LD (EFE) Al haber dicho expresamente la presidenta del tribunal, Catherine Pierce, que esa condena debe figurar en los antecedentes judiciales de Juppé, se aplica de forma automática la inhabilitación prevista en la ley de financiación de partidos de 1995 y el Código electoral. Adoptada por el Gobierno de Edouard Balladur, del que Juppé formaba parte, la ley de 1995 dispone que una condena por ese tipo de delitos conlleva que el interesado sea borrado de las listas electorales durante cinco años, con la consiguiente inhabilitación.
El código electoral va más lejos y establece que cuando alguien es borrado de las listas electorales por decisión judicial el interesado es inhabilitado "durante un periodo doble del que fue excluido", es decir, diez años. El ex primer ministro y actual alcalde de Burdeos (suroeste de Francia) había anunciado que dejaría la política si era condenado a una pena de inhabilitación, como así ha sido, y que no recurriría la sentencia, algo de lo que se ha retractado. Juppé asistió sin mostrar sus emociones a la lectura de la sentencia y dejó la sala sin hacer declaraciones a la prensa, aunque, según sus abogados, estaba abatido y dentro de unos días "expresará sus sentimientos".
Su abogado, Francis Szpiner, justificó la apelación por la dureza de la sentencia, pues el tribunal fue más allá de lo solicitado en octubre pasado por la Fiscalía, que pidió ocho meses de prisión y una multa contra el presidente de la UPM. "La condena nos parece criticable e injusta. El tribunal ha querido apartar a Juppé de la vida política. Es una decisión de la justicia que quiere ponerse por encima de la política sobre la base de un dossier cuyos elementos son discutibles", criticó Szpiner. La Fiscalía de Nanterre incluso había considerado "injustificada" la inhabilitación de Juppé para cargos electos porque no hubo enriquecimiento de su parte en el escándalo conocido como el de los "empleos ficticios" en la Alcaldía de París.
Juppé ha sido considerado culpable de apoderamiento ilegal de intereses durante su etapa como secretario general del neogaullista RPR (1988-1995) y adjunto de finanzas en el Ayuntamiento de París (1983-1995), cuando Chirac era primer edil de la capital francesa. La justicia reprocha a Juppé haber contratado a siete personas a cargo de las arcas municipales, pero que trabajaban en realidad para el RPR, fundado por Chirac y que es la columna vertebral de la UMP (Unión por un Movimiento Popular). Junto a Juppé, que siempre negó estar al corriente de esa irregularidad, se sentaron en el banquillo otras 25 personas, de las cuales sólo cinco empresarios fueron exculpados. El tribunal dictó penas de 14 meses de prisión sin cumplimiento contra tres antiguos tesoreros del RPR y de siete y once meses contra dos ex responsables administrativos del partido.
El hecho de que Juppé haya apelado la sentencia para intentar lavar su honor le permite mantenerse en activo en la vida política, al menos, el tiempo que tarde en juzgarse de nuevo el caso. Eso no evita la incertidumbre que pesa ahora sobre su futuro político, que ya no pasará evidentemente por una incorporación en el Gobierno barajada de cara a una próxima remodelación, y sobre la estabilidad de la UMP, de la cual Juppé fue el maestro creador y la pieza clave para dar estabilidad a las diferentes sensibilidades.
Aunque Juppé alargue con la apelación su estancia en política, el escenario actual enturbia la renovación del equipo directivo de la UMP, prevista en noviembre próximo, y pone sería trabas a las ambiciones presidenciales de Juppé, protegido y delfín de Chirac, quien le definió hace diez años como "el mejor de nosotros". El jefe del Estado tendrá que activar ahora lo que se ha dado en llamar la operación "TSS" ("todo salvo Sarkozy") para contrarrestar el empuje del ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, quien ha proclamado ya sus ambiciones presidenciales para 2007 y quien podría lanzar un órdago a la presidencia de la UMP en el próximo congreso de noviembre, lo que le abriría una autopista al Elíseo.