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Kirchner cede a las presiones y autoriza el incremento de las tarifas del gas y la electricidad

El Gobierno de Argentina ha resuelto un antiguo frente de conflicto con las empresas concesionarias y los organismos multilaterales de crédito y ha autorizado un aumento de las tarifas para grandes usuarios de electricidad y gas. El ajuste formaba parte de las exigencias planteadas por el FMI y G-7 y se produce en medio la complicada negociación del pago de la deuda argentina en manos de acreedores privados.

LD (EFE)  Al confirmar la subida tarifaria, el Ejecutivo que preside Néstor Kirchner destacó que "es adecuada" y "tiene un carácter progresivo", ya que no alcanza a los sectores medios y bajos de la población ni a los pequeños comercios.
 
El incremento, que oscila entre el 15 y el 35 por ciento, es el primero que se aplica tras la devaluación del peso argentino de comienzos de 2002, cuando las tarifas de los servicios públicos quedaron congeladas por decisión del Gobierno.
 
El jefe del gabinete de ministros, Alberto Fernández, dijo que con estos aumentos "se reordena en gran medida" el retraso sobre el que venían advirtiendo las empresas concesionarias, que en su gran mayoría están en manos de capitales extranjeros. "Hemos logrado llevar adelante un plan de incremento tarifario que de ningún modo afecta a los consumidores particulares", dijo en una rueda de prensa Fernández, para luego precisar que "ninguna vivienda va a sufrir aumentos de electricidad ni de gas".
 
En el caso de la luz, el ajuste se aplica desde el comienzo de este mes y abarca a usuarios que consuman más de 10 kilovatios/hora mensuales, como industrias, supermercados, centros de compras y bancos, explicó el secretario de Energía, Daniel Cameron. Añadió que mientras para "los medianos industriales" la subida será de entre el 15 y el 18 por ciento, los "productores y exportadores de materias primas" sufrirán un aumento que va del 30 al 35 por ciento.
 
Sobre el gas, Cameron explicó que el alza comenzará a regir a partir del próximo domingo para los consumos superiores a 9.000 metros cúbicos mensuales, y dijo que la escala "será una réplica" de la utilizada con las tarifas eléctricas. Según el ministro de Planificación, Julio de Vido, los aumentos "deberían ser absorbidos por las empresas" y no trasladarse a los costes de los productos, ya que "en el 90 por ciento de los casos se trata de exportadores".

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