo, está acreditado que la cantidad por Gorostidi de Adolfo Sobrino para ETA y que efectivamente obtuvo de manos de Arruti, a quien los familiares del empresario extorsionado se la habían entregado (...) fue de 30 millones de pesetas, por lo que éste podría haberse quedado con la suma restante (25 millones)". La entrega del dinero la efectuó un familiar del constructor a Arruti, "encapuchado y en una sola vez, y en el lugar fijado por Jokin Gorostidi".
El auto menciona también que el ex miembro de la Mesa Nacional de HB exigió el pago de la extorsión por parte de Sobrino en una entrevista que mantuvo con otro empresario, Antxon Berasategi, en la sede de la formación abertzale de la calle de Urbieta de San Sebastián. Berasategi fue detenido el pasado jueves por orden de Garzón, y quedó en libertad al día siguiente después de prestar declaración por estos hechos.
El magistrado dice en su resolución que "a pesar del tiempo transcurrido, los hechos no se hallan prescritos y son de gravedad máxima" y afirma que la vinculación de Gorostidi con ETA "le permite actuar, a pesar de los reproches que aparentemente le hacía (el dirigente etarra José Luis Álvarez Santacristina) Txelis, para facilitar los fines de la meritada organización con la entrega de una gran cantidad de dinero (5 millones de pesetas)".
Agrega que, no obstante, los dos imputados "parece que mostraron deslealtad con la organización al hacerse con 25 millones de pesetas, ya que consta acreditada la entrega de 30 millones por las víctimas y sólo la recepción de 5 millones por la organización terrorista ETA, según sus propios documentos".
En su resolución, Garzón asegura que tanto Gorostidi como Arruti pertenecían en la época de los hechos, en 1991, al aparato de financiación de ETA encargado "de recaudar el denominado impuesto revolucionario exigido a las víctimas, auténtico mecanismo de coacción y extorsión mediante el cual se atienden las necesidades económico-financieras del complejo terrorista".
Según la documentación intervenida a la banda terrorista, en esas fechas "ETA delegó en Herri Batasuna la gestión y cobro de las cantidades correspondientes de dichas extorsiones", tarea de la que se responsabilizaron sucesivamente Felipe San Epifanio, "Pipe"; Jokin Gorostidi, "Haritza"; José María Olarra, "Eneko"; y Rufino Etxeberria.
Además, un documento incautado en 1993 en París al etarra José María Dorronsoro "vuelve a poner de manifiesto la participación de dirigentes de HB en el cobro del impuesto revolucionario al referirse expresamente" a la extorsión realizada, en esa época, a un tal Iloba ("sobrino", en euskera), que según la investigación era el empresario de la construcción Adolfo Sobrino Murias.
El análisis del escrito, según Garzón, permite concluir "que la persona que ha informado a la organización terrorista ETA acerca del asunto Iloba es la misma persona a la que el propio documento se refiere con el nombre clave de Haritza". La frase que aporta esa evidencia es una que dice que "nosotros mencionaremos nuevamente palabra por palabra lo que nos dijo Haritza: los tres kilos que nos debía Iloba estaban pagados".
El juez señala que, "sin embargo, está acreditado que la cantidad por Gorostidi de Adolfo Sobrino para ETA y que efectivamente obtuvo de manos de Arruti, a quien los familiares del empresario extorsionado se la habían entregado (...) fue de 30 millones de pesetas, por lo que éste podría haberse quedado con la suma restante (25 millones)". La entrega del dinero la efectuó un familiar del constructor a Arruti, "encapuchado y en una sola vez, y en el lugar fijado por Jokin Gorostidi".
El auto menciona también que el ex miembro de la Mesa Nacional de HB exigió el pago de la extorsión por parte de Sobrino en una entrevista que mantuvo con otro empresario, Antxon Berasategi, en la sede de la formación abertzale de la calle de Urbieta de San Sebastián. Berasategi fue detenido el pasado jueves por orden de Garzón, y quedó en libertad al día siguiente después de prestar declaración por estos hechos.
El magistrado dice en su resolución que "a pesar del tiempo transcurrido, los hechos no se hallan prescritos y son de gravedad máxima" y afirma que la vinculación de Gorostidi con ETA "le permite actuar, a pesar de los reproches que aparentemente le hacía (el dirigente etarra José Luis Álvarez Santacristina) Txelis, para facilitar los fines de la meritada organización con la entrega de una gran cantidad de dinero (5 millones de pesetas)".
Agrega que, no obstante, los dos imputados "parece que mostraron deslealtad con la organización al hacerse con 25 millones de pesetas, ya que consta acreditada la entrega de 30 millones por las víctimas y sólo la recepción de 5 millones por la organización terrorista ETA, según sus propios documentos".