L D (EFE) Según la Dirección General de la Policía, la operación desarrollada en Castilla y León, llevada a cabo por agentes de la Brigada Central contra las redes de inmigración ilegal y por agentes de las comisarías de Ávila, Salamanca y Zamora, se ha saldado con el arresto de 41 personas, treinta de ellas por estancia ilegal en España y de nacionalidades rumana, brasileña y nigeriana.
Las once restantes, de nacionalidad española y también rumana, fueron detenidas por delitos relativos a la prostitución, asociación ilícita, detención ilegal, delitos contra los derechos de los extranjeros, falsificación documental y tenencia ilícita de armas. Según la Policía, estos once detenidos integraban una red dedicada a introducir ilegalmente en España a mujeres, a las que explotaban sexualmente en locales de alterne de la zona con todo tipo de coacciones y amenazas a su vida y a su familia.
Mujeres vendidas por 4.000 euros
Las investigaciones comenzaron gracias a la denuncia de dos de las mujeres, captadas mediante engaño en sus países y explotadas en España. Las mujeres eran vendidas al propietario de varios locales de alterne, ubicados en Ávila, Salamanca y Zamora, por 2.000 euros cada una, si bien sus captores, al ver que podían obtener mayores beneficios, aumentaron el precio de venta a 4.000 euros. Los clubes eran propiedad de una sociedad encabezada por un hombre de 52 años, quien se encargaba de retener el dinero que obtenían con el trabajo y entregarlo periódicamente a los demás miembros de la banda o de quedárselo en el caso de las mujeres que él había comprado.
Posteriormente, los agentes encontraron en El Barraco (Ávila) el domicilio de los presuntos delincuentes, que trasladaban mujeres desde Rumanía a España con falsas promesas de trabajo, en labores de cuidado de menores o limpieza y, desde un primer momento, les prohibían cualquier contacto con sus familias. Los integrantes del grupo en España se encargaban de vigilar, controlar, amenazar y pegar a las chicas cuando se negaban a trabajar, según la Policía.
Los compradores de las mujeres eran dueños de los locales "Belle Epoque", en Benavente (Zamora); "Los Charros" en Ávila, o "La Sirena" en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), y eran los verdaderos responsables del tráfico de personas, dado que facilitaban el dinero a los ciudadanos rumanos. Entre los arrestados hay siete ciudadanos españoles, en su mayoría naturales de Salamanca.
Por otra parte, agentes de las Comisarías de Tarragona y Tortosa han desarticulado otra red dedicada a las mismas actividades y han capturado a veinte personas, nueve de los cuales introducían ilegalmente en España mujeres latinoamericanas, que eran prostituidas en el club Migjorn, en Alcanar Playa (Tarragona). Las investigaciones también comenzaron a raíz una denuncia presentada en noviembre por una de las mujeres, quien fue captada en Bolivia, por una persona que le prometió trabajo como camarera y le facilitó los trámites para llegar a España como turista.
Menor prostituida
Al aterrizar en Barcelona, otra persona trasladó a la mujer al club Migjorn, donde fue obligada a prostituirse para saldar la deuda de tres mil euros que, según le comunicaron, había contraído con la organización. Los explotadores retiraban el pasaporte a las mujeres, que debían entregarles íntegramente el dinero obtenido por cada relación –un mínimo de 53 euros– y además debían pagar 50 euros diarios al dueño del club en concepto de alojamiento y manutención.
Dentro del club había al menos una mujer menor de edad, de nacionalidad boliviana, que tenía el pasaporte falsificado. La Policía arrestó a once mujeres de diferentes países latinoamericanos por estancia ilegal y a otras nueve personas (españoles y rumanos en su mayoría) por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los trabajadores, prostitución, asociación ilícita y estancia ilegal.