L D (EFE) En un auto notificado este lunes, Baltasar Garzón recuerda que la investigación se inició en noviembre de 2001 y que, el 19 de diciembre de ese año, dictó una resolución decretando la ilicitud de las actividades de Gestoras pro Amnistía.
En el auto dictado en esa fecha, Garzón aseguraba que –sobre la base de la documentación y las declaraciones que obran en la causa– "puede afirmarse" que Gestoras desarrollaba la "captación de militantes para la estructura operativa de ETA a través de sus sedes y responsables, aprovechando la sensibilidad que concita la existencia del colectivo de presos de ETA".
La organización también se encargaba, según el juez, de la promoción y coordinación de actividades de "presión social" (terrorismo callejero), del "señalamiento" de potenciales víctimas de ETA y del "control y dirección del colectivo de militantes de ETA internos en centros penitenciarios, asumiendo la función de mantener su cohesión interna y su sostenimiento económico".
Además, decía que, a través de algunos de sus abogados, Gestoras captaba "información trascendente para la seguridad y subsistencia de la estructura operativa de ETA", que obtienen de los procedimientos judiciales abiertos a militantes de la banda, "remitiéndola posteriormente a los responsables de la organización terrorista para que puedan adoptar las medidas pertinentes". Por último, el juez atribuía a Gestoras la "organización, aportación de medios y recursos, convocatoria y ejecución de actos de exaltación de la violencia terrorista y de quienes la practican", y la llamada a "jornadas de lucha" en las que se producen abundantes daños sobre bienes e instalaciones "y coacciones a las personas".
El 5 de febrero de 2002, Garzón decretó la ilicitud de las actividades de Askatasuna, a la que señaló como un "sucedáneo" de Gestoras creado "al amparo de otras siglas, realizar exactamente la misma actividad delictiva (...), pretendiendo con ello quebrantar, en forma fraudulenta, la decisión judicial".
El 29 de octubre de ese mismo año, el juez procesó por un delito de integración o colaboración con organización terrorista a 24 miembros de Gestoras, entre ellos a su máximo responsable, Juan María Olano, en esa fecha preso en Francia y pendiente de ser extraditado a España, y a la abogada Ainhoa Baglietto, a quien la sala de lo penal de la Audiencia "desprocesó" un año más tarde.
A estos procesados se añadieron más tarde, el 17 de octubre de 2003, otros seis -Sabin Juaristi, Iñaki Loizaga, Joseba Iñaki Reta, Ixone Urcelay, Asier Virumbrales y Jean Francois Lefort-, quienes según el auto notificado ese día, eran las personas "que asumían papeles de responsabilidad superior en la nueva organización dependiente del 'frente armado' de ETA", es decir, Askatasuna.