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De Isabel Preysler a un caso de paternidad, la historia de una guerra entre tribunales

Los dos tribunales más importantes de España, el Supremo y el Constitucional, arrastran una historia de choques y descalificaciones que este viernes ha provocado uno de los episodios más escandalosos e insólitos en la historia judicial: uno condena al otro. Son muchas las sentencias que han enfrentado a estas dos instancias. La intimidad de Isabel Preysler, del matrimonio Cortina-Chávarri, o un conflicto de paternidad de un piloto de líneas aéreas, jalonan una historia de luchas que algunos autores califican de puros celos y de falta de sometimiento al Alto Tribunal.

(Libertad Digital) Uno de los casos que despertó más polémica tuvo como protagonista a Isabel Preysler y la prensa del corazón. A grandes rasgos, la historia comenzó el 23 de junio de 1989 cuando una criada de la esposa de Miguel Boyer ofreció a la revista Lecturas detalles sobre su vida privada. "La cara oculta de Isabel Preysler" fue el título del reportaje.
 
EL CASO PREYSLER. El Tribunal Constitucional anuló una sentencia del Tribunal Supremo que redujo la indemnización de diez millones de pesetas fijada por la Audiencia Provincial de Barcelona hasta 25.000, "sin valorar las circunstancias del caso y sin utilizar para determinar la gravedad de la lesión el criterio de la difusión, probada en el proceso, de la revista en la que se publicó el reportaje". La sentencia explicaba que el Supremo valoró la cuantía de la indemnización con base en el carácter "insignificante" de determinadas frases del reportaje como "granos que le salen en la cara,... determinada agenda de piel de cocodrilo,... ropa que posee...", que calificó de "chismes de escasa entidad" y que entendió que no podían considerarse como gravemente atentatorios a la intimidad.

Sin embargo, el TC estimó que "la vulneración del derecho a la intimidad no derivó únicamente del hecho de haberse revelado datos sobre "los granos", "la agenda" y "la ropa" de Isabel Preysler, sino de haber desvelado otros datos de su vida personal y familiar de mucha mayor entidad. Finalmente la condena fue una indemnización  en diez millones de pesetas a Isabel Preysler que debía ser pagada conjuntamente por "Lecturas", su editora, "El Hogar y la Moda", y por A.M.S., mujer que había prestado servicios en el hogar de Isabel Preysler.

La reacción del Tribunal Supremo fue sorprendente. Consideró que el Constitucional "invadió las funciones de la jurisdicción ordinaria de manera contraria, incluso, a las propias normas orgánicas que rigen dicho Tribunal Constitucional" y que los razonamientos eran "inaceptables". Llegó a decir que se "vulnera la legalidad" o que "incurre en culpa con representación o dolo eventual".
 
CASO MARTA CHAVARRI. Se repite la historia. En aquella ocasión los protagonistas eran Alberto Cortina y su entonces esposa Marta Chavarri que aparecieron en un reportaje fotográfico en la revista Diez Minutos durante un safari en Kenia. El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo señaló en una sentencia que el Tribunal Constitucional mantenía una "conducta negligente" y unos "razonamientos inaceptables" al invadir las funciones de la jurisdicción ordinaria en contra de las normas que rigen al TC.

La sentencia del Supermo desestimó el recurso de la editora de la revista contra la condena que le impuso un Juzgado por publicar las fotos. El Supremo dictó este fallo en ejecución de una decisión del Constitucional que anuló una primera sentencia del TS sobre el caso que absolvió a la editora de la revista.
 
CASO PATERNIDAD. EL SUPREMO APELA AL REY. En febrero de 1994 llegó quizá uno de los mayores escándalos en esta historia. El Tribunal Supremo expresó sus quejas por entender que el Tribunal Constitucional había invadido sus competencias al avalar el recurso de amparo presentado por una mujer madre de una niña contra un piloto que se había opuesto a someterse a una prueba de paternidad. Pero las quejas dieron un paso que fue muy criticado por muchos juristas, llegar hasta el Rey y apelar a un papel moderador.
 
La sentencia del Constitucional estableció que los varones deberán someterse a las pruebas de paternidad que ordenen los juzgados en los procesos de filiación -salvo casos excepcionales- porque dichas pruebas no vulneran derecho fundamental alguno.
De esta forma, el Constitucional daba validez a la sentencia de la Audiencia de Madrid y anulaba la dictada por la Sala de lo Civil del Supremo, que había dado la razón al piloto que se negó a someterse a dichas pruebas. Finalmente, ese papel mediador del Rey que ansiaba el Supremo no llegó a producirse.
 
Tan patente es el enfrentamiento, que el 20 de noviembre de 2001, Manuel Jiménez de Parga como presidente del Constitucional y Francisco José Hernando como máximo representante del Supremo, acordaron en su primera reunión crear un grupo de estudio de magistrados para evitar lo que calificaron de "roces" entre ambos tribunales.

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