Más de la mitad de los correos electrónicos que circulan en la Unión Europea es "spam"

L D (EFE) La directiva sobre la vida privada y las comunicaciones electrónicas, aprobada en julio de 2002, prohíbe el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas en toda la Unión, salvo en las relaciones ya existentes entre cliente y suministrador.

 

En este sentido, establece que las prospecciones comerciales por correo electrónico sólo están autorizadas con el consentimiento previo del destinatario (sistema opt-in). Valorar los costes que provoca el spam "es un ejercicio difícil, en especial en el caso de los particulares", pero según algunos estudios esta práctica ocasionó a las empresas durante 2002, sólo en pérdidas de productividad, daños por 2.500 millones de euros.

 

Likkanen ha explicado que las medidas que propone se basan en la aplicación efectiva de las normas europeas por los Estados miembros, conseguir nuevas soluciones técnicas, que las empresas pongan en marcha una autorregulación, sensibilizar a los consumidores y la cooperación internacional. El spam compromete las ventajas del correo electrónico y otras comunicaciones electrónicas para la sociedad y la economía, indicó. Está práctica constituye un problema en varios frentes, pues atenta contra la vida privada, engaña a los consumidores y comporta perjuicios para los menores, además de provocar pérdidas de productividad para las empresas.

 

El comisario ha dicho que los países miembros tenían que haber aplicado la directiva sobre la vida privada antes de octubre pasado, pero aún hay Estados que no lo han hecho como Bélgica, Irlanda, Francia y Portugal. Liikanen ha asegurado que la legislación por si sola no puede poner fin al correo electrónico no deseado y ha agregado que si todas las partes implicadas desempeñan el papel que les corresponde, las medidas presentadas hoy "podrán reducir considerablemente el volumen de spam".

 

Las autoridades nacionales encargadas de este tema deben contar con los poderes de investigación y ejecución necesarios para localizar y perseguir a los autores del correo electrónico no deseado. La Comisión también propone que los países miembros y las autoridades competentes evalúen la eficacia de sus sistemas jurídicos para dar curso a las denuncias de los consumidores y en todo caso modificarlas. Por lo que respecta a las empresas del sector, Likkanen ha dicho que pueden desarrollar nuevos software y filtros que reduzcan la proporción de correo no solicitado.