L D (EFE) El tribunal de Apelaciones ha dictaminado que el Gobierno no tiene autoridad para detener a un ciudadano estadounidense en su territorio como enemigo combatiente.
En una decisión adoptada por una mayoría de los jueces que examinaron el caso se indica que la detención de José Padilla no fue autorizada por el Congreso y el Gobierno no puede declararle por tanto "enemigo combatiente".
El Gobierno considera a Padilla como un miembro de la red terrorista Al-Qaeda y lo mantiene encarcelado e incomunicado en una base militar de Carolina del Sur, después de ser detenido el 8 de mayo del 2002 en el aeropuerto O'Hare de Chicago. Los jueces afirman reconocer "la amenaza que supone Al-Qaeda para nuestro país", así como las responsabilidades del presidente y de otros funcionarios relacionados con la seguridad para proteger a la nación.
"Pero la autoridad presidencial no existe en el vacío", recalcan los magistrados, que señalan que el presidente está obligado a compartir con el Congreso las medidas que se adopten en el cumplimiento de esas responsabilidades. Por tanto, el tribunal ordena que Padilla abandone en un plazo de 30 días la custodia militar bajo la que ha estado desde su detención, aunque deja libertad al Gobierno para transferirlo a las autoridades judiciales civiles y que éstas consideren si deben presentar cargos en su contra.
La Administración estadounidense ha alegado que Padilla conspiraba para llevar a cabo atentados en territorio norteamericano y que había recibido recursos y entrenamiento por parte de la organización terrorista Al-Qaeda, por lo que le calificó de "enemigo combatiente". Por su parte, los representantes legales de Padilla han reclamado en diferentes ocasiones que se les permita comunicarse con el hispano y varios jueces han fallado a favor de esta petición en ocasiones anteriores, aunque el Gobierno apeló de inmediato.