L D (EFE) Juppé, que ha negado reiteradamente toda implicación en los empleos ficticios a favor del RPR en empresas privadas y defendió como "reales" los trabajos en la Alcaldía de París, a finales de los 80 y comienzos de los 90, afrontaba un máximo de cinco años de cárcel, multas e inhabilitación para cargos electos. Sin embargo, el fiscal ha decidido finalmente pedir para él una pena de ocho meses de prisión, que ni siquiera tendría que cumplir si es condenado porque el propio fiscal solicita que no se ejecute la pena.
Los hechos ocurrieron en el Ayuntamiento de París cuando el actual presidente de la República, Jacques Chirac, era alcalde de la capital francesa. Según la acusación, tanto el Ayuntamiento como algunas empresas que buscaban obtener prebendas municipales, contrataron y pagaron los sueldos de varios miembros del RPR, el entonces partido político de Chirac y su "mano derecha", Juppé. Con este sistema, el RPR evitaba pagar los sueldos de empleados que trabajaban exclusivamente para el partido, lo cual fue indicio más que suficiente de delito como para abrir la investigación que ha dado lugar al juicio que se está celebrando actualmente en los tribunales parisinos.
El fiscal advirtió al tribunal de que existe la posibilidad de que la inhabilitación de Juppé sobrevenga "automáticamente" si es condenado por toma ilegal de intereses, pues la ley electoral de 1995 establece que en ese caso el político penado debe se borrado de las listas electorales durante un periodo de cinco años.
Juppé se juega su futuro político en este caso. Uno de sus abogados, Francis Szpiner, precisó que la eventual inhabilitación de su cliente mencionada por el fiscal en virtud de la ley electoral de 1995 sólo se aplicaría si el tribunal decidiese inscribir la condena en los antecedentes judiciales de Juppé.
El fiscal pidió la misma pena que para Juppé para los antiguos tesoreros del RPR, Robert Galley y Jacques Boyon, quienes mantuvieron que ignoraban las prácticas ocultas de su partido. Contra la supuesta intermediaria entre los empresarios y el RPR, Louise-Yvonne Casetta, ex tesorera oculta del RPR, el fiscal solicitó cuatro meses de cárcel sin ejecución de pena y una multa que, al igual que para Juppé, dejó a la apreciación del tribunal. Para el ex "brazo derecho" de Juppé, Patrick Stefanini, el fiscal solicitó tres meses de prisión exentos también de cumplimiento.
Los hechos ocurrieron en el Ayuntamiento de París cuando el actual presidente de la República, Jacques Chirac, era alcalde de la capital francesa. Según la acusación, tanto el Ayuntamiento como algunas empresas que buscaban obtener prebendas municipales, contrataron y pagaron los sueldos de varios miembros del RPR, el entonces partido político de Chirac y su "mano derecha", Juppé. Con este sistema, el RPR evitaba pagar los sueldos de empleados que trabajaban exclusivamente para el partido, lo cual fue indicio más que suficiente de delito como para abrir la investigación que ha dado lugar al juicio que se está celebrando actualmente en los tribunales parisinos.
El fiscal advirtió al tribunal de que existe la posibilidad de que la inhabilitación de Juppé sobrevenga "automáticamente" si es condenado por toma ilegal de intereses, pues la ley electoral de 1995 establece que en ese caso el político penado debe se borrado de las listas electorales durante un periodo de cinco años.
Juppé se juega su futuro político en este caso. Uno de sus abogados, Francis Szpiner, precisó que la eventual inhabilitación de su cliente mencionada por el fiscal en virtud de la ley electoral de 1995 sólo se aplicaría si el tribunal decidiese inscribir la condena en los antecedentes judiciales de Juppé.
El fiscal pidió la misma pena que para Juppé para los antiguos tesoreros del RPR, Robert Galley y Jacques Boyon, quienes mantuvieron que ignoraban las prácticas ocultas de su partido. Contra la supuesta intermediaria entre los empresarios y el RPR, Louise-Yvonne Casetta, ex tesorera oculta del RPR, el fiscal solicitó cuatro meses de cárcel sin ejecución de pena y una multa que, al igual que para Juppé, dejó a la apreciación del tribunal. Para el ex "brazo derecho" de Juppé, Patrick Stefanini, el fiscal solicitó tres meses de prisión exentos también de cumplimiento.