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Los servicios jurídicos de Aragón consideran inconstitucional declarar el catalán cooficial

Marcelino Iglesias confirmó este lunes su intención de aprobar una Ley de Lenguas que declare el catalán cooficial en Aragón. Según un informe que la comisión jurídica asesora realizó en 2001, "no es posible desde el punto de vista de la adecuación a la constitucionalidad" declarar al catalán cooficial en la comunidad autónoma de Aragón.

(Libertad Digital) El diario ABC prosigue con la publicación de las intenciones lingüísticas del presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias. Este lunes, el periódico de Vocento informaba de que el jefe del Ejecutivo aragonés, planeaba que una nueva ley convierta al catalán en lengua cooficial en Aragón. La justificación para este medida sería una "supuesta presencia" del catalán en las comarcas que limitan con Cataluña.
 
Este martes, ABC cuenta que el ejecutivo aragonés sabe desde 2001 que su intención de declarar al catalán como lengua cooficial no se adecua a la Constitución. Sin embargo, y a pesar de ello, el presidente socialista confirmó su intención de aprobar una Ley de Lenguas propia de las Cortes de Aragón con el fin de declarar al catalán lengua oficial por su presencia en las comarcas limítrofes. La polémica no ha hecho más que empezar y desde asociaciones del sector se protesta porque, explican, es aragonés y no catalán.
 
La iniciativa se remonta a la anterior legislatura, cuando el actual presidente gobernaba en coalición con el PAR. Consultada por el Ejecutivo, la comisión jurídica asesora –según recoge textualmente el diario ABC– informó de que "no es posible, desde el punto de vista de la adecuación a la constitucionalidad, regular mediante una Ley de Cortes de Aragón la oficialidad de unas lenguas distintas al castellano, ni tampoco otorgar mediante esa hipotética ley los efectos propios de la cooficialidad a la utilización de esas lenguas". En definitiva, una ley autonómica que declare al catalán lengua cooficial en Aragón sería inconstitucional.
 
La Comisión Jurídica Asesora es clara y habla de imposibilidad constitucional. El dictamen, al que ha tenido acceso ABC, fue emitido el 30 de enero de 2001 y en él se concluye que "no es posible, desde el punto de vista de la adecuación a la constitucionalidad, regular mediante una Ley de Cortes de Aragón la oficialidad de unas lenguas distintas al castellano, ni tampoco otorgar mediante esa hipotética ley los efectos propios de la cooficialidad a la utilización de esas lenguas".

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